Subsidiar combustibles: ¿quién termina pagando?

Opinión
/ 13 mayo 2022
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Para que el Presidente ‘cumpla su palabra’ de no aumentar precio de las gasolinas, los habitantes de los estados debemos sacrificar obras y proyectos

Desde que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador decidió convertir en una prioridad el evitar –a cualquier costo– los “gasolinazos”, dejando incluso de cobrar el Impuesto Especial de Producción y Servicios (IEPS), diversas voces han advertido que probablemente no se trataba de la mejor idea porque implica impactar negativamente la recaudación tributaria.

El Ejecutivo federal, sin embargo, ha defendido la medida señalando que el dinero que dejan de recibir las arcas públicas está siendo “compensado” con los ingresos adicionales que se reciben por la venta de petróleo al exterior.

De esta forma –al menos en teoría– el subsidio a la gasolina y el diesel no implica una disminución en la recaudación y, por otra parte, constituye una medida para contener la inflación, pues de otra forma el alza en los combustibles provocaría un aumento generalizado de precios.

Sin embargo, de acuerdo con lo informado por el administrador Fiscal General de Coahuila, Javier Díaz, la medida sí está impactando en las finanzas locales, porque haber dejado de cobrar el IEPS implica que esa bolsa de recursos, con la cual contaban las administraciones estatales y municipales ha desaparecido, literalmente.

En el caso de nuestra entidad, ha dicho Díaz, “llevamos 42 meses a la baja en lo que nos ha presupuestado la Federación con lo que realmente manda... a la fecha estamos hablando de un impacto de mil millones de pesos de la disminución del IEPS”.

Y es que mientras Coahuila recibía –hasta antes de la actual administración federal– 50 millones de pesos mensuales derivados de la recaudación del IEPS, el pasado mes de abril dicha cantidad llegó a cero, un hecho inédito en los registros fiscales de la entidad.

Esto ocurre porque el Impuesto Especial de Producción y Servicios es uno de los componentes del denominado “Ramo 28”, que son aportaciones federales para estados y municipios, un recurso que, además, es de libre disposición, es decir, no está etiquetado a un destino específico.

En otras palabras, la medida adoptada por el Gobierno de la República no está afectando las finanzas de la Federación porque le ha trasladado la factura a estados y municipios, pues la disminución en las transferencias por IEPS no se compensará con los recursos adicionales que se recaudan por la exportación de petróleo, o al menos no de forma automática.

Cabría esperar en este sentido, como se ha comentado en ocasiones anteriores, que los legisladores federales por Coahuila –diputados y senadores–, de todos los signos políticos, asumieran una posición de defensa de los intereses coahuilenses e integraran un frente común para recuperar los recursos que se le están regateando a nuestra entidad.

Porque no es este el único rubro en el que las transferencias presupuestadas no están siendo entregadas en tiempo y forma y el déficit que acumula Coahuila en los últimos años alcanza ya los 18 mil millones de pesos.

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