Vacunar niños: ¿por qué
tienen que ampararse?
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La Federación para la Defensa de Escuelas Particulares (FEDEP) ha lanzado una iniciativa para que los padres de familia interpongan un amparo que obligue a las autoridades de salud del país a vacunar a sus hijos, de entre cinco y 15 años, contra la COVID-19 dado que hasta ahora no se les contemplado en la estrategia del Gobierno de la República.
Como se ha informado de forma amplia, aunque los menores de edad tienen bajas probabilidades de desarrollar síntomas graves de la enfermedad provocada por el Coronavirus SARS-CoV-2, sí pueden contagiarse y transmitir el patógeno a otras personas.
Y como sabe cualquier que sea padre de familia, el mejor lugar para que un niño se contagie de cualquier enfermedad es la escuela, pues la dinámica de los infantes vuelve imposible que se sujeten a los protocolos de distanciamiento y ausencia de contacto a que obliga la pandemia.
Es entendible por ello, que toda madre o padre considere necesario que sus hijos sean vacunados, de forma que puedan acudir a sus actividades escolares sin preocupaciones.
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ha dicho que en México no se contempla aún la vacunación de menores de 15 años, fundamentalmente porque la Organización Mundial de la Salud no ha recomendado que se les incluya en el proceso de inmunización. Sin embargo, la OMS actualizó sus recomendaciones en enero pasado e incluyó a los menores de 12 años entre los grupos que deben considerarse para el proceso de vacunación.
Por otro lado, múltiples países del mundo han decidido vacunar a los menores de edad, incluso desde los dos años como ocurre en el caso de Cuba. Y no son solamente los “países ricos” los que lo están haciendo, sino también múltiples naciones comparables con México, tales como Chile, Uruguay, Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana o Brasil.
En México se ha dicho también que los países que han tomado esta decisión es porque “tienen un exceso de vacunas” pero aquí, de acuerdo con cifras al día de ayer, tendríamos al menos 24 millones de dosis que no han sido aplicadas y que bien podrían usarse para inocular menores.
En el último de los casos, habría que comprar más vacunas para garantizar que todas las personas, incluidos menores de edad, reciban el inmunizante.
Lo que no parece deseable, desde ningún punto de vista, es que los padres de familia se vean forzados a recurrir a la protección de la justicia federal para lograr que sus hijos reciban la vacuna. Y no es deseable, entre otras cosas, porque eso abriría una brecha entre quienes sí tienen los recursos -o la red de soporte- para tramitar un amparo y quienes carecen de ella.
Valdrá la pena por eso que, ante la posibilidad de que cientos -o miles- de niños comiencen a ser vacunados por órdenes de un juez, el Gobierno de la República revise sus políticas y diseñe una estrategia para que la vacunación se realice de forma universal y no solo a quienes se amparen.
