Jóvenes Construyendo el Futuro será elevado a rango constitucional
El dictamen estableció que su otorgamiento debe llevarse a la Constitución para que no dependa “del vaivén de los intereses políticos transitorios de personas y grupos, y para otorgarle estabilidad y proyección de futuro”
Ciudad de México. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que eleva a rango constitucional los beneficios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, para que las personas de entre 18 y 29 años que no tienen empleo ni están cursando algún nivel educativo reciban durante un año un apoyo mensual de al menos un salario mínimo.
La única modificación al documento –que fue aprobado por 38 votos a favor y solo una abstención— fue producto de una reserva presentada por Morena, para que la edad de los beneficiarios se escribiera con letras y no con números. Esto es, en vez de definir la edad “de 18 a 29 años”, se cambió a “de dieciocho a veintinueve años”.
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De acuerdo con la comisión, el propósito de adicionar un segundo párrafo al artículo 123 de la Constitución, es que los jóvenes beneficiarios de este apoyo “se capaciten para el trabajo por un periodo de hasta 12 meses en negocios, empresas, talleres, tiendas y demás unidades económicas, en los términos que fije la ley.”
El dictamen avalado esta noche por todos los grupos parlamentarios, resaltó que, aunque las personas de ese rango de edad representan casi 20 por ciento de la población nacional, no han recibido atención suficiente por parte de los gobiernos anteriores, como –afirmó- se demuestra con datos de la Organización para la Coordinación y el Desarrollo Económico, respecto de que en el periodo 2006-2012 México fue el tercer país a escala mundial con más jóvenes desempleados y sin educación.
“La culpa y la responsabilidad del Estado por la precaria situación de los jóvenes se trasladó a estos, a quienes despectivamente se etiquetó como ninis (ni estudian, ni trabajan) no obstante que el propio Estado tenía -como tiene- la obligación de prestar y hacer factible la educación pública y crear las condiciones necesarias para realizar el derecho de las personas al trabajo”, subrayó el documento aprobad
Las consecuencias de ello “se hicieron patentes en la ruptura del tejido social, el desempleo y la crisis de violencia e inseguridad. Los jóvenes sin oportunidades de acceso a la educación, ni al trabajo, se han situado en estados emocionales inconvenientes, de exclusión social, relaciones familiares conflictivas, búsqueda de ocupaciones lícitas e ilícitas y que se han enfrentado a muchas barreras para obtener satisfactores de vida diversos, lo que trasciende de lo individual a lo social”.
Luego de recalcar que el apoyo económico a los jóvenes no es “una prebenda o beneficio clientelar”, el dictamen estableció que su otorgamiento debe llevarse a la Constitución para que no dependa “del vaivén de los intereses políticos transitorios de personas y grupos, y para otorgarle estabilidad y proyección de futuro”.
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Durante el debate en la comisión, legisladores de todos los partidos se manifestaron en favor de la iniciativa presidencial, aunque el PAN, a través del diputado René Figueroa Reyes, presentó una reserva –finalmente desechada-- por considerar que la entrega del apoyo económico sólo a jóvenes sin acceso al empleo o la educación es “discriminatorio”, por lo que pidió que fuera de aplicación universal, esto es para todas las personas en este rango de edad.
La única reserva aprobada fue propuesta por el diputado morenista Oscar Cantón Zetina, quien pidió incluir de forma escrita, y no con número, las cifras 18 y 29.
Con información de La Jornada
