“El Poder Judicial culminó diciembre de 2018 inmerso en una situación inédita, ante el inicio simultáneo de procedimientos disciplinarios contra seis jueces y 12 secretarios de acuerdos y trámite, a quienes se les impuso como medida cautelar la suspensión de sus funciones por el tiempo que duren dichos procedimientos disciplinarios.

“Ello se debió a que se estimó que probablemente incurrieron en faltas administrativas consideradas por la ley como graves y muy graves, en la tramitación de diversos juicios promovidos por el Infonavit en contra de una diversidad de demandados”.

Las frases anteriores forman parte del mensaje que ayer leyó en voz alta la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, Miriam Cárdenas Cantú, al rendir el informe de labores correspondiente al ejercicio del año 2018.

Como todos sabemos, el primer paso para resolver un problema es reconocer su existencia. En ese sentido, el que la titular del Poder Judicial hay sido explícita en aceptar la existencia de hechos que han puesto a Coahuila en boca de todos representa, sin duda, un buen primer paso.

Habría que ser cautos, sin embargo, a la hora de celebrar, pues reconocer la existencia de un problema no implica, ni de lejos, que éste haya sido atendido de forma adecuada y, mucho menos, que haya sido resuelto o se encuentre en vías de ser resuelto.

Por lo demás, como ya se ha comentado anteriormente, el que hasta el momento sólo se hayan iniciado procedimientos administrativos en contra de los jueces y secretarios involucrados, así como el hecho de que la mayor parte de la información del caso permanezca en la opacidad, no aporta elementos para documentar el optimismo.

Tampoco se percibe en este caso que al Poder Judicial de Coahuila le corra demasiada prisa por concluir las investigaciones y ello abona a la desconfianza de los ciudadanos.

Por ello, si bien es de reconocerse el que se ventile sin ambigüedades la existencia de presuntos actos de corrupción, en un evento tan relevante como un informe de labores, resulta indispensable señalar que tal hecho es insuficiente para restañar la confianza colectiva.

El Poder Judicial necesita hacer más, mucho más, en torno al escándalo de los juicios masivos “destapado” por el nuevo Gobierno de la República y que ha puesto en la picota al sistema de justicia local, pues parece demostrar la fragilidad del mismo.

Y una de las cosas que debe hacerse es acelerar las investigaciones, cerrar el caso e imponer las sanciones correspondientes. Ello, sin perjuicio de que se inicien los procedimientos penales a que hubiera lugar, a partir de las conductas que sean demostradas en el procedimiento administrativo.