Reglas anticonductores ebrios, ¿llegarán pronto?

Opinión
/ 1 abril 2022

Conducir intoxicado es un peligro. Pero para erradicar ese riesgo es necesario que todos estemos de acuerdo en combatir dicha conducta sin distingos ni contemplaciones

El problema que representan las personas que se colocan detrás de un volante a pesar de encontrarse bajo los influjos de alguna droga –lícita o ilícita– nos ha ocupado de forma permanente en las últimas semanas. Uno de los hechos en que se ha traducido esta realidad, es la presentación de una iniciativa en el Congreso de Coahuilan para generar reglas más severas al respecto.

De acuerdo con el reporte que publicamos en esta edición, el Poder Legislativo habrá de estudiar la iniciativa de la diputada local Mayra Valdés y dicho estudio derivaría en la presentación de un dictamen en el curso de los próximos cuatro meses.

Es una buena noticia, en principio, que la natural polarización que caracteriza el trabajo legislativo no haya impedido que la propuesta avance en el proceso de convertirse, eventualmente, en norma. Pero habría que insistir en el hecho de que lo relevante es concentrarse en el fondo y que ello derive en un compromiso por aportar elementos para combatir el fenómeno.

La realidad puntual está a la vista de todos: por un lado, un indeseable número de personas –de todas las edades y estratos sociales– ha normalizado el hecho de conducir aunque haya ingerido una sustancia que altera los sentidos.

Por el otro, las autoridades encargadas de prevenir tal conducta no han hecho lo suficiente para dejar claro que se trata de un acto ilegal y eso ha fomentado que se consolide la idea de que “es normal” hacerlo.

Ambos elementos se combinan para producir el resultado trágico que también está a la vista de todos porque ha sido ampliamente reseñado: un número indeseable de víctimas mortales y personas con secuelas permanentes derivadas de accidentes automovilísticos provocados por conductores intoxicados con alcohol y/o drogas.

Frente a los hechos recientes cualquiera podrá decir –y tendrá razón– que no se requieren cuatro meses para estudiar una iniciativa y dictaminarla. Pero si ese tiempo se utiliza para analizar el tema con seriedad y producir una serie de normas que combatan eficazmente el fenómeno, que así sea.

Porque lo que requerimos son soluciones reales que produzcan resultados en el sentido que todos esperamos: que todo mundo se inhiba de la posibilidad de colocarse detrás de un volante si no se encuentra al 100 por ciento de sus capacidades físicas y cognitivas.

Y en este propósito no importa quién presentó la iniciativa o a qué partido pertenece. No se trata de quién va a colgarse la medalla porque, al menos en este caso, no estamos ante una competencia de virtudes. O, visto desde la orilla opuesta, lo peor que puede ocurrir es que de la discusión y análisis del asunto no surja ninguna estrategia concreta.

Cabría esperar por ello que nuestros representantes populares entiendan que requerimos la conjunción de esfuerzos de su parte, para lograr que en Coahuila se avance de forma efectiva hacia la erradicación del riesgo que representan quienes conducen intoxicados.

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