A 17 años de Pasta de Conchos, ‘sin cuerpo no hay delito’; continúa ciclo de impunidad

El siniestro ocurrido en Pasta de Conchos cumple ya 17 años sin justicia, pero también sin cambios para la realidad de toda una región, donde las oportunidades, más allá del carbón, son bastante escasas.

El turno de tercera de aquel 19 de febrero del 2006, en la mina 8 de la Unidad Pasta de Conchos hubiera transcurrido con regularidad si las autoridades hubieran garantizado la seguridad suficiente para que 65 familias de la Región Carbonífera de Coahuila volvieran a ver con vida a sus seres queridos.

Uno de ellos era Jorge Bladimir Muñoz, que en septiembre del 2023 cumpliría 51 años y quien, al igual que muchos de sus compañeros, se encontraría en el último rango de su vida laboral, a la espera de una jubilación adecuada.

Pero lo ocurrido en Pasta de Conchos fue una prueba de que las mineras no aprendieron de siniestros anteriores, y casi dos décadas después sigue revelando que las autoridades no tienen mano firme sobre la extracción del recurso.

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¿QUÉ PASÓ CON LA JUSTICIA?

Este es el recuento a 17 años de que Coahuila volvió a atraer la atención internacional.

Elvira Espinoza Martínez, viuda de Bladimir, o “Bladi” como le llama, recuerda que desde el año de la tragedia, la demanda eminente de las familias fue que los mineros debían ser rescatados para obtener, no solo justicia, sino la verdad de lo ocurrido, y esa fue una de las primeras promesas de las autoridades.

El primer acercamiento de la justicia al caso Pasta de Conchos empezó en Coahuila con una investigación de oficio iniciada por la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, que designó a Jorge Ríos Coss como fiscal especial del caso, teniendo como una de sus tareas primordiales, por su figura de Ministerio Público, sostener el contacto directo con los afectados.

Aquella investigación inició desde el 2006 y varios meses después derivó en la causa penal 200/2007 judicializada ante el Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Sabinas por el delito de homicidio culposo.

Elvira Espinoza recuerda que en aquel proceso, los integrantes de la Organización de Familiares de Pasta de Conchos solicitaron a la PGJE ser coadyuvante en el caso, con el objetivo de mostrar pruebas de que el delito podría ser más grave en términos de negligencia, y para ello tenían incluso fotografías del interior de las minas, las cuales nunca se integraron como elementos de prueba.

En esta causa penal existían cinco órdenes de aprehensión: contra el gerente de la mina, Rubén Escudero; los superintendentes, Fermín González y Sergio Rico, así como contra Emilio Rodríguez y Antonio Campos, encargados de la ingeniería en seguridad de la mina 8, quienes estaban entre un total de 11 supuestos responsables.

Según la solicitud de información FGE-UT/1607/220, esta causa fue concluida por el Poder Judicial de Coahuila luego de que se llegó a la reparación del daño a las víctimas indirectas; sin embargo, existen testigos de que la PGJE no logró un acuerdo conjunto con las víctimas en pro de ser reparadas y únicamente les comunicó que el caso concluiría, que los trabajos terminarían y que pasaran a una oficina a proporcionar sus datos.

“Se supone que el Ministerio Público nos representa a las víctimas y que debe estarnos informando; hubo ocasiones en que asistíamos a pedir informes, llevábamos pruebas, nos las recibían, pero no fueron tomadas en cuenta. Cuando resulta la reparación, en ningún momento el ‘MP’ nos pregunta si estamos de acuerdo o no. Solo determinó que esa sería la conclusión del caso y legalmente para nosotros no es correcto”, explica la viuda.

De acuerdo con Elvira Espinoza, desde abril del 2007 la empresa no ha tenido ningún acercamiento con las familias, y cuando se tuvo, únicamente fue con los ingenieros que coordinaron ese primer proyecto de rescate.

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Desde aquel entonces, recuerda que uno de los varios motivos que anteriormente les habían manifestado para no abrir las minas, era que el agua que corría por la zona de las minas se había contaminado con enfermedades que podían representar un peligro para los rescatistas, como el VIH.

“El discurso de la empresa se basaba en dos peritajes, que decían que podía haber contaminación del agua en la mina por diferentes enfermedades entre las que se encontraban el VIH, hepatitis y tuberculosis, que ponían en riesgo a los rescatistas. El Gobierno mexicano aceptó eso”, dijo.

Tiempo después, mientras Javier Lozano estaba en la STPS, se hizo un nuevo peritaje donde se aprobó que las condiciones de la mina eran riesgosas, pero en un segundo momento también aprobaron que, de cambiar esas condiciones, se podría ingresar, lo cual resultó confuso y maleable para las familias.

Al paso de los años, la OFPC pidió a la Secretaría de Economía cancelar la concesión a Grupo México como parte de una penalización, pero la dependencia les negó la petición, respondiendo que no tenían personalidad jurídica para solicitarlo.

También recibieron asesoría de personal de la Procuraduría General de Justicia, con lo que las familias supieron que aunque la investigación había sido atraída por esa instancia, a la par se había concluido, debido a que por el abandono del rescate, no podían investigar las causas del derrumbe y, por ende, la muerte de los mineros, es decir que para las autoridades “sin cuerpo, no hay delito”.

Llega el 2010 y Trinidad Cantú, madre de Raúl Villasana, decide entregar una petición ante la CIDH firmada por 58 familiares de los mineros, donde la petición permanente se hizo de nuevo: abrir la mina y extraer los 63 cuerpos.

“Nosotros siempre, hasta la fecha, hemos dicho que la justicia en Pasta de Conchos empieza con el rescate, porque cuando se llegue a entrar, ellos podrían ver las condiciones en las que estaba, aunque ahorita, pues, ya estamos a 17 años, lógico que las condiciones ha cambiado. Para nosotros, abrir, revelaba la verdad que tanto buscamos: ¿qué fue lo que pasó?”, dice Elvira.

La petición o queja a la instancia internacional no fue admitida hasta ocho años después, cuando en 2018 la CIDH acepta la queja contra el Estado mexicano, considerando que hubo violaciones a los derechos humanos en el caso, y que las familias ya habían agotado las instancias correspondientes en el país.

Después de admitir el recurso, la CIDH inició un procedimiento para que el Estado mexicano concluya el caso por una “solución amistosa” con la que se previene que las autoridades vayan a un juicio internacional.

Esta queja ha sido representada por la OFPC y el Centro ProDH, y en febrero del 2021 el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador formalizó el inicio de los trabajos que encabezaría Comisión Federal de Electricidad para el rescate meses después.

En ese aspecto, Elvira dice que sí reconocen que es el primer Gobierno que les dice que sí a la apertura de minas, pero las obras están varadas desde noviembre del 2022 y no se avanzó ni el 50% en ellas, según los informes de la CFE.

El proyecto, que se encuentra vigente, plantea en un inicio que para finales del 2023 la obra esté concluida, pero en la práctica no se observa un avance que vaya a permitir finalizar en ese tiempo, según las familias.

En una entrevista concedida a VANGUARDIA, Elvira Espinoza señaló que las acciones han estado varadas porque la CFE no tiene experiencia en minas y específicamente en trabajos de rescate.

Como parte de las obras, el Gobierno mexicano también dijo que se instalaría un memorial en Pasta de Conchos para recordar la tragedia, pero también se señaló negligencia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ya que la obra ha sido bloqueado por las familias, al considerar que si no hay rescate, no hay memorial.

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SIGUEN LAS MUERTES

Sobre Pasta de Conchos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 26/2006, en la que solicitó garantías de no repetición de actos similares; sin embargo, las muertes en minas han seguido, incluso de forma masiva, como sucedió en junio del 2021 en Rancherías, donde quedaron atrapados siete trabajadores, y ahora, en El Pinabete, con la muerte de 10 mineros.

Esta situación ha sido lamentada abiertamente por la Organización de Familiares de Pasta de Conchos, quienes lamentan que la tragedia por la cual pasaron parece ser una realidad continua que transcurre en su región con alta impunidad.

“Nosotros no vemos que le hayan puesto atención a estos puntos. ¿Por qué? Porque las cosas siguen sucediendo. Ahí están, trabajando nuevamente, no se toman medidas para que no suceda. Los hechos hablan por sí solos, de que realmente no se ha puesto atención a la seguridad de la región”, dijo.

Específicamente en el tema de Rancherías, la Organización de Familiares de Pasta de Conchos, también se ha mostrado sorprendida, pues en el caso de los 63 mineros atrapados, el Gobierno mexicano infería que mientras no hubiera cuerpos no se podía avanzar mucho por la vía penal, pero en ese caso las operaciones continúan normal, pese a que ahí la mina fue abierta y todos los cuerpos rescatados para proceder con una investigación profunda y aplicar responsabilidades.

El 19 de febrero, la organización realizará una manifestación en el antimonumento, ubicado en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México.