Coahuilenses desamparados ante abusos de comerciantes: no hay dónde quejarse
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La Profeco no tiene oficinas de representación en Saltillo, ni en las regiones Centro, Carbonífera, Desierto y Norte de Coahuila, con lo que deja en estado de indefensión a más de 1 millón 500 mil personas, que no pueden presentar quejas o denuncias por parte de negocios o prestadores de servicios que no respetan precios o garantías, informó el diputado federal Jaime Bueno Zertuche (PRI).
Desde agosto de 2020 cerró la Delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor instalada en Saltillo y también cerraron las subdelegaciones de Monclova y Acuña para abrir la Oficina de Defensa del Consumidor en Torreón.
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“Proponemos que la dependencia incremente su capacidad institucional para responder de manera más rápida y eficiente las denuncias por parte de la población, pues en muchos casos las líneas telefónicas o correos electrónicos están saturados o simplemente los consumidores tienen que trasladarse cientos de kilómetros para encontrar una oficina”, dijo el legislador.
“En el caso de Coahuila, donde no existen oficinas de representación de la Profeco en la capital del estado, ni en las regiones Centro y Norte, dejan en estado de indefensión a por lo menos 1 millón y medio de personas”.
Con el regreso a clases se requiere la presencia de los inspectores de Profeco para reforzar la vigilancia y garantizar precios justos en la adquisición de útiles escolares, uniformes, calzado y equipo electrónico, a fin de evitar el alza excesiva de precios.
“Año con año conocemos casos en los que comerciantes abusan en los precios de los útiles escolares y los consumidores se sienten desprotegidos ante esta situación, ya sea por no conocer los mecanismos para denunciar ante la Profeco, o bien, porque estos mecanismos son limitados o ineficaces, impidiendo la compensación por los daños sufridos en su patrimonio”, apuntó Bueno.
Los gastos escolares tienen un gran impacto en las familias, porque hay quienes tienen 3 ó 4 hijos en edad escolar y los costos superan los 5 mil pesos y es mucho mayor si requieren comprar equipos electrónicos como computadoras y calculadoras.
“Ante este desafío del regreso a clases, debemos agregar la posibilidad de que las familias sean víctimas de malas prácticas de venta como puede ser el incremento injustificado de los precios, los productos defectuosos o que no cumplen con las características ofertadas, o bien, que no son entregados en el tiempo acordado”, indicó finalmente el diputado priista.
