Ismael Hernández, diputado priista dirigente de la Confederación Nacional Campesina. Foto: Cuartoscuro.
Con más de 3 millones de miembros, incluyendo legisladores priistas, los antorchistas bloquearon en diciembre pasado la Cámara de Diputados, junto con la priista Confederación Nacional Campesina, en protesta de la casi eliminación del Ramo 23, partida que ha sido el motor de sus ingresos y que es señalada por su opacidad y falta de reglas de operación

Por: Dulce Olvera

Ciudad de México.– Durante tres días consecutivos –21, 22 y 23 de diciembre de 2018–, miembros del Movimiento Antorchista Nacional y de la Confederación Nacional Campesina (CNC) se manifestaron en la Cámara de Diputados. Bloquearon las puertas de acceso y los legisladores no podían salir en la víspera de Navidad. Exigían no eliminar el Ramo 23 del presupuesto, un rubro que tuvo un recorte de 69 por ciento.

“Antorcha tuvo un manejo con [Enrique] Peña Nieto de alrededor de 4 mil 500 millones de pesos al año del presupuesto federal, con el fin de generar un mecanismo de control social corporativo a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI)“, dijo Francisco Chew, campesino del Movimiento Social por la Tierra, basado en los acuerdos y negociaciones que funcionarios federales reconocían como “la bolsa de gestión de Antorcha” en diversos programas y obras del presupuesto del ramo 23, señalado por su opacidad y ausencia de reglas de operación.

El Ramo 23 del presupuesto federal pasó de 35 mil 805 millones de pesos para 8 mil 851 proyectos de estados y municipios en 2017 a 26 mil 857 millones de pesos para 4 mil 56 proyectos en 2018. Los fondos para infraestructura estatal y desarrollo regional recibieron cero pesos. Para 2019 el recorte fue de casi 70 por ciento.

“Debe haber una fuerte auditoría a todos, pero sobre todo a Antorcha. En muchos de los casos los recursos no se aplicaron conforme a reglas de operación, no se entregaron a los campesinos como el Programa Social de Vivienda, del que fueron muy beneficiados (700 millones de pesos). No hay transparencia y hay un fuerte pasivo que hay que revisar”, expuso.

Francisco Chew contó que su organización también estuvo en esa movilización alrededor de la Cámara de Diputados en diciembre, “pero para defender el presupuesto del campo y logramos un acuerdo de aumento al sector de 8 mil 500 millones con Morena. Pero ellos defendían el Ramo 23 y fracasaron”. La Secretaría de Agricultura sufrió un recorte de 9.2 por ciento frente a 2018.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado durante sus visitas a municipios del Estado de México, Puebla, Hidalgo, Nayarit, Sinaloa y otros que los apoyos económicos a pequeños productores se entregarán directo de la Tesorería de la Federación al beneficiario a través de tarjetas bancarias y no con intermediarios ni con “caciques” para evitar “moches”.

Ha señalado directamente a Antorcha Campesina, cuyos líderes le exigieron pruebas documentadas y acusaron “una guerra mediática en contra de la organización, orquestada por el actual Gobierno federal”. El Diputado priista antorchista Brasil Acosta Peña aseguró que la cancelación de varios programas del ramo 23 afectará a aquellos municipios mexiquenses como Chimalhuacán e Ixtapaluca, “que cuentan con una numerosa población y son el penúltimo y último lugar en percepciones per cápita”.

Representantes de organizaciones campesinas añadieron a la lista de intermediarios a la Confederación Nacional Campesina (CNC), el brazo campesino del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Pero dijeron que la transferencia de apoyos a pequeños productores ya se hace a través de cuentas bancarias únicas y nuevas, como lo exigen las reglas de operación de la Secretaría de Agricultura (SADER).

La Secretaría publicará las reglas de operación de los programas para el campo de este gobierno en febrero en el Diario Oficial de la Federación, pero no regulará los programas de adjudicación directa, como ProAgro (entrega de fertilizantes), justo los más vulnerables a desvíos al haber más intermediarios.

“Hay diferentes entidades que manejan la dispersión de recursos de diversa manera. La Tesorería de la Federación hace la dispersión directa, pero cuando se hace por medio de organizaciones civiles como es Antorcha Campesina y otras que fomentan proyectos sociales por medio de Bienestar o Indesol es donde empieza a haber esa pérdida de fondos”, aseguró Diego Rendón, de CAYSO, una asesoría sobre subsidios federales.

“En organizaciones donde se hace el depósito directo en efectivo o cheques es una ventana para poder tomar una parte del recurso. En los fondos federales se maneja diferente, porque la aprobación de esos proyectos funciona a través de tres filtros (técnico, financiero y normativo para demostrar que eres persona física o moral constitutiva). Ahí no hay intermediarismo”, dijo. “Si los recursos entran por medio de adjudicación directa –por medio de extensionistas u organizaciones– siempre habrá ese tipo de cosas [que se queden una parte]

Más de 3 millones integran el Movimiento Nacional Antorchista, incluyendo políticos. Foto: Antorcha

MOCHES DETECTADOS POR LA ASF

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha detectado en observaciones a la entonces Sagarpa “falta de control en otorgamiento y seguimiento de apoyos” en programas para producción y “deficiencias en registros presupuestales”.

En el Programa de Productividad Rural hubo “falta de entrega de bienes e insumos a los beneficiarios de proyectos productivos por un importe de 857 millones 300 mil pesos” (Cuenta Pública, 2016). En el Programa de Fomento a la Agricultura “no se presentó evidencia de la aplicación de 888 millones 500 mil pesos que se otorgaron a dos asociaciones civiles para gastos de operación y administración” (Cuenta Pública, 2015).

En apoyos extensionistas vio pagos a prestadores de servicios pese a no contar con contratos, entregables o la falta de comprobantes sobre haber otorgado el servicio o ejercido el gasto; apoyos no aplicados, duplicados; apoyos entregados a productores fallecidos, que no están en el padrón, que tienen más hectáreas de las establecidas o que no cumplieron criterios de elegibilidad; contratos con universidades (Chapingo, Salamanca) no capacitadas para dar el servicio y que efectuaron retiros a favor de personas físicas; proyectos inconclusos, y omisión de reingreso a la Tesorería.

“¿Por qué no va a haber intermediarios? Porque así no llega el apoyo, se queda en el camino o hay moche, no llega completo. Lo que queremos es que con la tarjeta lleguen completos”, explicó López Obrador a los habitantes de Acambay. “Ahí hay organizaciones, pero como arroz, que se dedican nada más los dirigentes a ver que el gobierno les entregue los apoyos para la gente, y ellos se quedan con la mayor parte. Se acabó ya esa extorsión. Va a ser directo el apoyo […] Es como embudo, le ponen arriba lo suficiente y llega muy poco, a veces nada, porque hay moche, ya no va a ser así”.

En Huachinango, Puebla, abundó más: “Ya no va a haber intermediarios. No es que: ‘Yo soy de la organización Emiliano Zapata’ o ‘Soy de la organización Francisco Villa’, o ‘Soy de la organización Hermanos Serdán’, o ‘Soy de la Antorcha Mundial y me vas entregar a mí el apoyo y yo lo voy a repartir, a entregarlo a la gente’. Ya no, eso se acabó. Va a ser directo, porque si no, no llega o llega ya con moche, no llega completo”. En Tecuala, Nayarit, acusó que “estos caciques hasta le faltan al respeto a la gente. Dicen: ‘Mi gente’. No. Somos ciudadanos libres, qué mi gente ni que ocho cuartos”.

El Presidente López Obrador reconoció que no hay cobertura de bancos en todos los poblados, por lo que se implementará el Banco del Bienestar (ahora Bansefi) y se hará un censo. “Va a tener cobertura, va a tener sucursales hasta en las comunidades más apartadas para que así se reciba el pago”, dijo. Diego Rendón de la asesoría CAYSO expuso que es un gran reto porque solo el 40 por ciento de la población mexicana está bancarizada, de acuerdo con datos oficiales.

Federico Ovalle Vaquera, Secretario General de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), aseguró que no todas las organizaciones campesinas son corruptas, y propuso al Gobierno federal investigar a las señaladas.

Foto: Especial
El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado durante sus visitas a municipios del Estado de México, Puebla, Hidalgo, Nayarit, Sinaloa y otros que los apoyos económicos a pequeños productores se entregarán directo de la Tesorería de la Federación al beneficiario a través de tarjetas bancarias y no con intermediarios ni con “caciques” para evitar “moches”

“Si el Gobierno, a quien le corresponde esa función de fiscalizar, tiene identificadas organizaciones que se han dedicado a cometer actos de corrupción y que hayan recibido recursos por parte de las dependencias de manera directa, debería de decir los nombres y las cantidades que recibieron. Que se aplique la justicia y la ley. De lo contrario me parece que es un discurso además de polarizante, es de descalificación a la labor que históricamente hemos hecho quienes estamos en organizaciones sociales y campesinas”, dijo en entrevista.

Valle aclaró que “los recursos desde hace años se vienen entregando a los beneficiarios de manera directa. Las organizaciones no recibimos un solo peso del gobierno para entregarlo. Se entregan vía padrón y eso está bancarizado. Se entrega a través de los bancos directamente al beneficiario”. El líder campesino enfatizó que la CIOAC es independiente de gobiernos, partidos políticos y del dinero a diferencia de otras con líderes “balines, aplaudidoras, tapaderas del Gobierno federal que durante años en el pasado fueron filiales del PRI […] Particularmente me refiero a Antorcha Campesina y a la Confederación Nacional Campesina”.

“LA ANTORCHA MUNDIAL”

“Es necesario que el Gobierno federal cambie su visión y percepción de Antorcha, pues no somos intermediarios ni queremos dinero, ni moches”, dijo el Diputado federal priista y antorchista, Brasil Alberto Acosta Peña.

El Movimiento Antorchista Nacional inició con 30 miembros, sobre todo campesinos. Fue fundado en 1974 por su actual líder el Ingeniero Agrónomo Aquiles Córdova Morán en Tecomatlán, Puebla. Actualmente son más de 3 millones de integrantes en Puebla, Michoacán, Veracruz, San Luis Potosí, Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca, Guerrero e Hidalgo, y tienen presencia en la política tanto en alcaldías como en Congresos.

La adhesión de Antorcha a las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue en octubre de 1988. “Encontramos que los documentos básicos del PRI eran los que mejor reflejaban los intereses del pueblo pobre de México, y desde luego, los intereses de Antorcha”, justifica el movimiento que apoyó en 2018 al candidato José Antonio Meade Kuribreña. “Para la financiación de sus activistas, Antorcha no recibe dinero ni del Estado ni de empresas privadas ni de los partidos, ni siquiera de partido al que está afiliado, el PRI [dice que lo hace a través de colectas públicas]”.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, al referirse a “intermediarios” que se quedan con “moches” durante la transferencia de apoyos ha señalado a “Antorcha mundial”, refiriéndose a esta organización priista. Otros dirigentes de organizaciones campesinas coinciden.

“Antorcha Campesina tenía directamente recursos asignados desde la Secretaría de Hacienda. Los tenía asignados en acuerdo con el grupo parlamentario que ellos tenían en la Cámara de Diputados federal. Tenían un número importante de diputados y llegaban a negociaciones con Hacienda cuando se discutía y aprobaba el Presupuesto de Egresos para etiquetar recursos a esa organización en algunos programas sociales, obras, carreteras, vivienda”, afirmó Max Correa, campesino de la Central Campesina Cardenista, organización que también exigió un aumento al presupuesto en la manifestación de diciembre en el Congreso.

Por ejemplo, en la junta auxiliar de Huejonapan, del municipio de Tepexi de Rodríguez, Puebla, se construyó el Telebachillerato Digital No. 94, una obra gestionada por los ex diputados federales antorchistas Edith Villa Trujillo, Hersilia Córdova Morán y Juan Manuel Celis Aguirre de la LXII Legislatura. El Diputado federal priista y antorchista, Omar Carreón Abud, advirtió que en Michoacán al menos siete obras sociales por 46 millones de pesos se frenaron por la casi desaparición del Ramo 23 en el Presupuesto de Egresos de 2019.

Ante las acusaciones de quedarse con moches, el líder Aquiles Córdova y miembros antorchistas las han rechazado exigiendo pruebas y, consideran, el ataque es porque en diciembre exigieron en el Congreso presupuesto para infraestructura en las regiones que representan a través del ramo 23.

“El intermediarismo de organizaciones y ‘líderes’ en el manejo de los programas de transferencia monetaria del nuevo Gobierno, destinados a los más débiles y marginados del país, no tiene absolutamente nada que ver con nosotros, con ‘la antorcha mundial’. Nunca hemos tenido ni pedido la concesión de ser nosotros, los ‘falsos líderes y dirigentes’, quienes entreguemos esos recursos monetarios a los pobres para comprar su apoyo y su adherencia a nuestro Movimiento”, escribió Aquiles Córdova como respuesta al mandatario federal.

“Los dineros de programas como Progresa, Prospera, Sesenta y más, y otros parecidos, nunca fueron manejados en el pasado por ninguna organización ‘intermediaria’, sino siempre por funcionarios gubernamentales que, con el padrón oficial de beneficiarios en mano, entregaban el recurso personalmente a cada uno de ellos, previa identificación”, expuso.

Finalmente exigió pruebas. “Hace falta remitirse a las pruebas documentadas y, muy en particular, a la realidad de los hechos duros, contantes y sonantes […] Si algún funcionario o gobierno sostiene que nos entregó alguna vez dinero en efectivo para nuestro manejo discrecional, [que] respalde su afirmación presentando las pruebas documentales que deben obrar en su poder; que si alguien sostiene que nos quedamos con el dinero destinado a alguna obra, diga de qué obra se trata, cuándo y dónde dejó de realizarse y presente la denuncia correspondiente”.

Luis Enrique López Carreón, dirigente del Movimiento Antorchista en Colima, y Diana Aguilar Castillo, responsable del trabajo estudiantil del Movimiento Antorchista en Veracruz, aseguraron que los ataques se derivan de su lucha por el presupuesto.

“Nunca hemos sido ni seremos jamás ‘intermediarios’ de ningún programa social, tal como lo denuncia el Presidente, y de que, nunca se ha dado jamás en sus discursos, ninguna prueba ni dato duro de lo que se dice. Entonces, ¿por qué lo dice?”, cuestionó.

Sospecha que es porque, además de eliminar del presupuesto 2019 programas sociales, “se eliminó también un ramo presupuestario [el 23] que permitía al Movimiento Antorchista gestionar obras de infraestructura, de suma importancia para mejorar la vida de sectores muy pobres y marginados del país”.

Por eso se manifestaron durante tres días en los alrededores del edificio del Congreso de la Unión reclamando, evocó, agua potable y drenajes, electrificaciones, pavimentos, construcción de hospitales, escuelas, carreteras y muchas, muchísimas obras más.

El 23 de diciembre pasado, por la noche, el Diputado Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), prometió que el 8 de enero revisarían la manera para que las obras fueran incluidas. Pero, dijo López Carreón, no cumplieron.

Foto: Código Querétaro
La actividad económica de Antorcha es legal, legítima y cumple con todas las reglas y obligaciones. Los recursos económicos se han obtenido del trabajo honesto de miles de activistas, a través de colectas y diversas actividades económicas, así como de sus propias cuotas, no de subsidios gubernamentales"
Antorcha Campesina

“¿Por qué tanto odio y veneno para el Movimiento Antorchista?, ¿qué tanto significa Antorcha, como para que se necesite la propia voz del Presidente de la República para buscar su desprestigio?”, planteó.

La antorchista de Veracruz Diana Aguilar Castillo dijo que son víctimas de “calumnias y desprestigio”, producto de manifestarse en contra de la propuesta de recortarle el presupuesto a los municipios.

“El plan que tiene el actual Presidente es desmantelar todas las organizaciones sociales, y en especial al Movimiento Antorchista Nacional, porque somos la única organización en el país que está al servicio de la clase trabajadora”, aventuró Aguilar.

Guadalupe Orona Urías, dirigente antorchista en Hidalgo, agregó que la actividad económica de Antorcha es legal, legítima y cumple con todas las reglas y obligaciones. Los recursos económicos, dijo, los han obtenido del trabajo honesto de miles de activistas, a través de colectas y diversas actividades económicas, así como de sus propias cuotas, no de subsidios gubernamentales.

CONFEDERACIÓN NACIONAL CAMPESINA

La Confederación Nacional Campesina, organización corporativa del PRI, fue fundada en agosto de 1938 en Guadalajara y presidida por Graciano Sánchez, en la época cardenista. Representa a más de 3 millones de campesinos y es liderada por Ismael Hernández Deras, Diputado priista y ex Gobernador de Durango.

En diciembre protestó en la Cámara de Diputados junto con Antorcha contra la reducción del ramo 23.

“Al ser una organización que surge por decreto y vinculada al Partido Revolucionario Institucional, llamada como la que encabeza al sector agrario del PRI, siempre han sido tratados y atendidos con un favoritismo en todos los programas social y productivos. Tienen senadores, tiene diputados, presidentes municipales y hasta gobernadores. Es el clásico ejemplo de una organización corporativa y clientelar que se favoreció de estas prácticas”, dijo Max Correa, miembro de la Central Campesina Cardenista.

“El clientelismo y el favoritismo ha favorecido siempre desde el régimen anterior a este tipo de organizaciones para aprovecharse de los campesinos e indígenas y manipularse”, añadió Correa.

El integrante del Movimiento Social por la Tierra, Francisco Chew, aseveró que el PRI y la CNC se han beneficiado mutuamente durante décadas, por lo que “es muy importante la eliminación de los circuitos de corrupción. Estamos de acuerdo en que se eliminen. Hay grupos que han estado afines al gobierno y reproduciendo prácticas de corrupción”.

Chew añadió que en la cadena de valor de la producción de alimentos también hay intermediarios como almacenes que se quedan un 47 por ciento de las ganancias.

“Desde la parte económica hay una cultura donde siempre tanto los productores como los consumidores son afectados por empresas intermediarias. Esto ha sido inducido por la clase política también a nivel social”, evaluó.