Nos va a costar su desaparición...

La división de poderes en un régimen democrático evita la concentración de los mismos en uno solo. Se trata de principio sine qua non para la existencia de la democracia, es el que permite el funcionamiento de manera equilibrada de las funciones torales del estado, entendido como hecho político por antonomasia, pero de manera separada, libres de intromisiones u obstrucciones intimidatorias.

El ejercicio del poder político federal recae en los tres poderes de la Unión: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, cada uno de ellos investido de atribuciones, competencias y facultades otorgadas a los órganos que los constituyen, para que sean ejercidas en un marco de pleno respeto y AUTONOMÍA. Así ha quedado establecido en nuestra Carta Magna. Y costó, parafraseando a Churchill, “sangre, sudor y lágrimas” que así aconteciera. No obedece esta división ni a caprichos, ni a obcecaciones. Ni se creó para que fuera flor de un día. Nada más hay que leer un poquito aunque sea la historia de nuestro país, de su marco normativo específicamente, para explicarse la dimensión de esta normativa constitucional.

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Gracias, en mucho, a esta división de poderes, la anarquía y el absolutismo político se atemperaron en el México de nuestros días. Todo el siglo XIX fue de ensayos constitucionales, con la Constitución de 1857 se tuvieron avances significativos y con la de 1917, se fue consolidando la paz que trae consigo el imperio de la ley. Una de las características esenciales del derecho es que se trata de una disciplina dinámica, que tiene que avanzar acorde a las necesidades de la realidad de una nación. Y México no es la excepción.

Una de las tareas más sensibles y trascendentales de la división de poderes es establecer una serie pesos y contrapesos al ejercicio de los mismos. En el Estado Mexicano, lamentablemente, el Poder Ejecutivo ha imperado sobre los otros dos, sobre todo del Legislativo, de ahí el fenómeno del presidencialismo, que hemos venido arrastrando desde el siglo pasado. Producto sin duda de la serie de facultades que se le fueron otorgando durante los 70 años de partido hegemónico. Esto fue lo que motivó la creación de los órganos constitucionales autónomos, verbi gratia, el IFE, hoy INE, el INAI, etc.

El hecho pues, de que uno de los poderes de la Unión, como es el caso del Ejecutivo, acumulara más poder del que le corresponde, aunado al descontento público por la actuación sus gobernantes, y también el descrédito en los partidos políticos tradicionales, trajo el arribo a la presidencia de la República, de un hombre que se vendió como el salvador de la patria, mesías, o como usted guste llamarlo, y esto me remite a lo expresado por Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos de Norteamérica: “...una presidencia por elección popular pudiera caer fácilmente en manos de quienes aprovecharan el miedo y la ignorancia para ganar elecciones”, y me parece que eso fue lo que sucedió en nuestro país en 2018. El hartazgo y la ignorancia determinaron el voto que le dio la victoria a López Obrador y a su movimiento. Y no solo le entregaron la presidencia, también la mayoría simple en la Cámara de Diputados. Y hoy se repite el fenómeno, tienen la presidencia y a lo que se ve, la mayoría CALIFICADA en ambas Cámaras. Y eso significa que el destino del país está en sus manos. Ya disponen del Ejecutivo, del Legislativo y van por el Poder Judicial. A los órganos autónomos también se los engulleron. Al INE no le han dado cuello porque no hace falta, hay una alineación casi total a favor del régimen.

Y me centro en el agandalle del Poder Judicial. Empezaré por subrayar que el legislador en estricto sentido no lo concibió para estar vinculado a la política. La misión que le confirió es absolutamente distinta a la del gobierno, y con ello se subraya la independencia de los jueces de las tareas de aquel. Las restricciones a la autonomía del Poder Judicial y el riesgo que implicaría la intromisión de los otros poderes en su ámbito, deriva en la corrupción del principio de la democracia. Con ello se despoja a los jueces de su potestad y se le abre la puerta al populismo. Y eso en palabras llanas, simples, significa, que a la hora de impartir justicia, esta se impartirá a modo, se va al demonio la imparcialidad, que es determinante cuando se dicta una sentencia. Nada más imagine que usted tiene asunto en tribunales, usted es una de las partes ¿cómo se va a sentir? ¿qué garantías tiene de que privará lo establecido en la ley? Se presta a un montón de inequidades y sinvergüenzadas. En lugar de ir para adelante, esta reforma nos lleva hacia atrás. Tomas de Torquemada estaría feliz. Lo que debió haberse reformado en la Constitución es la INJERENCIA DEL PODER EJECUTIVO EN EL NOMBRAMIENTO DE LOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, pero eso ni siquiera se mencionó. Es un despropósito lo que se propone con los requisitos para ser juzgadores. Se ameritan verdaderos juristas, conocedores de la materia a pie juntillas. Es aberrante que sean electos por el pueblo. Un juez no tiene nada que ver con campañas electorales. No es un representante popular, es el encargado de sancionar a quien infrinja lo dispuesto por la ley. Las sentencias que dicta no son para quedar bien con nadie, tienen que ver con el cumplimiento estricto de lo que prescribe la norma jurídica.

Pero todo esto que he expresado y que han expresado otros antes que yo, le importa sorbete a quien envió la Iniciativa. Lo que está más que claro es que el poder Judicial pasa a categoría de ornato. Y que quienes vamos a sufrirlo, y de que manera, somos los mexicanos, incluso quienes comulgan con el hacedor.