Menores deportados:
¿cómo están siendo protegidos?

Uno de los rasgos más preocupantes de la crisis migratoria que hemos atestiguado desde hace varios meses en la frontera entre nuestro país y los Estados Unidos de América es la presencia de menores de edad que buscan ingresar al territorio vecino sin la compañía de un adulto.

Como se ha informado ampliamente, el fenómeno obedece al hecho de que el gobierno de Joe Biden decidió “flexibilizar” su política migratoria y anunció que solamente deportaría a quienes intentaran ingresar ilegalmente a Estados Unidos si se trataba de adultos o de familias completas.

En otras palabras, lo que se anunció fue que si los menores de edad llegaban solos del otro lado de la frontera se les brindaría ayuda, es decir, no se les deportaría. Eso provocó una auténtica oleada de menores que ha sumado decenas de miles de casos en los últimos meses.

El problema, sin embargo, no es solamente de los Estados Unidos sino que, de acuerdo con cifras de la Unidad de Política Migratoria del Gobierno de México, está comenzando también a ser nuestro, pues se están multiplicando los casos de menores no acompañados que son deportados a través de la frontera con nuestro país.

Para muestra están las cifras que publicamos en esta edición, relativas al número de niños y adolescentes deportados hacia Coahuila y que, durante los primeros ocho meses de este año, ya rebasó el registrado durante todo el 2020.

Entre enero y agosto, de acuerdo con la citada Unidad, han sido retornados de Estados Unidos a Coahuila 240 menores cuyas edades oscilan entre los 12 y los 17 años. En comparación, durante todo el 2020 se contabilizaron 175 casos. Se trata de la mayor cifra en los últimos cinco años.

La pregunta obligada frente a dicho fenómeno es: ¿cuál es la política de protección integral que nuestro Gobierno está implementando a favor de estos menores de edad?

La respuesta a dicha interrogante tiene que ver, sobre todo, con la forma en la cual se garantiza que estos jóvenes puedan reunirse nuevamente con sus familias, pero también con las acciones preventivas para evitar que la cifra de casos siga escalando.

Los menores de edad deben gozar, por mandato constitucional, de una protección reforzada de sus derechos y por ello tendría que ser una tarea prioritaria de todos los gobiernos el que se implementen todas las acciones necesarias para evitar que sus proyectos de vida se vean truncados.

A quienes ya se encuentran en situación de migrantes deportados debe asegurárseles el retorno a sus hogares o el acceso a uno sustituto en el caso de que carezcan del primero. Pero también es necesario evitar que más menores se ubiquen en esta situación.

Brindar la máxima protección a los niños y adolescentes debe ser una prioridad expresa de nuestros gobiernos y en ese sentido, la cooperación bilateral tendría que operar con eficacia absoluta.