De acuerdo con información del Gobierno de la República, en nuestro país mueren anualmente más de 24 mil personas en accidentes automovilísticos relacionados con el consumo de alcohol. Estamos hablando de una cifra realmente escandalosa: alrededor de 65 personas al día. Un deceso casi cada 20 minutos.
Hay que decirlo con toda claridad: miles de familias se enlutan cada año en México debido a la imprudencia y la irresponsabilidad de personas que deciden colocarse detrás del volante de un auto luego de haber ingerido bebidas alcohólicas. Se trata de una realidad inaceptable.
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Pero no solamente hablamos de la muerte de miles de personas. Decenas de miles más resultan lesionadas en estos percances y muchas de ellas son condenadas a padecer las secuelas por el resto de sus vidas.
Pero si coincidimos en que tal situación es inaceptable entonces deberíamos combatirla desde todos los frentes posibles. Las instituciones públicas, en primer lugar, tendrían que desplegar acciones de amplio espectro para evitar que tales accidentes ocurran. Porque pueden ser evitados.
En Saltillo, de acuerdo con el reporte que publicamos en nuestra edición impresa de hoy, el gobierno municipal tiene, como una de sus estrategias en este sentido, la imposición de la multa económica más alta a la conducta de manejar en estado de ebriedad “completo”: 21 mil 714 pesos, de acuerdo con el valor actualizado de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Se trata de un monto importante que, en teoría, debería constituirse en un disuasor eficaz y tendría que obligar a toda persona a realizar una sencilla reflexión: es mucho más barato -y seguro- pagar el costo de trasladarse en un auto de alquiler que exponerse al riesgo de una multa de esta magnitud.
Sin embargo, como lo demuestran los reportes que publicamos de forma cotidiana los medios de comunicación, la medida no tiene toda la eficacia que quisiéramos. Los episodios de conductores ebrios siguen siendo frecuentes igual que los accidentes provocados por estos.
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Tal realidad pone en evidencia, de forma clara, que además de la imposición de fuertes multas es necesario imponer otras sanciones. El sometimiento a procesos de rehabilitación obligatorios, la suspensión -temporal o definitiva- de la licencia de conducir y la obligación de realizar trabajo comunitario podrían ser algunas de estas medidas.
Por otra parte, desde luego, resulta imprescindible realizar campañas permanentes de prevención. Porque al final de cuentas, lo deseable no es que se castigue con severidad a quien incurra en una falta, sino evitar que la falta se cometa, sobre todo cuando ello implica la afectación a terceros inocentes.
Multar con elevadas cantidades a quienes deciden conducir un auto en estado de ebriedad es una medida que debe prevalecer, pero es necesario reconocer que las multas, por sí solas, son insuficientes para erradicar a los conductores alcoholizados de nuestras calles.
