Gobierno de Trump hace negocio con la detención de niños migrantes al privatizarla

En un día reciente en una iglesia remodelada de ladrillo en el Valle de Río Grande, un cuidador intentó calmar a un niño pequeño ofreciéndole un vaso infantil. El adulto no sabía prácticamente nada del niño de tres años, que parecía balbucear unas pocas palabras en portugués. El personal del refugio intentó con desesperación encontrar a su familia, llamando al consulado brasileño y buscando en Facebook.

Cerca, varios bebés eran paseados en coche por el edificio, manejados por empleadas con camisas de color azul brillante con las letras “CHS”, siglas de Comprehensive Health Services, Inc., una compañía privada con fines de lucro contratada por el gobierno estadounidense para retener a algunos de los niños inmigrantes más pequeños.

Alojar a niños inmigrantes se convirtió en un negocio floreciente para el contratista del gobierno, con sede en Florida. Ese día había más de 50 bebés, niños pequeños y adolescentes en este refugio limpio y bien iluminado, rodeado de cercas de alambre.

Una investigación conjunta de The Associated Press y FRONTLINE determinó que el gobierno de Trump empezó a derivar parte de los cuidados a niños inmigrantes, pasando de organizaciones sin fines de lucro y en su mayoría religiosas a contratistas privados con fines de lucro.

Por ahora, la única empresa privada que se ocupa de los niños inmigrantes es CHS, propiedad del contratista Caliburn Internacional Corp. En junio, CHS tenía a su cuidado a más del 20% de los menores inmigrantes bajo custodia del gobierno. Y aunque el número de menores bajó, el financiamiento federal a la compañía por su trabajo ha seguido llegando. Eso se debe en parte a que CHS mantiene un gran centro en Florida con 2,000 trabajadores a pesar de que los últimos niños se fueron en agosto.

Funcionarios del gobierno indican que CHS mantiene el centro de Florida en reserva y que están centrados en la calidad de los cuidados que prestan los contratistas, no en quién obtiene beneficios por ese trabajo.

“No es algo que me parezca un problema a nivel moral”, dijo Jonathan Hayes, director de la Oficina de Reubicación de Refugiados, dependiente del Departamento de la Oficina de Salud y Recursos Humanos. “No les pagamos más solo porque tengan ánimo de lucro”.

El exjefe de despacho de la Casa Blanca John Kelly entró esta primavera en la junta directiva de Caliburn tras renunciar a su cargo. Kelly, que llevaba décadas trabajando para el gobierno, se sumó al gobierno de Trump como Secretario de Seguridad Nacional, un puesto en el que respaldó la idea de separar a los niños de sus padres en la frontera alegando que disuadiría a la gente de inmigrar o buscar asilo en Estados Unidos.

Los críticos dicen que esto implica que ahora Kelly puede beneficiarse económicamente de una política que ayudó a instaurar.

El jefe de policía de Houston, Art Acevedo, dijo que el general retirado le dijo de primera mano que creía que instaurar una política de “tolerancia cero” serviría como disuasorio.

“¿Cuál es la motivación real, la disuasión o el dólar?”, dijo Acevedo, que el 14 de agosto de 2019 firmó una carta junto con docenas de responsables de las fuerzas de seguridad pidiendo a Trump que minimizara la detención de menores. “Yo me lo preguntaría si está recibiendo un dólar por esa asociación”.

Kelly no respondió a peticiones de comentarios. Pero en un comunicado, el presidente de Caliburn, Jim Van Dusen, indicó: “Con cuatro décadas en puestos de liderazgo militar y humanitario, una profunda comprensión de los asuntos internacionales y conocimiento de los actuales motores económicos en todo el mundo, el general Kelly es una sólida incorporación estratégica a nuestro equipo”.

Tras dejar su puesto en el gobierno, Kelly fue muy criticado este año por activistas que le vieron en un carrito de golf en Homestead. El centro se cerró al menos de forma temporal en agosto después de que multitud de legisladores dijeran que recluir tantos niños en un único lugar era abusivo.

Entre tanto, CHS conseguía más trabajo alojando a niños inmigrantes.

Hoy gestiona seis albergues, incluidos tres para niños pequeños que pueden alojar a bebés, en el Valle del Río Grande. La compañía indicó que tiene previsto abrir otro centro con 500 plazas en El Paso.

Melissa Aguilar, directora ejecutiva del programa de refugios de CHS, dijo que no están separando niños, sino cuidando niños.

“Lo hacemos lo mejor que podemos”, dijo “Los niños están prestados. Para nuestro propósito están en préstamo, ¿de acuerdo? De modo que muchas veces cuando algo está en préstamo, lo cuidas mejor de lo que cuidarías algo que es tuyo”.

En total, en los últimos dos años el gobierno federal gastó un récord de 3,500 millones de dólares en la atención a menores inmigrantes para gestionar sus refugios a través de contratos y donaciones.

En ese tiempo, CHS entró con rapidez en el negocio de cuidar a niños inmigrantes, según un análisis de datos federales realizado por AP. En 2015, la empresa recibió 1.3 millones de dólares en contratos por alojar a niños inmigrantes, mientras que en lo que va de este año ingresó casi 300 millones de dólares en contratos por ocuparse de niños inmigrantes, según datos disponibles de forma pública. La empresa también gestiona algunos refugios con subvenciones del gobierno.

Por ahora, en este año fiscal, la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés) financió a 46 organizaciones que gestionan más de 165 refugios y programas de acogida para atender a unos 67,000 niños que o bien fueron separados de sus padres o cuidadores en la frontera o bien llegaron solos a Estados Unidos.

El gobierno de Obama también tuvo problemas para gestionar el gran número de menores que cruzaban la frontera. En el año fiscal 2014, unos 68,000 niños migrantes fueron detenidos en la frontera, frente a los 72,000 este año. Sin embargo, el entonces responsable de Aduanas y Protección de Fronteras, Gil Kerlikowski dijo hace cinco años que habían sido rápidamente reunidos, casi siempre con sus familias u otros tutores.

El número de menores en centros creció durante el gobierno de Trump, debido en parte a que los nuevos requisitos de investigar a cualquier adulto en la posible casa a la que podían ir los niños hizo considerablemente más lentas las reunificaciones.

Según datos confidenciales del gobierno a los que tuvo acceso AP, en torno a uno de cada cuatro niños migrantes bajo custodia del gobierno en junio estaba alojado por CHS. Eso incluía a más de 2,300 adolescentes en Homestead, Florida, y más de 500 menores en refugios en el sur de Texas.

Andrew Lorenzen-Strait, que hasta hace poco ayudaba a dirigir programas de custodia de adultos en el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés), señaló que antiguos empleados de ICE que ahora trabajan para CHS llevaron a la agencia el concepto de privatizar la detención de menores inmigrantes. El proceso, señaló, repite un cambio similar ocurrido en los centros de detención para adultos del ICE, donde se disparó la población después de que los inmigrantes fueran trasladados de cárceles del condado a instalaciones privadas con fines de lucro.

Tras 18 años trabajando para el gobierno, renunció hace poco a su puesto frustrado por las acciones de la agencia, como el trato a los niños inmigrantes. Lorenzen-Strait empezó a trabajar para la organización sin fines de lucro Lutheran Immigration and Refugee Services, que coloca a niños inmigrantes en casas de acogida.

“Esto no son suministros”, dijo. “Esto no es Amazon.com. No puedes simplemente encargar cuidados para inmigrantes”.