SEA Coahuila: sin secretario técnico ni voluntad

Tras la renuncia el último de octubre del 2019 del Secretario Técnico del Sistema Anticorrupción en Coahuila (SEA), Manuel Gil Navarro, el cargo ocupado los sigue ocupando de manera internia Mauricio Contreras Montoya, quien fue candidato a ocupar el citado puesto tras la renuncia de Marcela Castañeda, antecesora de Gil Navarro.

Le corresponde al Consejo de Participación Ciudadana (CPC), órgano ciudadano, cuya presidenta encabeza al Comité Coordinador de todo el Sistema, diseñar y lanzar una convocatoria para iniciar el proceso de selección de acuerdo a la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila.

Se dijo, tras el anuncio de la renuncia del Secretario, que sería cuestión de semanas para que estuviera lista la convocatoria, aunque los organismos hemos observado la trocha conformación y el lento andar del Sistema y aún esperamos conocer esas bases.

Al Comité Coordinador, es decir a la mesa conformada por las siete instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción en el Gobierno de nuestro estado, le corresponde recibir una terna del CPC y tomar la decisión respecto a la o el candidato que evalúen como el mejor perfil para el puesto mencionado. 

La demora, para iniciar el proceso podría deberse a las campañas para elegir diputados locales que ya están en marcha y suelen aplazarse todas las designaciones para evitar sospechosismos electorales. Sin embargo, la Secretaría Técnica del SEA es un organismo “independiente del poder político”, más aún, el CPC debe obedecer a una vocación cien por ciento ciudadana, lejana de los procesos partidistas.

De los poco más de 28 millones de pesos autorizados en el 2019 para la operación del SEA en Coahuila, la ciudadanía conocemos poco o ningún resultado, de ellos, nada menos que 22 millones se destinan al pago de sueldos y compensaciones, que en el caso de los cinco integrantes del CPC, rondan por los noventa mil mensuales.

Detrás de este generoso pago se argumentó que serviría para hacer de los cinco consejeros, los ciudadanos incorruptibles y capaces que el Sistema necesita para vigilar el cumplimiento de las instituciones, así como proponer políticas públicas que prevengan la corrupción en la entidad.

Ahora brillan por su parsimonia también las y los diputados que seguramente ocupan sus últimas semanas en terminar todos sus pendientes y entregar al final de la legislatura un mejor estado.

Tampoco ellos, quienes deben vigilar y fiscalizar los recursos entregados por el Estado, han solicitado al Sistema que se mueva para publicar la convocatoria; la única intervención efectiva que tuvo este Congreso en tema anticorrupción el año pasado fue el aumento en los años de experiencia requeridos para aspirantes al CPC, de 5 a diez años en materia anticorrupción.

Menudo favor le han hecho a la sociedad civil organizada que difícilmente alcanza a comprobar que se ha trabajado específicamente en ese tema que es tan reciente en términos técnicos para los profesionales de nuestro estado.

La ciudadanía organizada y participativa seguiremos observando. En cada reunión, plática, taller o conferencia a la que se presenten funcionarios o consejeros, seguiremos preguntando y exigiendo resultados.

Hemos construido redes por todo Coahuila que buscan fortalecer las capacidades de diálogo entre el Gobierno y los ciudadanos. Nuestro llamado desde PC29 es que cada quien que ocupe un cargo haga lo que por ley le corresponde y a lo que moralmente está obligado.

*La autora es consejera Participación Ciudadana 29 Laguna

Twitter: @patavargas

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