La Auditoría Superior del Estado investigará a la alcaldesa de Múzquiz, Tania Vanesa Flores Guerra

La Auditoría Superior del Estado informó al Congreso local que la denuncia ciudadana interpuesta contra Tania Vanesa Flores Guerra, alcaldesa de Múzquiz, por supuestas irregularidades financieras cercanas a los 100 millones de pesos, cuenta con los requisitos para iniciar una investigación excepcional.

La diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo, presidenta de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, informó que el lunes pasado la ASE notificó al Congreso que la denuncia interpuesta por Karla Mónica Escalera Mendoza, quien ocupó la Secretaría del Ayuntamiento de enero de 2022 al 11 de enero pasado, tiene validez para iniciar el proceso de revisión.

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Así, la ASE investigará a la Alcaldesa de Morena por los supuestos delitos de cohecho, peculado de cuantía mayor, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, encubrimiento de delitos cometidos por servidores públicos, ejercicio irregular de recursos públicos y desvío de los mismos en perjuicio del erario, que sumarían cerca de 100 millones de pesos.

Asimismo, Flores Guerra y sus funcionarios serán investigados por los posibles delitos de ejercicio abusivo de funciones en su modalidad de otorgamiento ilegal de permisos, licencias o autorizaciones; asignación ilegal de obra pública y de contratos de obra pública, adquisiciones, arrendamientos, enajenaciones o colocaciones de fondos realizados ilegalmente.

También por pagos ilegales y por contratos, adquisiciones o asignaciones a precios inflados con modalidades agravantes por perjuicio económico a la hacienda pública o beneficio económico al servidor público, familiares o terceros, además de presunta recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación del presupuesto municipal.

Dávalos Elizondo explicó que la exsecretaria del Ayuntamiento, quien renunció al cargo para no ser cómplice de las irregularidades detectadas, presentó la denuncia ciudadana ante el Congreso del Estado y de ahí se remitió a la Auditoría, que el lunes pasado notificó al Poder Legislativo que procederá a investigar lo señalado.

“La ASE nos informó que la denuncia cumple con los requisitos para efectuarse (la investigación) y le indicamos que inicie el procedimiento a partir de hoy (miércoles) donde va a pedir información al Ayuntamiento y va a empezar a trabajar en el tema con base a la denuncia que se interpuso”, adelantó.

“Sería muy prematuro afirmar que hay una mala intención, un desvío o acto de corrupción hasta que la Auditoría nos informe con base en la revisión de las cuentas cómo va el caso”, aclaró.

“La Auditoría nos informa que la denuncia ciudadana está bien respaldada y ahora pedimos que se inicie con el procedimiento. El Congreso no interpuso denuncia alguna, solamente le estamos dando seguimiento a lo que la ciudadana manifiesta. Todavía no podemos constar si se cometió un delito, simplemente la petición es iniciar la investigación, lo que ella declara (la exfuncionaria) no se va a saber si es verdad hasta que se haga la revisión por parte de la Auditoría Superior”.

Escalera Mendoza denunció que se dio de alta en el padrón de proveedores a la empresa fantasma Servicios y Minerales Guel, constituida el 14 de septiembre del 2021, una vez pasada la elección en que resultó electa Flores Guerra. La empresa se favoreció con adjudicaciones directas por arrendamientos de camionetas utilizadas como patrullas municipales y para rehabilitar calles.

La empresa está vinculada a su hermano Antonio Flores Guerra, actual diputado electo (Morena), utilizando a sus empleados Jaqueline Garza Briones y Édgar Alí Hernández Garza, como representantes legales, que se convirtieron en prestanombres. Para ello, entregó constancia de situación fiscal de la empresa, el padrón de proveedores y documentó que el domicilio fiscal de la empresa no existe.

Garza Briones es auxiliar administrativo en la empresa Minerales Don Chilo, de Antonio Flores Guerra, mientras que Hernández Garza está en la nómina de Consorcio Oasis Minería y Transporte, con un salario base de 218.24 pesos, al 20 de junio pasado. En 2018 su salario base era de 286.3 pesos, mientras que el año pasado percibía 180.68 pesos, de acuerdo con las cotizaciones ante el IMSS.

La denuncia refiere triangulación de pagos de contratos de obras por adjudicación directa a empresas relacionadas a la familia Flores Guerra, así como el arrendamiento de seis camiones recolectores de basura, pipas de agua, maquinaria pesada y dos barredoras a las empresas fantasma Multiservicio Industrial ROVI y Servicios Integrales TOVA, además de la compra de camiones recolectores por medio de la empresa Oasis del Desierto Minería y Construcción, en la que Ofylia García es representante legal.

Ella es prima hermana de Tania Vanessa y directora del Departamento de Adquisiciones y Compras del Ayuntamiento.

Servicios Integrales TOVA reporta como domicilio fiscal la calle Michoacán 1401 B, de Monclova, pero ahí solo se encuentra una casa-habitación. El contrato de luz de la CFE señala que está a nombre de Elia Mariela Tovar Gurrola, representante legal de la empresa.

De Multiservicio Industrial ROVI, con domicilio fiscal en la calle Mar Caribe número 2009, de la colonia Santa Isabel, en Monclova, el representante es su hermano Juan Vicente Tovar Gurrola.

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La denuncia refiere que las barredoras y pipas de agua son propiedad de Minera del Norte y están prestadas al Municipio, pero la Alcaldesa las factura como arrendadas a través de las dos empresas factureras, entre otras irregularidades, como el que la Tania utiliza el parque vehicular municipal para labores en el patio de carbón de Oasis del Desierto, en Nueva Rosita.

Además, trabajadores de esa empresa cobran en la nómina municipal, lo mismo que escoltas de Antonio Flores Guerra, el diputado electo; María Elena Guerra Flores, mamá de Antonio y Tania, y de María Elena, hermana de ellos. También cobran veladores de casas particulares de la familia y personal de limpieza.