La infraestructura pública digital hoy es un campo de batalla estratégico

Por Tariq Malik, Project Syndicate

WASHINGTON, DC - Antiguamente, las guerras destruían puertos, redes eléctricas y vías férreas. Hoy en día, se centran cada vez más en algo menos visible y mucho más difícil de reemplazar: la infraestructura pública digital (IPD) -plataformas de identidad, sistemas de pago e intercambios de datos- de la que dependen las sociedades modernas.

La guerra en Irán ha puesto de manifiesto esta fragilidad de formas que pocos gobiernos habían previsto. A medida que el conflicto se extendía más allá de los campos de batalla convencionales, la atención se desplazó rápidamente de los activos militares a la infraestructura digital, como los centros de datos, los proveedores de servicios en la nube y las plataformas tecnológicas integradas en las cadenas de suministro globales. Al mismo tiempo, el cierre del estrecho de Ormuz ha puesto en peligro el suministro de aluminio, helio y gas natural licuado -materias primas fundamentales para la fabricación de semiconductores- y, por extensión, la infraestructura en la nube que les permite a los gobiernos prestar servicios públicos esenciales.

Esta vulnerabilidad estructural plantea un interrogante fundamental que los responsables de las políticas apenas están empezando a confrontar: ¿qué significa la soberanía en una era de agitación geopolítica y de concentración del poder digital?

La IPD se sitúa en el centro de ese debate. India, Brasil y Estonia han demostrado lo que sistemas digitales bien diseñados pueden lograr: menor corrupción, mayor inclusión financiera y mejoras drásticas en la prestación de servicios públicos. Sin embargo, ser dueño de la aplicación no es lo mismo que ser dueño de la infraestructura en la que se ejecuta. Los gobiernos que pasan por alto esa distinción se exponen a cuatro riesgos estratégicos.

El primer riesgo es la ilusión de control. Los gobiernos que crean servicios digitales nacionales suelen creer que se han asegurado una capacidad estratégica. De hecho, los sectores que más importan -la computación en la nube, las cadenas de suministro de semiconductores, la infraestructura de modelos de IA y las redes de telecomunicaciones- están concentrados en manos de un número pequeño de empresas privadas, que en su mayoría tienen sede en apenas un puñado de países. Cuando una de esas empresas cambia sus políticas, revisa sus requisitos de cumplimiento o queda sujeta a controles de exportación, las consecuencias pueden ir mucho más allá de lo que cualquier gobierno afectado hubiera previsto.

La disputa entre Anthropic y el gobierno de Estados Unidos es un claro ejemplo de ello. A principios de junio, la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, le ordenó a la empresa que suspendiera el acceso a los usuarios extranjeros a sus dos modelos más avanzados, para levantar algunas de esas restricciones dos semanas más tarde. Los gobiernos de todo el mundo que habían integrado los modelos de Anthropic en sus propios sistemas descubrieron que sus capacidades digitales estaban sujetas a las decisiones que se toman en Washington.

En segundo lugar, el propio éxito puede convertirse en una fuente de fragilidad. La Interfaz Unificada de Pagos de India y Pix, la plataforma de pagos instantáneos de Brasil, actualmente procesan cientos de millones de transacciones por día. Por muy loables que sean estos sistemas, se han integrado tan profundamente en la vida económica cotidiana que una interrupción prolongada supondría algo más que una simple molestia para los usuarios. Alteraría el comercio, retrasaría los pagos de prestaciones sociales y desencadenaría una crisis de gobernanza en cuestión de horas.

Sin duda, se podría argumentar que la eficiencia que generan estos sistemas compensa los riesgos, que se les puede incorporar redundancia y que ningún gobierno desactivaría deliberadamente su propia infraestructura. Pero la cuestión no es si los gobiernos interrumpirían intencionadamente sistemas críticos, sino si las profundas interdependencias tecnológicas pueden provocar interrupciones sin que nadie así lo pretenda.

A medida que estos sistemas se integran cada vez más, es poco probable que los fallos permanezcan aislados. En muchos países, la identidad digital sustenta actualmente la banca, las elecciones, las telecomunicaciones, la administración tributaria y la protección social.

El Gráfico 1 ilustra la rapidez con la que un fallo en la capa de identidad puede propagarse en cascada por los sistemas interconectados. Los errores de autenticación impiden el acceso de las personas a sus cuentas bancarias, lo que provoca interrupciones en los pagos que privan a las familias de transferencias de efectivo vitales y hacen inaccesibles los servicios de telecomunicaciones, la asistencia sanitaria y los servicios públicos que dependen de la verificación de la identidad. Para cuando los ingenieros localizan la falla técnica, la crisis política ya está en marcha. Cuanto más integrado esté el sistema, más actúa un único punto de fallo como detonante.

El tercer riesgo es la concentración del mercado. La economía digital global hoy depende de un número sorprendentemente reducido de proveedores de servicios en la nube, modelos básicos de IA, sistemas operativos, diseñadores de chips y operadores de cables submarinos. Esta concentración ha generado una enorme eficiencia, pero también ha creado vulnerabilidades sistémicas sin precedentes. Una crisis geopolítica, un ciberataque o restricciones regulatorias que afecten tan solo a un puñado de empresas tienen repercusiones en las economías de todo el mundo.

Lamentablemente, muchos gobiernos solo se han dado cuenta de esto a posteriori. Al crear servicios públicos digitales sofisticados y externalizar la infraestructura de la que dependen esos servicios, han digitalizado efectivamente el sector público al mismo tiempo que han deslocalizado su sistema nervioso.

Y luego está el propio estado. Los sistemas de identidad digital y las plataformas de pago hacen algo más que simplemente automatizar la administración pública. Al concentrar la información, la toma de decisiones y la autoridad operativa, redistribuyen el poder en su interior. Sin protecciones legales sólidas y una supervisión independiente, la misma infraestructura que distribuye las prestaciones sociales puede convertirse en un instrumento de exclusión, vigilancia y control político.

La confianza, sin embargo, no puede añadirse a la IPD una vez implementada. Debe integrarse en la arquitectura desde el principio. Los gobiernos que descuidan estos fundamentos no solo ignoran el riesgo, lo generan.

Nada de esto les resta valor a los argumentos a favor de la IPD. Pero para hacer realidad su promesa hace falta una concepción más amplia de lo que implica una transformación digital exitosa. En el aspecto técnico, los gobiernos deben crear sistemas capaces de soportar el fallo de cualquier componente individual mediante la federación, la interoperabilidad, la redundancia y la resiliencia offline.

A nivel institucional, los organismos que regulan la IPD deben ser verdaderamente independientes, transparentes y responsables. Los comités consultivos sin poder de intervención no pueden sustituir a un escrutinio significativo por parte del poder legislativo, la sociedad civil y los auditores externos.

Los acontecimientos geopolíticos de los últimos años han transformado la infraestructura en un ámbito de competencia estratégica, y los sistemas digitales no son una excepción. Creados para prestar servicios públicos, hoy sustentan el poder del estado y la influencia geopolítica.

Al desarrollar la IPD, los gobiernos deben reconocer las dependencias que crean y las vulnerabilidades que las acompañan. Los cimientos digitales del estado ya no son simplemente una cuestión administrativa. Son una cuestión de seguridad nacional y se los debe tratar en consecuencia. Copyright: Project Syndicate, 2026.

Tariq Malik es expresidente de la Autoridad Nacional de Bases de Datos y Registro de Pakistán y exasesor técnico jefe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.