Lo que sí queremos ‘las abortistas’

Politicón
/ 25 junio 2020

Desde hace tiempo el movimiento mundial por el aborto voluntario, legal, gratuito y seguro, a través de la llamada Marea Verde, ha infestado a toda América Latina, incluido México. Sin embargo, a la fecha, sólo cuatro países de Latinoamérica y el Caribe han despenalizado el aborto por voluntad de la mujer: Guyana, Cuba, Uruguay y Puerto Rico.

En México la interrupción voluntaria del embarazo es legal desde 2007 únicamente en la Ciudad de México y recientemente en Oaxaca. Actualmente son ocho los estados que mantienen en sus Congresos locales las iniciativas: Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, San Luis Potosí, Quintana Roo y Tlaxcala; todas ellas sin relevantes avances.

Por su parte, la polémica sobre la despenalización del aborto y su legalización sigue siendo interminable, cansada y frustrante. Sobre todo cuando se parte de discursos intolerantes envueltos en argumentos dogmáticos, religiosos y desde posicionamientos de reforzamiento moral.

Sin embargo, más allá de determinar lo correcto, incorrecto, moral o inmoral del aborto, apremia un diálogo objetivo que esclarezca mitos y que adopte figuras contemporáneas que permitan conocer las ventajas que aporta la despenalización y legalización del aborto, frente al grave problema de salud pública y de derechos humanos que representa. Esto requiere dilucidar, en primer lugar, la falacia con la que generalmente se inicia la discusión: la falsa e inexistente rivalidad entre las posturas a favor y en contra.

Quienes estamos “a favor del aborto” realmente no lo estamos en sentido literal. No lo promovemos, lo obligamos y o lo consideramos una experiencia imperdible. De hecho, creemos todo lo contrario. Estamos conscientes de que el aborto es una figura indeseable per se, pues para muchas mujeres es la última opción para evitar algo aún más indeseado. La decisión de interrumpir un embarazo es suficientemente compleja precisamente debido al cúmulo de ideas y estereotipos que enmarcan a la maternidad, aun en pleno siglo 21.

Tener claridad para identificar qué es lo mejor para cada una y llevarlo a cabo es un acto de responsabilidad y valentía. No se está a favor de abortar, como aseguran los grupos provida. Más bien, el discurso está a favor de la libertad y del derecho individual de decidir conforme a sus propias ideas, creencias y convicciones. Así, quienes estamos a favor del derecho a decidir entendemos el proceso biológico de las personas. Compartimos el límite temporal que se ha establecido de manera general para interrumpir un embarazo hasta las 12 semanas de gestación.

Hasta hoy ha sido imposible determinar con exactitud el momento en que inicia la vida humana. Lo que sí ha comprobado la neurobiología es que la corteza cerebral se termina de formar hasta mucho después de la semana 13 de gestación, y que no es sino hasta el tercer trimestre cuando se han formado morfológica y funcionalmente las estructuras necesarias para que existan sensaciones conscientes, incluyendo el dolor.

Ahora bien, la falsa idea de que el derecho penal resuelve todo también ha salido cara. Quienes defendemos el derecho a decidir advertimos que la criminalización no ha erradicado su práctica. Además, con independencia de su restricción legal, la probabilidad de que una mujer se someta a un aborto por un embarazo no deseado es prácticamente la misma, asumiendo los riesgos de cometer un delito y poniendo en peligro su salud y su vida.

Quienes defendemos el derecho a decidir sabemos que un aborto clandestino no necesariamente es inseguro. Sin embargo, su criminalización incrementa prácticas de personal sin conocimientos y sin entrenamientos con mínimos estándares médicos. Además, debido a leyes restrictivas, hemos constatado que el acceso al aborto se ha convertido en un privilegio de clase que afecta particularmente a las mujeres procedentes de contextos de violencia, marginación económica y sin acceso a información.

También hemos confirmado que el aborto con medicamento es un procedimiento seguro y no invasivo reconocido, avalado e inclusive recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para aquellas mujeres que deciden poner fin a un embarazo de máximo 12 semanas de gestación, con una efectividad superior al 80 por ciento.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por desmitificar la interrupción voluntaria del embarazo, inclusive ante la presencia cada vez más latente de colectivas que dan acompañamientos seguros, aunque sea desde el anonimato, la resistencia para garantizar el derecho de las mujeres a decidir a través de la despenalización del aborto sigue siendo imponente.

En Coahuila, la última iniciativa presentada hace un año sigue “siendo analizada”, o sea congelada en el Congreso local. Nuevo León aprobó recientemente reformas a la Ley Estatal de Salud para hacer uso de la objeción de conciencia y negar la práctica de abortos, inclusive los legales. Por ahora parece que la esperanza está depositada en el Congreso Federal para que la instrucción “venga de arriba”, tal y como sucedió con la Norma Oficial México 046 y con las diversas acciones de inconstitucionalidad resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 

La autora es coordinadora de Posgrado del Centro de Educación para los Derechos Humanos de la Academia IDH

Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos de VANGUARDIA y la Academia IDH

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