La generación de riqueza en una sociedad -en una democrática, por supuesto- tiene un propósito claramente definido: servir de base para la justicia social y como plataforma de despegue para la creación de una comunidad igualitaria en la cual todos sus miembros tengan las mismas oportunidades.

Pero para que la premisa anterior resulte cierta es indispensable que las condiciones en las cuales se genere tal riqueza sean, efectivamente, condiciones democráticas. En caso contrario, el ideal anteriormente expresado se reduce a un mero deseo que en el discurso suena muy bien pero que constituye una utopía.

Específicamente, la generación de riqueza como presupuesto de la justicia social resulta imposible en una sociedad en la cual son las reglas de la delincuencia las que determinan quién sí -y quién no- tiene acceso a los beneficios que potencialmente produce la riqueza colectiva.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo a la dicotomía que, desde la perspectiva del comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, Jaime Martínez Veloz, ocurrió en Coahuila durante los 12 años que en México gobernó el PAN.

De acuerdo con el diagnóstico del funcionario federal, en dicho período Coahuila se convirtió en una “potencia minera” debido al incremento explosivo de las concesiones extractivas en el territorio estatal.

Desafortunadamente -siempre siguiendo el planteamiento de Martínez Veloz- durante ese mismo período el crimen organizado se asentó en la entidad y escogió a la minería como una de sus actividades favoritas para financiarse y engrosar su columna de ganancias.

El resultado de esta combinación, asegura el funcionario, es que de los cientos de miles de millones de pesos que la industria minera generó en dicho período, el beneficio generado para las comunidades en las cuales se realiza la extracción -y para Coahuila en general- ha sido ínfimo, si no es que inexistente.

La “incursión” del crimen organizado en la industria minera no explica en su totalidad, por supuesto, el hecho de que las ganancias generadas por esta actividad hubieran beneficiado a todo mundo, menos a los coahuilenses, pero sí evidencian uno de los problemas estructurales que como sociedad padecemos y de los cuales nuestra clase política no parece preocupada.

Y es importante señalar esto, porque si ya de suyo la mayor parte de la sociedad padece las consecuencias de un sistema económico injusto, la “criminalización” de la economía no hace sino incrementar la brecha que separa a quienes lo tienen todo de aquellos que carecen de lo indispensable.

Valdría la pena en este sentido, que la criminalización de la industria extractiva coahuilense fuera investigada con seriedad y que tal investigación se realizara con el afán de impedir que tal hecho siga registrándose, así como impedir que otras áreas de la economía se contagien del mismo mal.