Los demócratas se arrepentirán de haber ayudado a aprobar la Ley Laken Riley

Por Michelle Goldberg, The New York Times.

El ejemplo más patente es la resolución de 2002 que autorizó el uso de la fuerza militar contra Irak, aprobada en plena explosión del patrioterismo grupal que dominó la política estadounidense tras los atentados del 11 de septiembre. Los candidatos demócratas a la presidencia que respaldaron la resolución —John Kerry, Hillary Clinton y Joe Biden— más tarde tuvieron dificultades para tratar de racionalizar unos votos motivados casi con toda seguridad por la conveniencia política y que le dieron su visto bueno a una catástrofe.

Otro episodio vergonzoso fue la Ley de Defensa del Matrimonio de 1996, que le prohibía al gobierno federal reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo. Cuando se aprobó, los demócratas estaban a la defensiva: Bill Clinton había fracasado en su intento de permitir el servicio abierto de los homosexuales en el ejército, los republicanos de Newt Gingrich habían obtenido la mayoría en la Cámara de Representantes en las elecciones de medio mandato de 1994 y parecía que el republicano Bob Dole convertiría el matrimonio homosexual en un tema de debate en las siguientes elecciones. En una declaración de extraño tono pesaroso en la firma, Clinton escribió que la ley no debía “entenderse como una excusa para la discriminación, la violencia o la intimidación contra ninguna persona por motivos de su orientación sexual”. Por desgracia, hizo algo peor, como Clinton reconoció más tarde cuando solicitó su derogación: convirtió la discriminación en ley.

Un proyecto de ley llamado Ley Laken Riley, aprobado por abrumadora mayoría en la Cámara de Representantes y que pronto podría serlo en el Senado, está destinado a ser otra entrada en esta lista de vergüenzas legislativas. Dado que la ira por la inmigración masiva contribuyó a la derrota de los demócratas en noviembre, es perfectamente comprensible que algunos demócratas se inclinen más a la derecha en cuestiones fronterizas. Sin embargo, la Ley Laken Riley es el vehículo equivocado para demostrar su moderación. Este amplio proyecto de ley transformará a tal grado nuestro sistema de inmigración que sus efectos no se detendrán una vez que concluya la presidencia de Donald Trump, arruinarán vidas y pondrán en aprietos a futuras administraciones demócratas. Los demócratas que voten a favor quizá esquiven los ataques de la derecha en las próximas elecciones, pero una vez que se haga evidente su verdadero alcance, tendrán que responder por ello durante años.

El proyecto de ley lleva el nombre de una estudiante de enfermería de Georgia que fue asesinada el año pasado por José Ibarra, un inmigrante de Venezuela que vivía ilegalmente en el país y había sido detenido con anterioridad por delitos como hurto en tiendas y poner en peligro a menores. El caso se convirtió en una causa célebre para la derecha, en parte debido al historial de detenciones de Ibarra. “Cuanto más se salen con la suya y más dejamos libres a estos delincuentes, se envalentonan e intensifican su conducta”, afirmó Mike Collins, el republicano de Georgia que presentó la medida en la Cámara de Representantes.

Si el único objetivo del proyecto de ley fuera ordenar la deportación de inmigrantes condenados por hurtos menores, tendría sentido que muchos demócratas lo apoyaran, para empezar, porque defender los derechos de los ladrones que viven aquí ilegalmente no gana muchos puntos políticos. Pero el proyecto va mucho más allá. Ordena la detención federal sin fianza de inmigrantes que solo sean arrestados por cualquier delito relacionado con el robo, sin que se instruya liberarlos si los cargos se retiran más tarde. (Según Axios, al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas le preocupa que, para tener sitio para los acusados de robo, tenga que liberar a otros delincuentes en custodia, incluidos algunos considerados “amenazas para la seguridad pública”).

El proyecto de ley se aplica a muchos inmigrantes autorizados a estar aquí, incluidos los Dreamers y aquellos con estatus de protección temporal. Además, la legislación no contiene ninguna exención para los menores. Como me explicó Ilya Somin, profesor de Derecho de la Universidad George Mason, la Ley Laken Riley podría obligar a detener de manera indefinida a un menor hijo de solicitantes de asilo detenido por robar una barra de chocolate, incluso si no es culpable.

Otra de las disposiciones de la ley les otorga a los funcionarios estatales un poder inaudito sobre la política de inmigración. Si se aprueba el proyecto de ley, un fiscal general estatal podría presentar una demanda para bloquear todos los visados de personas de “países obstinados” que no acepten deportados en cooperación plena con Estados Unidos, una lista que incluye a China, la India y Rusia. Esta sección de la Ley Laken Riley quizá no importe mucho cuando Trump esté en el cargo; lo más probable es que los fiscales generales republicanos no quieran desafiar al presidente, y no es muy probable que los demócratas exijan medidas más duras contra la inmigración. Pero si alguna vez tenemos otro presidente demócrata, es fácil imaginar demandas de los fiscales estatales más conservadores para bloquear la emisión de visados a personas de China, por ejemplo. La política migratoria se vería sometida a una lucha caótica en los tribunales federales.

Aunque la medida fue aprobada en la Cámara de Representantes por mayoría abrumadora la semana pasada, los demócratas aún podrían bloquearla en el Senado, donde necesita 60 votos para evadir el obstruccionismo parlamentario. Pero parece poco probable que eso ocurra. La semana pasada, solo nueve demócratas del Senado votaron en contra del debate del proyecto en el pleno. Los senadores John Fetterman, de Pensilvania, y Rubén Gallego, de Arizona, son patrocinadores del proyecto, y otros demócratas de estados indecisos han anunciado que votarán a favor. Fetterman les comentó a los periodistas la semana pasada que sus compañeros demócratas habían experimentado un “destello cegador de sentido común”.

Pero que los demócratas no se opongan a este proyecto de ley no es sentido común, sino cobardía. Dadas las lecciones de las últimas elecciones, es sensato que los demócratas desafíen a los grupos de interés proinmigrantes cuando estos grupos hacen peticiones que por política es imposible apoyar, como la abolición del ICE o la despenalización del cruce ilegal de la frontera. Sin embargo, eso es muy diferente de capitular por completo ante la demagogia republicana sin preocuparse por las consecuencias a largo plazo.

Algún día, cuando la opinión pública sobre la inmigración vuelva a cambiar, los demócratas que voten a favor de este proyecto de ley cruel y equivocado tendrán dificultades para justificarlo. Ojalá pudieran ahorrarse y ahorrarnos el problema. c.2025 The New York Times Company.