Otro 8M y el mismo reclamo: ¡Ni una más! Son 10 años de feminicidios en Coahuila y 167 vidas rotas

A dos días de cumplirse una década del primer feminicidio registrado en Coahuila, y con el antecedente, en 2017, de una solicitud de alerta de género que no se emitió porque fue parcialmente solventada, el Estado no ha podido garantizar la no repetición de este delito que además de ir en ascenso se comete cada vez con mayor grado de violencia contra la mujer.

VANGUARDIA documentó vía solicitudes de información que entre el 1 de enero de 2013 y el 28 de febrero de 2023 han ocurrido en Coahuila 167 feminicidios.

La tipificación del feminicidio como delito en el estado se realizó el 20 de noviembre de 2012 al incorporarlo en el artículo 336 bis como delito autónomo, con una sanción de 20 a 50 años de prisión, multa, y la pérdida de todos los derechos en relación con el ofendido, incluidos los de carácter sucesorio.

El feminicidio es la muerte violenta de una mujer, por el hecho de ser mujer. Se caracteriza, entre otros puntos, por ser cometidos por un agresor con quien la persona víctima tenía un lazo afectivo o de confianza, existan antecedentes de vivir en un entorno de violencia con el agresor, las lesiones causadas sean degradantes y que los restos de la persona víctima sean exhibidos en un lugar público.

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Registros de la Fiscalía General del Estado revelan que de 2019 a 2022 estos homicidios violentos contra las mujeres crecieron de manera exponencial en Coahuila. En el año 2019 y 2020, ocurrieron 24, respectivamente. En el 2021, se registraron 22. En 2022, de nuevo sumaron 24.

Como han dicho especialistas, activistas y las propias mujeres en las marchas, no se trata de cifras. Al contrario, nombrarlas, ponerles rostro las dignifica. Sin embargo, también es cierto que para dimensionar mejor este problema, para sensibilizarse más, hace falta un repaso histórico puntual.

LA RESPONSABILIDAD DE LA MUERTE NO ESTÁ EN EL AGRESOR, PERO DEBERÍA

Tras el feminicidio de Éricka, el 8 de febrero pasado, la Fundación Luz y Esperanza, así como la Red de Mujeres de la Laguna (organizaciones activistas en favor de los derechos de las mujeres víctimas de violencia), se pronunciaron por la necesidad de que el Estado se enfoque en los agresores y deje de revictimizar a las personas asesinadas cargándoles la responsabilidad de su muerte.

“Siempre hablamos de la víctima y le dejamos toda la responsabilidad, porque decimos, -no pidió ayuda, no continuó el trámite-, y las estamos re victimizando porque les dejamos toda la responsabilidad del feminicidio a ellas, cuando el agresor es un hombre”, dijo Rosa María Salazar, directora de la Fundación Luz y Esperanza.

Ariadne Lamont, representante de la Red de Mujeres de la Laguna, también se pronunció por dirigir la atención en las personas agresoras. “Urge reeducarnos para que los hombres entiendan que su obligación de ser hombres no tiene que ver con la violencia, si no que hay otras maneras de ser hombres y de lograr placer, y no en el abuso sexual, la violación, o el feminicidio”.

Para analizar la solicitud, la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Coahuilense de las Mujeres, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Universidad Autónoma de Coahuila y el Instituto de Educación Media Superior “María Esther Zuno de Echeverría”, se conformaron en un grupo de trabajo.

Luego de seis sesiones, así como un informe en el que el gobierno de Coahuila aceptó sus debilidades institucionales, acentuó que la violencia contra las mujeres debía detenerse y se comprometió a garantizar el acceso a la justicia a mujeres y niñas, el grupo de trabajo definió no emitir la alerta.

La decisión aprobada por unanimidad se dio aún cuando el Estado dejó puntos parcialmente cumplidos, en proceso de cumplimiento o incumplidos. “...que de cuarenta y cuatro indicadores, treinta y tres de ellos se valoraron como cumplidos, seis parcialmente cumplidos, dos en proceso de cumplimiento y tres no cumplidos”, refiere el documento.

El acta de la sexta sesión del grupo de trabajo reflejó que los puntos parcialmente cumplidos son los relacionados con la capacitación permanente al personal operativo y directivo de las instancias encargadas de procurar e impartir justicia, así como de las instituciones de educación, salud y seguridad.

El artículo 336 bis del Código Penal del Estado establece sanciones para servidores públicos que por acción u omisión realicen prácticas dilatorias en la procuración y administración de justicia.

El documento del grupo de trabajo para la Alerta de Género refleja que también quedó parcialmente cumplido la creación de un protocolo para la atención a víctimas directas e indirectas de feminicidio y delitos por razones de género.

También se cumplió de forma parcial con un diagnóstico a nivel municipal y estatal sobre los tipos y modalidades de violencia contra la mujer cuyo objetivo sería determinar las problemáticas por región.

Una observación es que ese diagnóstico se limitó al municipio de Torreón y reconoce que se trata de un problema estructural, en donde las mujeres carecen de información y herramientas para hacer frente a las violencias, siendo la doméstica y la psicológica las que se registran principalmente contra la población femenina de ese municipio.

Mientras se desarrollaba este análisis que sugirió la alerta, entre 2017 y 2019, Coahuila registró un incremento significativo de casos de feminicidios, pasó de 10 a 24 por año. La última cifra se ha mantenido en los últimos tres años.

TRES PROGRAMAS DE REEDUCACIÓN: ¿SON EFECTIVOS?

El gobierno de Coahuila tiene tres programas-talleres con los que se busca, a través de pláticas y terapias, reeducar a los hombres con relación a las conductas de violencia que practican y ejercen con las mujeres.

Uno lo opera el DIF Coahuila, otro la Comisión Estatal de Atención a Víctimas y un tercero la Secretaría de Salud, aunque este dejó de operar por cuestión de recursos, de acuerdo con el área de comunicación social.

“Masculinidades por la Paz”, es el programa del DIF estatal que por medio de grupos de autoayuda a la población masculina detectada por los Centros de Atención e Integración Familiar, los Centros Regionales de la Mujer, denunciados ante la Fiscalía General del Estado o los Juzgados Familiares busca concientizarlos identificando sus patrones de violencia, dando herramientas para desarrollar nuevas habilidades y evitar así replicar sus conductas.

Mayra Deyanira Guillén Charles, directora de Inclusión Social y Familiar del DIF Coahuila explicó que el programa está enfocado a adolescentes, adultos y adultos mayores. De acuerdo con la funcionaria, los talleres del programa también se imparten en los centros de readaptación social, escuelas y universidades.

El programa proporciona servicios de atención especializada, mediante la impartición de talleres, que son 10 sesiones; realiza un diagnóstico inicial y uno final, para determinar cuáles son los actos violentos que repite el usuario.

“Desde el inicio de la administración a la fecha (2018-2023), son más de 12 mil beneficiarios del programa, en 2 mil 43 grupos, y de lo que va de enero de 2023, tenemos más de 150 participantes en estos talleres de Masculinidad por la Paz”, comentó la directora del DIF.

Mayra Guillén descartó que haya registro de deserciones. “Es un programa de autoayuda, todos los que lo inician lo terminan, y tenemos la facilidad que durante la pandemia se continuó con la acción a través de zoom”.

El DIF Coahuila determina a través de un comparativo, entre una evaluación inicial y otra final, si hubo cambio en la conducta. “Si no lo hubo, y hay que tomar atención especializada por adicción o por problemas psiquiátricos, son enviados a los Centros de Salud Mental y se informa a la autoridad que lo envió para que determine si aumenta las medidas de protección para proteger a la familia o en su caso las modifica”.

La directora del área de Inclusión Social y Familiar reconoció que existen casos donde la autoayuda no da resultados favorables. “Hay ocasiones que un taller como este no es suficiente, se identifica y se continúa con una terapia individual al participante para reforzar seguimiento y atención tanto al usuario como al proceso familiar”.

Explicó que del total de la población que toma el taller, un 5 por ciento ha sido canalizada a atención especializada o seguimiento continuo y de todos los usuarios se da resultado final a la autoridad para que tomen las medidas necesarias.