Coahuila: buscarán aumentar penas para padres y cuidadores por omisión de denuncia de riesgos para menores
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Con una propuesta para modificar el Código Penal de Coahuila, el diputado priista Álvaro Moreira buscará que se aumenten en un tercio las penas mínimas y máximas a quienes, teniendo la guarda, custodia, educación o cuidado de los niños y con conocimiento de situaciones que pongan en riesgo la vida e integridad de los menores, omitan hacer la denuncia correspondiente.
El legislador señaló que el Código Penal del estado ya obliga a los coahuilenses a denunciar este tipo de situaciones, pues se encuentra tipificado el delito de omisión de denuncia en el artículo 349 que establece una pena de uno a seis meses de prisión y de 50 a 100 días multa a quien, conociendo que se está cometiendo un delito permanente o continuado, omita dar noticia del mismo a la autoridad, a pesar de poder hacerlo sin que corra peligro personal.
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De igual manera señaló que el Código Penal tipifica el delito de omisión de denuncia en casos de violación equiparada, violación impropia o abuso sexual contra personas menores de edad en su artículo 233, imponiendo una pena de 4 meses a 3 años de prisión y multa a quien, teniendo conocimiento de estas conductas, no acuda a denunciarlas.
En ese contexto, y con el fin de fortalecer el tipo penal previsto en el artículo 349, el diputado Moreira presentó su propuesta para vincular la alta responsabilidad de quienes fungen como cuidadores de los menores y que cuentan con el deber de protección y salvaguarda de sus derechos.
Este ajuste legal busca cubrir un vacío en la protección de los derechos de los menores, al vincular de manera más estricta la responsabilidad de quienes tienen a su cargo a niños y adolescentes, como padres, tutores, educadores o cuidadores, con la obligación de reportar cualquier posible abuso o negligencia.
La propuesta surge en este alarmante contexto, donde los casos de violencia hacia menores suelen ser difíciles de denunciar. Entre las causas que dificultan la denuncia, el legislador mencionó el temor al agresor, la desconfianza en las autoridades, el desconocimiento de los derechos, o la ausencia de mecanismos accesibles para solicitar ayuda.
En ese contexto, destacó que, aunque en marzo de 2014 se publicó en el Periódico Oficial la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas, que regula el funcionamiento y organización del sistema estatal para la protección, prevención y restitución integral de los derechos de los menores cuando han sido vulnerados, México sigue siendo uno de los países con mayor violencia sexual contra infancias y adolescencias.
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el país genera el 70% de la pornografía infantil en el mundo.
Asimismo, Moreira señaló que, anualmente, en México se presentan 5.4 millones de casos de abuso sexual infantil, pero de cada mil casos, solo 100 son denunciados, y de estos, solo uno llega a contar con una sentencia condenatoria.
En Coahuila, la Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas establece la obligación de cualquier persona de informar a la Procuraduría para las Niñas, Niños y la Familia (PRONNIF) cuando tenga conocimiento de que un niño, niña o adolescente está sufriendo maltrato o violencia familiar, lo que incluye a escuelas, albergues, centros de salud y cualquier otro sitio donde se brinden servicios a menores.