Coahuila: ¿...Y nuestros desaparecidos?
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Los dos casos más graves de desapariciones forzadas en Coahuila siguen sin resolverse.
Saltillo, Coahuila. La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, no solo evidenció la participación conjunta de fuerzas de seguridad y elementos del crimen organizado en ese caso, sino que logró la solidaridad de la nación con las víctimas y llamó la atención de la comunidad internacional.
Y a más de un mes de no haber obtenido resultados, en Coahuila se entiende el dolor de las familias de las víctimas, porque un dolor así se ha sentido al menos siete años en la entidad, que hoy se pregunta: ¿y nuestros desaparecidos?
¿Dónde están?, pregunta Fuundec por sus 332 familiares cuyo paradero se desconoce. ¿Adónde se los llevaron?, plantea el municipio de Allende mientras se define si son 200 o son 300. ¿Por qué este País se ha convertido en una fosa común?, cuestiona el padre Pedro Pantoja. ¿Qué pasó con las fosas de Arteaga? Y nadie da respuestas.
Blanca Martínez, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, dice que la demanda desde 2007, cuando se registraron los primeros casos, sigue siendo la misma: la búsqueda, presentación con vida y castigo a los culpables.
Es un crimen de Estado. Y tiene que saberse que el estado de derecho en México no existe, es una simulación. La justicia es accesible solo para unos pocos. Las autoridades no pueden garantizar la vida y la seguridad de sus ciudadanos, lamenta.
De los 332 casos que tiene registrados en Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, el Gobierno de Coahuila no ha podido encontrar una sola persona.
La Subprocuraduría Especializada para la Búsqueda de Personas No Localizadas señala que en la entidad hay mil 600 personas desaparecidas. Pero este número engloba extravíos, personas que salieron de su casas por voluntad propia, y no se especifica cuántos se deben a la delincuencia organizada.
El 9 de octubre pasado, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado dijo que tienen 11 casos abiertos de personas desaparecidas, que datan de entre 2005 y 2008.
Michael Chamberlin, defensor de derechos humanos y asesor de Fuundec, comenta que cada vez queda más clara la participación de autoridades en estos crímenes.
El principal obstáculo que ve es la falta de una política estructural para deshacerse de organismos corruptos y avanzar las indagatorias.
Mientras la PGJE esté ligada al poder políticos es difícil poder dar con los desaparecidos, explica. En Coahuila hay casos donde se de probablemente el encubrimiento de los policías y la misma Procuraduría a gente del estado que pudo haber cometido desapariciones forzadas.
El padre Pantoja lamenta que México se hayan convertidos en una fosa común, donde desaparecer a las personas es respuesta de un Estado incapaz de actuar correctamente.
El Estado ha convertido esto en una estructura de violación. México es visto como un país opresor y represor. Y esa crisis tan tremenda la ha causado su mal gobierno, dijo.
Las operativos que se han montado de búsqueda, considera, son una simulación, y no han dado resultados.
En diciembre de 2013, durante su informe e actividades, el gobernador Rubén Moreira pidió perdón a los familiares de personas desaparecidas.
ARTEAGA
Fecha: Febrero de 2009
Ubicación: Arteaga
Víctimas: 19 víctimas
Situación actual: Se identificaron a 7 víctimas; sus muertes se atribuyen a Luis Jesús Sarabia Ramón, El Pepito o El Z-44, capturado en 2012.
ALLENDE
Fecha: Marzo de 2011
Ubicación: Allende
Víctimas: 300
Situación actual: El gobernador Rubén Moreira anunció que la PGJE giraría órdenes de aprehensión este mes de noviembre sobre el caso.
