Estructuras macrocriminales

Esta semana dos informes internacionales confirman que en México la criminalidad y la impunidad son alentadas desde las más altas esferas del Estado.

Estos reportes ponen en evidencia una realidad negada sistemáticamente por las autoridades mexicanas.
En el caso de Coahuila, la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas, revela cómo durante el gobierno de Humberto Moreira el cartel de los Zetas actuó en el estado mediante el pago de sobornos a autoridades de alto nivel.

De esa forma, la ola de violencia conformada por tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones, habían sido permitidas con la aquiescencia de autoridades del más alto nivel mediante esquemas de macrocriminalidad, es decir, aquellas situaciones de delincuencia de alto impacto que es permitida y alentada por las propias estructuras del Estado.

Por su parte, la Oficina en Washington para América Latina publica un reporte en el que da cuenta de la impunidad sistemática de los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por las fuerzas armadas en el contexto de la estrategia de seguridad. Así, ni las sentencias internacional han revertido este patrón de impunidad alentada por el gobierno mexicano.

Estos informes dan cuenta del momento crítico que vive Mexico: una política de seguridad y combate al narcotrafico que ha resultado inefectiva y que ha intensificado la violencia. Por otra parte, la colusion de autoridades de todos los niveles en esquemas delincuenciales, conformando estructuras macrocriminales en las que los grupos de delienxina organizada y algunas estructuras del Estado se fusionan.

Lo revelado por la Universidad de Texas debe respesentar un punto de inflexión que ponga a prueba la voluntad política de procesar y enjuiciar sin distinción a altas autoridades que hayan sido corrompidas por la delincuencia organizada.

Sin embargo, una Procuraduría acéfala y con una crisis sistémica de funcionalidad, anudado a las determinaciones de la clase política en materia de procuración de justicia y de la ausencia de una política de persecución penal generan dudas sobre la posibilidad de enjuiciar efectivamente a las autoridades involucradas.

Con ello se generan las condiciones para responsabilizar a Mexico ante instancias nacionales como consecuencia de desplegad una política de seguridad militarizada, de favorecer la impunidad en los abusos militares y de permitir la colusion de autoridades locales con el crimen organizado en diversas regiones del país.

Twitter: @hele_simon