Mediante una votación “a mano alzada”, en un evento público y sin mayores formalidades, el presidente Andrés Manuel López Obrador puso fin ayer al proyecto del metrobús que se construiría en las ciudades duranguenses de Lerdo y Gómez Palacio y que conectaría a dichas poblaciones con Torreón, en el lado coahuilense de la Región Laguna.

La decisión será seguramente defendida en adelante por el mandatario nacional como un ejercicio de “democracia directa” y como una muestra de que el “cambio de régimen” que él asegura ha ocurrido en México, implica escuchar a la gente y “obedecer” su mandato.

En términos estrictos, nadie tendría por qué extrañarse de que ayer haya ocurrido la cancelación de facto del metrobús duranguense, pues era una obra que implicaba la inversión de apenas 450 millones de pesos. Una bagatela si se compara con la cancelación del aeropuerto de Texcoco.

Incluso habrá quien defienda la decisión aludiendo al argumento preferido de estos tiempos: se trataba de un proyecto manchado por la corrupción en el que algunos pocos ganarían mucho dinero.

Al respecto, sin embargo, vale la pena puntualizar algunas cosas:

La primera es que, si las obras o las adquisiciones que implicaban la realización del citado proyecto efectivamente implicaron actos de corrupción, lo que corresponde no es cancelar la obra, sino los contratos respectivos y perseguir penalmente a quien haya violado la ley.

La segunda es que, a diferencia del aeropuerto de Texcoco, cancelar la modernización de los sistemas de transporte público afecta de manera directa a la mayor parte de la población, pues se condena a los más pobres a seguir dependiendo de un sistema obsoleto, caro e ineficiente en torno del cual, sí existen múltiples evidencias de manejos irregulares.

Finalmente habría que expresar preocupación por la fórmula cuyo uso está siendo alentado con estas actitudes: a este paso, bastará que cualquiera grite “corrupción” en un acto público para que cualquier proyecto se cancele y eso implica demoler la certidumbre en la inversión.

No es menos importante señalar el hecho de que la cancelación se da en una entidad en la cual el gobierno estatal surgió de un partido distinto al del Presidente y eso obliga a cuestionar si su actitud habría sido la misma si los gritos de inconformidad se hubieran registrado en Veracruz, Morelos, Chiapas o la Ciudad de México.

En términos del arreglo democrático, la decisión tomada por el presidente López Obrador en Durango no puede considerarse un buen mensaje, ni un ejercicio deseable del poder, sino exactamente lo contrario. Y la afirmación cobra mayor fuerza cuando se tiene en cuenta que el presupuesto del proyecto fue previamente aprobado por el Gobierno de la República que él encabeza.

La democracia directa es una de las aristas más nobles de nuestro arreglo social, pero esto sólo es cierto a condición de que ésta se recree a partir de ciertas condiciones y cumpliendo determinadas reglas, algo que está muy lejos de lo que atestiguamos ayer en Durango.

Habría que expresar preocupación por la fórmula cuyo uso está siendo alentado con estas actitudes: a este paso, bastará que cualquiera grite “corrupción” en un acto público para que cualquier proyecto se cancele.