Michelle Bachelet en Saltillo

El pasado domingo, Michelle Bachelet estuvo en Saltillo en su carácter de Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La razón: tener dos reuniones separadas con familias de personas desaparecidas y el Gobernador de Coahuila, respectivamente, en el marco de su visita a México para acordar con el Gobierno de la República una agenda de trabajo sobre la Guardia Nacional y el caso Ayotzinapa, entre otros temas.

¿Cuál es el significado de esta visita para Coahuila? Más allá de la relevancia internacional de su presencia, por todo lo que implica su trayectoria y posición actual en el contexto de la democracia latinoamericana, me parece que se plantea el reto de poder detonar una mayor cooperación internacional para implementar mejores estándares y prácticas de derechos humanos en una entidad que, durante los últimos años, le ha apostado con sociedad y gobierno a un proceso relevante de agenda de protección sobre temas prioritarios en el Estado mexicano.

Pero también, y sobre todo, la visita (que no es casual) significa un reconocimiento a la sociedad coahuilense en un doble sentido.

En primer lugar, la Alta Comisionada escogió una visita aquí por el trabajo de las familias de personas desaparecidas en Coahuila, primordialmente. Durante los últimos años, los diferentes colectivos de familias en el estado han construido la agenda de trabajo más importante que hoy en día se tiene en una entidad federativa respecto del tema. El modelo de interlocución que existe entre familias y gobierno ha permitido identificar, sistematizar y desarrollar los retos y desafíos que existen en la búsqueda, investigación, identificación forense, atención integral a familiares, armonización legislativa, entre otras cuestiones.

Las familias son las que, en sustitución al Estado mexicano, se han convertido en las buscadoras de sus seres queridos. En esa lucha, son ellas las que han encontrado las principales fosas comunes, los principales indicios de restos óseos en el desierto. Las que han construido una política pública de atención integral para resolver sus principales necesidades que se traducen en violaciones pluriofensivas a sus derechos a la alimentación, salud, trabajo, educación, vivienda, justicia, entre otros. Las que, por supuesto, con su opinión y participación activa elaboran las leyes que requieren para edificar las instituciones que el Estado necesita. Las que, por tanto, se han convertido en peritas, fiscales, legisladoras, forenses y expertas de política pública para exigir justicia, verdad, reparación y no repetición.

Michelle Bachelet fue muy sensible en su encuentro con las familias en Saltillo. No sólo escuchó a las familias como Alta Comisionada, sino también como una persona que fue víctima en su país de estas graves violaciones a sus derechos en el contexto de la dictadura en Chile. Pero también, como presidenta de su país, entendió el dolor de las familias porque ella generó una serie de condiciones para recuperar la paz mediante una justicia transicional.

Bachelet, como médica de profesión, sabe muy bien que las heridas no se curan, no sanan, si al final de cuentas no se cierran ni se cicatrizan. Las injusticias que las familias y que toda una sociedad vive por situaciones graves de desaparición de personas no se cierran hasta que se erradique la impunidad y se logre el camino a la justicia y verdad.

En segundo lugar, la visita de Bachelet implicó también un reconocimiento a la voluntad política que el Gobierno de Coahuila ha imprimido en esta agenda prioritaria de protección de derechos: ninguna entidad federativa lo ha hecho como Coahuila.

Ningún gobernador se reúne de manera periódica con las familias para discutir de frente la agenda. Ningún estado ha logrado leyes, políticas públicas y acciones que, aunque falta mucho por hacer, significan un paso abismal de la inacción en otras partes de la República. Ningún estado ha desarrollado, pues, capacidades de diálogo y acuerdo entre la sociedad civil y las instituciones para atender esta problemática que va más allá de una administración pública estatal.

Sabemos que los modelos de diálogo entre familias y gobierno por si mismos son insuficientes. Pero sí son condición necesaria para tomar en serio los derechos de las personas desaparecidas y, por ende, construir una agenda de trabajo que, con sus retos y desafíos, implique garantías reales y efectivas de justicia.

Por eso también Bachelet saludó el trabajo del gobernador de Coahuila con las familias. La complejidad de nuestro País obliga que estos temas de prioridad nacional no sólo se tengan que trabajar con el Gobierno Federal sino también con los estados, en donde la posición del Gobernador de Coahuila como presidente de Derechos Humanos en la Conago es clave para replicar esta buena práctica en todo México. En la reinstalación del sistema nacional de búsqueda, el Gobierno Federal dejó en claro que los estados se sumen a esta prioridad bajo el liderazgo de Coahuila.

En 2011, integrantes del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desaparición Forzada hizo una visita a Coahuila para presentar su informe en México. En aquella ocasión fue clave para construir el modelo de trabajo que hoy es reconocido a nivel nacional e internacional.

En 2019, Michelle Bachelet visita Coahuila. Espero que ello permita relanzar una mayor cooperación internacional sobre temas que fueron puntos de acuerdos y coincidencias con la Alta Comisionada, para que Coahuila siga apostándole, con su sociedad civil y gobierno, a mejores y mayores estándares y prácticas internacionales que protejan los derechos humanos.

El autor es Director General de la Academia IDH. Este texto es parte del proyecto de Derechos Humanos de VANGUARDIA y la Academia IDH