Texas ‘extorsiona’, dice
Ebrard. ¿Y eso es todo?

“Nosotros no vamos a estar dispuestos a que un gobernador extorsione a México, eso nunca lo vamos a permitir”. La afirmación corresponde a declaraciones del canciller Marcelo Ebrard al fijar postura sobre los acuerdos suscritos entre el Gobierno de Texas y los de cuatro estados fronterizos mexicanos, entre ellos Coahuila, luego del colapso causado en la frontera por las revisiones impuestas al transporte de carga en Texas.

“Déjame poner esto entre comillas: es el esquema de extorsión, más bien una extorsión. Cierro la frontera y tienes que firmar lo que yo diga. Eso no es un acuerdo, un acuerdo es que tú y yo estemos de acuerdo en algo”, dijo Ebrard en declaraciones a Milenio, en Nuevo León.

Está muy bien que el responsable de la política exterior mexicana se pronuncie de forma enérgica en torno a los acuerdos bilaterales que se vieron obligados a firmar los mandatarios de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas a fin de restaurar la normalidad en los cruces fronterizos con Estados Unidos.

Sin embargo, habría que preguntarse por qué tuvieron que intervenir los gobernadores fronterizos mexicanos para resolver el problema y comprometerse con su homólogo estadounidense a implementar medidas a cambio de que se levantaran las revisiones que provocaron retrasos de hasta 30 horas en el cruce de vehículos de carga en la frontera con Texas.

Como se ha informado, el gobernador Greg Abbott decidió imponer revisiones al 100 por ciento de los vehículos de carga que pasan de México hacia Estados Unidos, a través de Texas, alegando que esa era la única forma de contener la “invasión” de inmigrantes ilegales en su territorio.

El problema, que se prolongó a lo largo de más de una semana, tuvo que ser resuelto por los gobernadores fronterizos porque el Gobierno de la República se desentendió del mismo, como si no le correspondiera o como si fuera un problema derivado de un fenómeno provocado por los gobiernos locales.

Y sí: lo hecho por Greg Abbott bien puede calificarse de “extorsión” –porque forzó a sus homólogos a aceptar sus condiciones– pero nadie acudió en auxilio de los mandatarios fronterizos para ofrecerles alternativas o, al menos, apoyo para implementar los operativos comprometidos.

Los gobiernos estatales también pudieron desentenderse del asunto y decir que no era su responsabilidad garantizar la agilidad del comercio internacional. Al fin y al cabo, los hechos ocurrían en un espacio de jurisdicción federal. Sin embargo, actuaron con responsabilidad porque se trataba de un asunto para el que urgía una solución.

Intervenir en el asunto ofreciendo solamente declaraciones es una posición muy cómoda, cuando lo que debería ocurrir es que la Federación ofrezca recursos –económicos, materiales y humanos– para la realización de los operativos en la frontera, al tiempo que diseñe e implemente una estrategia que contenga el problema de fondo.

Porque mientras esto último no ocurra, la situación seguirá deteriorándose y sólo es cuestión de tiempo para llegue la siguiente “extorsión”.