NosotrAs: las madres judicializadas

Pareciera que la frase “Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad”, atribuida a Goebbels, la mano derecha y principal constructor de la propaganda de ese famoso periodo histórico, es el lema que esta administración en Coahuila busca repetir.

Asegurar que el índice de feminicidios iba a ser “cero” a las coahuilenses nos está costando la vida.

Todo parece ser una opción para ocultar que tenemos un grave problema de violencias potencialmente feminicidas.

Porque lo único que queda claro es que las medidas precautorias no están garantizando que nuestras ciudadanas sobrevivan a este periodo de “Gobierno de las Mujeres”.

Es imposible que al hablar de este tema no me refleje como sobreviviente de violencia vicaria. Fui la primera en presentar este recurso cuando fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, ante el Juzgado Quinto Familiar de Primera Instancia, durante 2024.

En ese periodo recibí al menos tres medidas precautorias, en las cuales nunca se advirtió al agresor y nunca se cumplieron las 35 horas de detención. Porque, “si no lo encuentran en flagrancia”, entonces puede dormir plácidamente en su cama.

En una de esas ocasiones me tocó llamar a Patrulla Violeta más de 40 veces, sin respuesta. Quienes levantaban los reportes eran policías municipales que no tenían la capacidad de entender la gravedad y la necesidad de atenderlo inmediatamente.

No importa cuántas órdenes de restricción estén presentes, nunca hay una consecuencia palpable.

El día de hoy todo esto se ve reflejado en el caso del multihomicida y feminicida en grado de tentativa, con lesiones gravísimas, de la colonia Espinoza Mireles, pues su expareja es una de las víctimas. Por ello, la saña con la que actuó amerita que los hechos sean calificados bajo estas tipificaciones.

Chad N., estadounidense de 35 años, acabó con la vida de la familia nuclear de su expareja, Litzy, quien se encuentra luchando aún por su vida, con una medida precautoria en la mano.

Porque eso hace este tipo de violencia: acabar con el nexo con la madre y con todo lo que la rodea; erradicarla, cortarla de raíz del retrato familiar.

Mientras tanto, su hijo en común, un pequeñito de tres años, está siendo evaluado por la Procuraduría Para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) para ser entregado de manera provisional a una familia de apoyo.

La violencia vicaria es una violencia familiar y de género que se recrudece después de una separación o divorcio. Usualmente existen actas previas y denuncias o procesos judiciales abiertos que lo van advirtiendo.

Es un conjunto de violencias, pues según cifras de colectivas nacionales, el 80 % de los agresores vicarios son deudores alimentarios, aun cuando no figuren en el registro. En Coahuila, el registro es un proceso tan difícil y costoso que, al día de hoy, solo hay alrededor de 300 personas inscritas.

Tomando en cuenta que el 90 % del Registro Nacional de Deudores corresponde a hombres cisgénero y el 10 % a mujeres y personas no binarias.

Los tristes finales de la violencia vicaria pueden ser el filicidio, asegurándose de que nunca puedas recuperarte como mujer y madre.

El suicidio inducido, pues las víctimas usualmente se encuentran en estado de indefensión aprendida.

La sustracción y manipulación del menor hasta extinguir el papel de la madre en su vida, dejándolos al cuidado de abuelas, tías, novias, esposas y demás cómplices vicarios.

El feminicidio. En muchos casos se les dice a los menores que la madre los abandonó cuando, en realidad, fue asesinada o se les sustrajo de ella, como en este caso.

Así, los hijos siempre se convierten en el chivo expiatorio y en un claro medio de control ante la poca inteligencia emocional de muchos padres que, desde antes de la separación, ya tenían denuncias por violencia y continúan ejerciéndola aun después de la separación de cuerpos.

En Coahuila, las colectivas hemos contabilizado al menos cinco sustracciones públicas de menores por mes, alcanzando el pico más alto durante 2025, con hasta cuatro casos por semana.

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021 muestra que siete de cada diez mujeres mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia en Coahuila.

Hay realidades que nos pegan en la cara, pero, aun así, los recursos legales que permitirían llegar hasta las usuarias del sistema y sus familias no llegan.

El Honorable Congreso de Coahuila de Zaragoza sigue en deuda con las víctimas y sobrevivientes de violencia vicaria.

Si lo vemos cronológicamente:

Desde 2022 ya existían propuestas para esta tipificación en nuestro Congreso.

En 2024 presenté mi demanda, aún sin efecto ni notificación. Durante ese mismo año, la violencia vicaria fue incluida en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, también en la legislación local. Aun así, el Congreso de Coahuila tipificó incorrectamente el tipo penal al sustituir la palabra “mujeres” por “persona”, dejando aún más vulnerables a las víctimas.

En enero de 2026 se trató de hacer una falacia ad populum en el caso de la Dra. Stella por parte de colectivos de padres agresores, del cual su expareja es dirigente y quienes pagan camiones con personas acarreadas desde Torreón para sus marchas, mientras la mayoría niega tener esa capacidad económica.

Como parte de este caso, la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México aclaró que no es posible acusar a una mujer por violencia vicaria e instó, en marzo de 2026, al Congreso coahuilense a aclarar en su Código Penal que se trata de una violencia de género, cuestión que hasta hoy siguen “pensando”, pues aún no figura, dejando así impunes todos los delitos de esta índole.

Durante el mes de abril, algunos integrantes del Congreso Estatal convocaron al esclarecimiento de este asunto a una colectiva nacional, dejando fuera de la discusión a las colectivas locales, quienes brindan el primer apoyo y acompañamiento a las víctimas con los procesos de denuncia necesarios para integrar las pruebas de sus casos.

Pensando una tipificación y los derechos de las mujeres durante cuatro años.

Esta deuda histórica va para todas las que esperamos esos recursos legales que ya están en funcionamiento en otros estados de nuestro país y claramente tipificados como violencias de género, porque no son casos de “violencia familiar agravada”, son casos de “violencia vicaria” no atendida.

No son suicidios, como en el caso de Luisa Fernanda; son años de amenazas y violencia vicaria, con actas constantes sin respuesta de la autoridad, que terminan en feminicidio un mal día.

Es por todas esas mujeres que hicimos público nuestro caso porque “si me hace algo, al menos sepan qué pasó conmigo”.

Esperamos esta tipificación con esperanza, aquellas que, aun precarizadas, pagamos nuestra propia judicialización en procesos que duran años, solo para demostrar nuestra aptitud para maternar y seguir viendo crecer a nuestros hijos en entornos libres de violencia.

Por todas las que recuperaron a sus hijos, como también por las que hoy les cantan feliz cumpleaños ante el vacío.

Por las que murieron esperando la decisión, con cuatro años de retraso, del Congreso de Coahuila, así como por las que sobrevivimos y seguimos luchando para que otras también lo hagan.

¿De qué sirven las leyes sin dientes y la letra muerta?

¿De qué sirven los recursos legales sin actualización y tipificación correcta, como teniendo que convencer de una determinación federal?

¿De qué sirve tener colección de medidas precautorias si no están salvando vidas?