“Quien actuó en el 2011 fue la narcopolítica (narco-política) y es evidente en un hecho de esta naturalezadeclaró categóricamente Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y añade una frase solemne e impersonal que cualquiera la diría–. Se tienen que erradicar estas prácticas para que la autoridad realmente represente a los ciudadanos”. Todo esto en la ceremonia –varias veces pospuesta, quién sabe por qué– de disculpa pública de un estado que no era el responsable de las estériles disculpas en el 2011.

Alejandro Encinas añade una “promesa de reparación” ¿de qué? ¿De la masacre y pérdida de la vida de 27 víctimas reconocidas oficialmente y las 300 según estimaciones no oficiales? ¿Puede alguien repararle la vida a una víctima asesinada? La promesa que hace Alejandro Encinas es meramente ritual y retórica: “La ‘reparación’ implica fundamentalmente justicia y castigo a los responsables”. “Y conténtense con eso”, debió haber añadido.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, complementa esa frase ambigua y estéril (un simple lugar común) de Encinas para aliviar la tragedia y reconstruir el orden social, con una disertación teórica –la ceremonia de carácter político, no daba para más– de frases y lugares comunes que cualquier ciudadano conoce y lamenta por su inefectiva ejecución: “para que no se repitan hechos como la masacre de Allende –y en honor de la verdad histórica debió añadir: “las masacres de Acteal”, “de Tlatelolco”, de “Aguas Blancas”… y de los cientos de periodistas asesinados– es necesario investigar a‘todos los niveles de gobierno, de arriba abajo, hasta encontrar a los culpables”.

Obviamente este es un discurso tan retórico como político que intenta construir una imagen reformada del actual gobierno y tranquilizar a los familiares de las víctimas, a los ciudadanos del Estado y del País, ya que se llevaría unas décadas y un billonada de recursos económicos para investigar y procesar judicialmente a “todos los niveles de gobierno, aunque fueran los presuntamente involucrados”.

Sin embargo, aunque veladamente, señalan una causa estructural en la raíz del sistema político: la interacción, la coalición y la complicidad de los políticos y los narcos. Este subsistema cancerígeno y corruptor ha enfermado al Estado no sólo multiplicando las masacres sino la inseguridad de la vida.

Espero que la paisana Olga Sánchez Cordero tenga el propósito de desvincular a los narcos y a los políticos conyugados por una codicia inimaginable que los convierte en socios del juego de ganar-ganar, en lugar del juego de “todos pierden”, en el que estamos jugando todos los ciudadanos.

La ceremonia de disculpa pública de las autoridades fue una ceremonia luctuosa, un funeral cívico retrasado durante 8 años, que puede consolar a los deudos con las palabras acostumbradas en un pésame: “te acompaño en tus sentimientos”, “me duele la pérdida que estás sufriendo”.

El “pésame” ayuda un poco si se da en los días cercanos, pero darlo 8 años después no sirve para nada a las víctimas, excepto para revivirles la angustia y la tragedia latente en su corazón.

El castigo de unos cuantos victimarios culpables no alivia la tragedia. Lo que puede empezar a aliviar la incertidumbre y las tragedias cotidianas que sufren los ciudadanos es la desvinculación del binomio político-narco y la regeneración del sistema judicial.