Cuando no tienes opción: ¿morir o… morir?

El derecho a la libertad de expresión es condición indispensable para el desarrollo de la persona y para la existencia de una sociedad democrática. Así mismo, es la base para el ejercicio de otros derechos. 

Sin embargo, aún existen condiciones de hecho y de derecho que continúan imposibilitando el pleno ejercicio de esta libertad. Es el caso, por ejemplo, de las personas que ejercen la profesión periodística que, en muchos casos, no cuentan con las condiciones necesarias para practicar su labor adecuada y libremente. 

Pensemos, por ejemplo, en los periodistas freelance que ejercen el periodismo independiente. Es una forma de periodismo que va en aumento y que, por la falta de condiciones de trabajo adecuadas, sitúa a las personas que lo ejercen en una condición de mayor vulnerabilidad. No tienen acceso a seguro médico o equipo de trabajo, por ejemplo. Tampoco tienen un contrato que sustente o reconozca una relación laboral con una empresa. Los ejemplos pueden seguir. 

También pensemos en la ausencia, en el derecho positivo tanto a nivel estatal como a nivel federal, de la cláusula de conciencia. Su presencia debería permitir, a las personas que ejercen la labor periodística, desarrollar su labor informativa con apego a su código de ética. Su presencia permitiría proteger a la comunicadora o comunicador social de manera individual y a su vez garantizaría a la sociedad la recepción de información libre y plural. 

Y, más grave aún, pensemos en la violación de sus más básicos derechos humanos, con índices que van rápidamente en aumento en cuanto a agresiones, amenazas, falta de seguridad y daños a su integridad física en un contexto de total impunidad. 

Un claro ejemplo de esta problemática que viven las personas que ejercen la labor periodística –y del que no se habla– es el de las llamadas “zonas de silencio”. Tan desconocido es el tema que seguramente lo primero que se te vino a la mente es aquella zona desértica del centro-norte del País en el Bolsón de Mapimí, cuyo nombre hace alusión al sinfín de mitos que han surgido en torno a ella en virtud de que existe “algo” que impide la transmisión de ondas de radio… pero esa es otra historia. 

La “zona del silencio” de la que hablaremos hoy es aquella donde la libertad de expresión de los que ejercen el periodismo se ve coartada, antes sólo por el crimen organizado. Ahora también por los gobiernos. 

Tomemos como ejemplo la historia de Jaime Guadalupe Posada Domínguez. Jaime era un periodista que en el año 2013 fue brutalmente asesinado tras recibir 18 tiros, en la ciudad de Chihuahua. 38 años de edad, padre de dos hijas y abuelo de un bebé, Jaime había fundado un pequeño sitio de noticias en Internet, en el cual vendía publicad y difundía información sobre fiestas y noticias del día a día. 

Nada se sabe de los motivos de su brutal homicidio. O quizás se sabe demasiado, tanto que los medios de comunicación de Chihuahua prefirieron callar. Ninguna nota abarcó su muerte, en ningún medio de comunicación se plasmó lo ocurrido, y el único reportero que se atrevió a hablar se limitó a comentar afirmando que “todos los medios de Internet que no son respaldados por una empresa con solidez económica, están amenazados por el crimen organizado”. 

Desde ese momento, junto con Jaime, también la libertad de prensa murió en esa zona del estado de Chihuahua. Muchos medios han renunciado a informar sobre el narcotráfico. Incluso, el mismo día del asesinato de Jaime, algunos de ellos anunciaron que dejarían de publicar información sobre el crimen organizado debido a previas amenazas y para proteger a sus trabajadores. 

Este fenómeno se ha ido expandiendo cada vez por más regiones del País, como Tamaulipas, Coahuila y Baja California, por mencionar algunas. Resulta por lo tanto evidente cómo en México aún queda un camino muy largo por delante para poder garantizar plenamente el derecho a la libertad de expresión y es un tema que prioritariamente debe ocupar lugar en la agenda pública. ¿Qué haces cuando no te dan opción? ¿Morir o... morir? 

Urge una solución. 

La autora es investigadora de la Academia IDH

Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos de VANGUARDIA y 
la Academia IDH