Un hecho grave, el ‘portazo’ de ayer en Palacio Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador no había concluido su conferencia matutina de ayer cuando un grupo de manifestantes, identificado con el movimiento de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos hace casi una década, derribó una de las puertas de Palacio Nacional utilizando como ariete una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El hecho, al margen de las motivaciones detrás, es en sí mismo muy grave, pues se trata de un ataque material en contra del edificio que representa el centro del poder público en nuestro país. Múltiples ocasiones en el pasado grupos radicales han tenido la tentación de atacar el inmueble, pero nunca antes había pasado lo de ayer.

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Lo ocurrido, debe decirse sin ambigüedades, es reprobable incluso si, como en este caso, se persigue una causa justa como es la localización de un grupo de jóvenes cuyo único error fue estar en el lugar y el momento equivocados y ello les llevó a perder la vida. La violencia no puede ser el camino para lograr la verdad y con ello la justicia.

La reacción del presidente López Obrador en este caso ha sido, en principio, correcta: asegurar que su Gobierno se abstendrá de responder con el uso de la fuerza al violento ataque perpetrado contra el emblemático edificio que, en este sexenio, es también la morada del mandatario.

Sin embargo, caracterizar el hecho como un acto de manipulación por parte de individuos y grupos “conservadores”, para diluir la responsabilidad legal de los perpetradores materiales del acto, podría ser una pendiente resbaladiza por la cual se llegue a un destino aún peor.

Fue correcto que, en el momento, se evitara un despliegue de fuerza que pudo acarrear consecuencias peores, pues muy probablemente la acción habría degenerado en un enfrentamiento y una escalada de la violencia. Pero no estamos ante un acto trivial, sino ante uno de graves implicaciones.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha informado del inicio de una carpeta de investigación ante lo ocurrido y la Secretaría de Gobernación (Segob) difundió un comunicado en el que afirma que el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina Padilla, se puso en contacto con las familias de los desaparecidos, quienes reiteraron su exigencia de reunirse con el titular del Ejecutivo Federal.

El Gobierno de la República debe mantener abierto el diálogo y ofrecer todas las garantías para que avance y concluya la investigación del caso, sin duda. Pero también debe dejar claro que actos como el de este miércoles no pueden ser tolerados y, mucho menos, trivializados.

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No se trata, desde luego, de actuar de forma desproporcionada y usar el poder del Estado para imponer castigos desmedidos por lo ocurrido. Pero tampoco puede cerrarse el asunto, como dijo ayer el Presidente, afirmando que “se va a reparar la puerta y no pasa nada”.

Hay que atender las causas de la tensión con aplomo y serenidad, pero también hay que dejar claras las fronteras que no es permisible cruzar.