Informalidad laboral y precariedad salarial

El empleo informal sin registro en instituciones de seguridad social, prácticamente continúa igual que en el año 2018, ya que dicho indicador sólo se ha reducido 0.4%; en el 2013 superaba el 62% y tenía tendencia a la baja; ahora 56.2% de personas ocupadas están en esa condición (31.3 millones).

Dos causas de esta situación laboral negativa: caída en inversión de capital,  porque cayó 6.45 en su componente fijo y el consumo del gobierno se redujo 1.9%; y, tal parece, el incremento del 16.2% al salario mínimo indujo a contener la contratación laboral formal.

Pero los intereses económicos de clase también se reflejan en ingresos por salarios mínimos. Según el Inegi, el año pasado se cancelaron 2.4 millones empleos de tres a más salarios mínimos, pero 4.9 millones de empleos generados reciben hasta dos salarios mínimos, que son 57% de la población ocupada y de los cuales 53.1% están en  informalidad (2.6 millones de personas).

Aunque el desempleo cerró en 3.1% el año pasado, según Inegi las personas en precariedad laboral se elevó en 2.5 millones, que son quienes laboran pocas horas o que trabajan extensas jornadas con hasta 6 mil pesos diarios, ubicándose en 10.6 millones de empleados, mientras que en 2018 eran 8.1 millones (de 15.3 a 18.8%). Mal asunto para la clase trabajadora.

En este año 2020, el incremento de 20% al salario mínimo (44.4% acumulado desde 2018) amenaza con acentuar la precariedad laboral y salarial, lo que eventualmente afectaría el consumo como componente del reducido crecimiento económico; pero si a se añade el reducido consumo del gobierno con austeridad y reducida inversión productiva (hasta ahora), las perspectivas se complican para la dinámica económica del país.

Indicadores que son positivos no aportan a la condiciones laborales, como las exportaciones que crecieron 3.5% y la inversión extranjera directa que en 2019 se incrementó en 4.2%.

Pero por otra parte, la inflación acumulada de 2.83% (la más reducida en cuatro años; y el tipo de cambio estable (que mucho se debe a la elevada tasa de interés al ahorro –en 7%- comparativamente a otros países), contribuyen a que, aun con ingresos menores, por lo menos no se debilite el poder adquisitivo, así el consumo de los hogares se incrementó en casi 0.7%,  lo que se refleja en la elevación de 7.3% las ventas de abarroteros mayoristas.

Probablemente el consumo de las familias se vio favorecido por las transferencias sociales del gobierno federal en más de 600 mil millones de pesos, por remesas de paisanos en el extranjero   –sobre todo en Estados Unidos- que el año pasado cerraron en más de 36 mil millones de dólares (7% más que en 2018) y por el incremento al salario mínimo. Pero en el mediano plazo estos factores no sostienen el bienestar de las mayorías.

Se requiere la inversión directa de capital privada como privada, pero es la inversión pública la que estratégicamente debe atraer a la inversión privada directa  productiva y de servicios. La banca comercial informó la posibilidad de otorgar hasta 620 mil millones de pesos en créditos para aportar al crecimiento económico, lo que se debe aprovechar.

No bastan la austeridad gubernamental, ni transferencias sociales directas o el tipo de cambio sostenido por la tasa de interés. Lo que requiere el país es productividad efectiva con inversión directa pública y privada, con reforma fiscal y política económica efectiva, factores que aún no se observan en el horizonte económico. Sin crecimiento económico y con volatilidad en los precios del petróleo eventualmente se reduciría la captación fiscal, así se tendrían muchos problemas para mantener los programas sociales.

Las contradicciones entre clases sociales no desaparecen por decreto y las buenas intenciones no sostienen el bienestar de las mayorías.