Para garantizar estos derechos, se dispondrá de un presupuesto anual adecuado y progresivo que no podrá reducirse respecto al ejercicio fiscal anterior
El dictamen estableció que su otorgamiento debe llevarse a la Constitución para que no dependa “del vaivén de los intereses políticos transitorios de personas y grupos, y para otorgarle estabilidad y proyección de futuro”