Herramienta. Aunque la medida solo busca proteger a los menores de los peligros de la red, a muchos no les gustó. | Foto: ESPECIAL
Esta medida, que permitiría a los padres regular lo que sus hijos ven en clase, es considerada una violación a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes

MÉXICO.- Organizaciones de la sociedad civil lograron un amparo para evitar la aplicación del pin parental Aguascalientes, informaron este pasado lunes en conferencia de prensa.

“Es un amparo que busca proteger el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes en ese estado”, afirmó Alex Alí Méndez, coordinador de litigio y documentación de casos en la organización Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire).

De acuerdo con tales organizaciones, en enero de este año comenzaron a presentarse en México iniciativas para reformar las leyes de educación en diversos estados.

El objetivo de estas reformas es obligar a los centros educativos a informar a madres, padres y tutores sobre el contenido de las actividades escolares que versen sobre moralidad.

“Esto es conocido como el pin parental, aunque en la legislación no se establece tal cual”, afirmó Eugenia Solís Terán, consultora en materia de género y derechos humanos en mujeres en diferentes institutos.

El pin parental es una herramienta que emula la función de un código o contraseña para proteger un dispositivo de forma que solo las personas autorizadas puedan acceder a la información, pero en este caso es aplicado a la educación.

A finales de mayo pasado, una iniciativa de reforma a la Ley de Educación de Nuevo León abrió la puerta a la adopción de esta herramienta, que se aprobó en el central estado de Aguascalientes

El 3 de agosto pasado, organizaciones de la sociedad civil presentaron un amparo contra el pin parental en ese estado argumentando que representa una serie de problemas y violaciones a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

El 1 de septiembre un juez federal ordenó la suspensión definitiva del pin parental en dicho estado porque “puede violar el derecho a la educación y la no discriminación”.

En julio la Secretaría de Gobernación señaló que este tipo de reformas "despojan al Estado de su rectoría constitucional para definir los contenidos.