Política y austeridad: ¿imposible conciliarlas?

Una de las frases más conocidas de la actividad pública en México es atribuida al mexiquense Carlos Hank González, y es la que plantea la “necesidad” de que quien pretenda dedicarse a la política debe poseer una fortuna personal. Y es que, de acuerdo con el “profesor” Hank, “un político pobre es un pobre político”.

La frase no solamente sirve para puntualizar el hecho de que la actividad política demanda una cierta “inversión”, sino también para “justificar” la extendida corrupción que en México se ha padecido largamente y que es característica de quienes acceden a puestos gubernamentales.

Y es que, al menos en nuestro País, los “ataques de prosperidad” representan una regla a la que prácticamente nadie escapa. Unos más, otros menos, pero esencialmente no existe político que no resulte “solvente” o, al menos, despliegue un tren de vida imposible de explicar a partir de sus ingresos declarados o de su salario como servidor público.

En todos los casos, hay
que decirlo sin ambigüedades,
la fortuna que los políticos
de este tipo poseen deriva −al menos en parte− de las múltiples caras que tiene la corrupción gubernamental.

El comentario viene a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo a los haberes que los más destacados integrantes de las bancadas partidistas en la Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión, han declarado poseer y que, en no pocos casos, resultan injustificables a partir del salario que perciben en sus cargos.

No hay colores ni siglas en donde no se les encuentre, ni “tentación” en la que no hayan caído: relojes de alta gama, obras de arte, vehículos de lujo, ranchos, terrenos, casas, joyas... tan sólo hace falta nombrar el bien para encontrar un ejemplo entre quienes “nos representan”.

Nadie puede criticarles −ni, mucho menos, impedirles− a nuestros representantes populares el que utilicen su dinero en adquirir bienes materiales de acuerdo a sus necesidades y gustos. Sin embargo, la colección de pertenencias que sus declaraciones patrimoniales exhiben los colocan más bien en la lista de acaudalados individuos y mucho menos en la de “integrantes regulares” de la comunidad.

Las fortunas que varios de ellos han declarado suman decenas de millones de pesos y, en algunos casos, circulan versiones de que no habrían declarado todo su patrimonio sino que una parte relevante de éste se encontraría a nombre de terceras personas, lo que incrementa la sospecha de que éste se habría conseguido de forma ilícita.

Uno de los mecanismos ideados para evitar que se construyan fortunas privadas con el dinero público es el sistema para el seguimiento de la evolución patrimonial de los servidores públicos, mismo que ya se encuentra en la Ley, pero que en los últimos cuatro años se ha mantenido en el olvido.

Y mientras eso siga ocurriendo, seguiremos reseñando casos como el que hoy nos ocupa, sin importar las siglas o colores del partido en el Gobierno.