Feminicidio de Gabriela en Coahuila, ¿se obtuvo justicia sin reparación del daño?

Con 23 años, después de ser víctima de violencia por su pareja, Gabriela comprendió que tenía que romper el círculo de violencia que vivía. Puso punto final a la relación sentimental que tenía con Francisco Jordán Meza Chacón y apoyada en su familia, decidió retomar sus estudios de enfermería.

Gabriela tenía un hijo y buscaba una mejor calidad de vida para ambos.

El 11 de agosto de 2019, Gabriela comentó a sus familiares que acudiría a casa de Francisco Jordán a recoger sus pertenencias. A partir de ahí, no fue localizada.

Sus padres acudieron a la Fiscalía para Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas donde omitieron tomar el reporte, como marca el Protocolo Alba, creado para la búsqueda inmediata de mujeres y niñas reportadas como no localizadas.

Ambos regresaron a la Fiscalía para conocer avances de investigación y, entre malos tratos, tuvieron que hacer de nuevo el trámite de la denuncia para que el personal de investigación iniciara la búsqueda que concluyó con la ubicación sin vida de Gabriela.

Sus restos, sin embargo, fueron encontrados parcialmente.

Dos años después del feminicidio, en 2021, Francisco Jordán fue encontrado culpable de esta muerte por el Tribunal de Enjuiciamiento Oral en donde se le dictó una sentencia de 156 años.

Esta resolución generó un sentimiento de justicia para la familia de Gabriela, pero no la estabilidad emocional ante la espera de que las autoridades ministeriales encuentren los restos completos de su hija.

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“Si bien, cuando hablamos de la sentencia y que hablamos de que la persona fue encontrada como responsable, la familia sí siente cómo esta parte de justicia”, detalló Enrique Martínez, asesor jurídico de los deudos de la persona víctima. “Pero siguen faltando los restos no encontrados de Gabriela”.

Hace un año, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), emitió la recomendación 05/2022 a la Fiscalía General del Estado y en concreto a la Fiscalía Especializada para la Búsqueda y Localización de personas Desaparecidas por violaciones a los derechos fundamentales de la persona víctima y sus deudos.

“Se instruya al Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, encargado de la integración de la carpeta de investigación X/SAL/ATPDT/X, para que, en coordinación con el personal de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, se agende una reunión con los familiares de Agraviado 1 (Gabriela), que permita, a la brevedad posible, diseñar un esquema con la finalidad de continuar con la búsqueda y localización de los restos mortales de Ag1 (Gabriela), hasta su completa localización”, refiere la recomendación.

El documento revela que los agentes ministeriales de la Unidad Especializada de Búsqueda Inmediata, hicieron manifestaciones y suposiciones encaminadas a la condición personal de Gabriela, las cuales derivaron en omisiones que causaron la desatención de investigar la razón de la desaparición.

“...el día viernes 16 de agosto del año en curso, acompañé a mi tía E3 a su domicilio para acudir a pegar folletos con la fotografía de Ag1 (Gabriela), para pegarlos en la colonia para que nos ayudaran a buscarla, ya que los de la Fiscalía en vez de buscar a Ag1 (Gabriela) dijeron puros chismes que Ag1 (Gabriela) es una drogadicta, que lo dejáramos así, que andaba de loca, defienden mucho a E2 (Francisco Jordán) actual pareja de Ag1 (Gabriela)”, testificó una familiar de la persona víctima.

La Comisión de los Derechos Humanos del estado, recomendó a la autoridad ministerial continuar la búsqueda de los restos de Gabriela, como compromiso de la reparación del daño a sus deudos. Este punto ha sido pospuesto por la autoridad ministerial que asegura a los asesores jurídicos y a la familia trabajar en un plan de búsqueda y localización.

“(Fiscalía General del Estado) dice que realiza investigaciones para trazar un plan de búsqueda, y que una vez que lo tengan se lo van a presentar a la familia para que otorgue el consentimiento de realizarlo”, dijo el asesor legal.

Lograr una sentencia alta para una persona imputada de feminicidio sin aceptar la vía del procedimiento abreviado y enfatizar la exigencia de búsqueda de los restos faltantes de Gabriela a la autoridad ministerial, tuvo su origen en la repetición del delito.

“En este proceso desde 2019, justo antes de que nosotros podamos tener una audiencia intermedia, se da otro feminicidio y la familia ahí decidió que no se quería ir a procedimiento abreviado, si no que se quería ir a juicio”.

La experiencia como usuarios del sistema de procuración de justicia, que de acuerdo a la recomendación de la CDHEC revictimizó a Gabriela y a sus familiares, al no encontrar eco en la inmediatez de la búsqueda e investigación, les llevó a continuar el proceso enfocado en esclarecer los hechos y la memoria de Gabriela.

“Las anteriores consideraciones permiten inferir que se vulneró el derecho a la legalidad y seguridad jurídica de los familiares de Ag1 (Gabriela), toda vez que los policías de investigación adscritos a la Unidad Especializada de Búsqueda Inmediata (UEBI) de la Fiscalía de Personas Desaparecidas (FPD), una vez les fue informado sobre la desaparición de Ag1, no realizaron de forma inmediata y con la debida diligencia las investigaciones necesarias que tuvieran como finalidad su localización; además sus acciones se realizaron fuera de los términos establecidos en el Protocolo Alba, diseñado para la búsqueda de mujeres en situación de desaparición, por lo que con tales omisiones incurrieron en un retraso que causó una deficiencia en el servicio que presta la referida institución”, dice la recomendación.

“...se vulneró el derecho de los familiares de Ag1 (Gabriela), en su carácter de personas en situación de víctimas indirectas, a conocer la verdad, toda vez que se advierte que la Fiscalía de Personas Desaparecidas del Estado de Coahuila de Zaragoza (FPD) omitió realizar las acciones necesarias para localizar los restos mortales de Ag1, aun cuando tienen la obligación legal de hacerlo”.

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado recomendó a la Fiscalía de Personas Desaparecidas que mediante las medidas de restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y de no repetición reparara el daño sufrido por las acciones y omisiones cometidas por sus agentes, a las víctimas indirectas.

“...esta CDHEC considera que en el presente caso es aplicable solicitar esta medida de reparación considerando que deberá ofrecerse a los familiares de Ag1 (Gabriela), la atención médica, psicológica, tanatológica y psiquiátrica especializada, además deberá brindársele servicio y asesoría jurídica tendiente a facilitar el disfrute pleno y tranquilo del ejercicio de sus derechos”, refiere la recomendación, que agrega, “Misma que deberá ser proporcionada por personal profesional especializado y prestarse de forma continua hasta que las víctimas alcancen su total sanación psíquica y emocional”.

Un año antes del feminicidio de Gabriela, el documento de resolución de la Secretaría de Gobernación respecto de una solicitud de alerta de género por violencia contra la mujer, recomendó al estado, como indispensable, fortalecer la operatividad del Protocolo Alba y agilizar la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas.

Localizar los restos faltantes de Gabriela dependen de su feminicida.

Han transcurrido más de 365 días desde que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitió la recomendación 05/2022 a la Fiscalía General de Coahuila y la fecha de arranque para la búsqueda de los restos faltantes de Gabriela, dependen de su feminicida y de la disposición del nuevo inquilino de la casa donde se le arrebató la vida.

La coordinación estatal de Protocolo Alba, a cargo de Luis Humberto Valdés Flores, quien da seguimiento a la carpeta de investigación y a la recomendación, asegura que la fiscalía cuenta ya con un plan de acción trazado en tres vertientes para dar cumplimiento a uno de los ocho puntos que integran la recomendación.

Sin fecha precisa de inicio, el funcionario ministerial adelantó que junto con el área de Servicios Periciales y la Comisión Estatal de Búsqueda, realizarán, a petición de la familia, una nueva inspección del domicilio donde vivía Gabriela con su feminicida. “...pero hay una esquinita en la que está como descarapelado el cemento, por eso la inquietud de la familia y sus representantes legales”.

De acuerdo con Valdés Flores, en 2019, cuando ocurrió el feminicidio y se hizo esta práctica con equipo K9, hombre-perro, los canes no detectaron restos humanos en el sitio. “...pero tienen ellos esa inquietud. Vamos a hacer una nueva prospección completamente en el patio, en donde vamos a utilizar un geo radar, equipo que atraviesa el suelo y detecta todo lo que no sea tierra. De acuerdo a la figura que logre detectar, determinaremos si pueden ser huesos o no, y entonces escarbaríamos”.

Concretar este primer paso depende de empatar agendas del nuevo inquilino del domicilio y de los agentes del área pericial. “Ya platicó feminicidios con él. Nada más que él nos comenta que trabaja en una fábrica, y quedó de avisarnos un día que él tuviera libre y que estuviera ahí para podernos dar el acceso de forma voluntaria. Estamos en ese inter de podernos coordinar igual que él con el personal de servicios periciales para hacerlo de forma inmediata”.

La coordinación ministerial plantea que de no obtener resultados de esta inspección, realizará una nueva búsqueda en toda la colonia Valencia. “Vamos a verificar arroyos, baldíos, ahí cerca hay otros terrenos donde no hay inmuebles. Queremos profundizar en los arroyos”.

Esta vez, dijo el funcionario, con el georradar que en su momento no se utilizó aunque la fiscalía ya contaba con la herramienta.

“Otra vez en baldíos, incluyendo obviamente en donde se encontró el torso. Nos comentan que al final de la colonia, donde se terminan las casas, hay incluso un arroyo, un pedazo de monte, más o menos grande. Insisto, sí se realizó en 2019, no con el georradar porque es para terrenos planos”.

Esta vez, dijo el funcionario, abarcarán un perímetro más extenso ante la posibilidad que los restos óseos hayan sido trasladados hasta por tres kilómetros de distancia por animales depredadores.

“En 2029 si se hizo este trabajo, pero vamos a hacer una segunda revisión por aquello que se nos haya pasado o abarcar más distancia con ánimo de localizar las demás partes del cuerpo de Gaby y solventar ese punto de la recomendación, y sobre todo para la tranquilidad de la familia y que vean el hecho del despliegue y el trabajo”.

Luis Humberto Valdés Flores aseguró que con base en territorio y temporalidad, cada resto encontrado, aunque no corresponda al caso de investigación, se somete a un cruce de ADN con los padres de Gabriela para determinar si pertenece o no a la mujer de 23 años.

“Insisto, no nos pueden dar por cumplida (la recomendación) porque (los puntos) no son concluyentes. Si no los localizamos, (los restos) siempre estará incumplida. De hecho, eso es lo que nos pasa con todas las recomendaciones que nos emite la comisión”.

La otra apuesta de la fiscalía es que la ex pareja de Gabriela, quien cumple su sentencia en un Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) en el estado de Nayarit, coopere dando la ubicación exacta de los restos de Gabriela, a cambio de “un beneficio”, explicó Valdés Flores. “Cambiarlo a un CERESO más cerca de su familia”.

“Hay que pedir permiso a los CEFERESOS y dependemos de la fecha que ellos nos den. El trámite para poder hablar con un reo federal tarda hasta tres meses, pero ya incluso debe estar la solicitud hecha”, dijo el coordinador ministerial.

Durante las audiencias judiciales por este feminicidio, Francisco Jordán declaró haber colocado los restos de Gabriela en bolsas plásticas que dejó en distintos domicilios de la colonia Valencia, un día de recolección de basura, a fin de no dejar evidencia. Si Francisco Jordán refiriera un cambio en su declaración, la búsqueda y estrategia cambiarían de curso, dijo el funcionario ministerial.

En el año 2019, la Fiscalía realizó un operativo de 32 días consecutivos en el relleno sanitario de Saltillo, en la fosa donde se coloca la basura que transportan los camiones que prestan el servicio a la colonia Valencia.

“A pesar de que inmediatamente solicitamos que en el terreno donde descargan esos camiones no se continuara con la descarga de basura, ya tenía arriba como 12 o 13 camiones. Aparte el relleno sanitario lo que hace, es dar unas horas a los pepenadores y luego lo aplanan (el terreno)”, aseguró Valdés Flores.

La opción de una nueva búsqueda en el relleno sanitario municipal ha quedado descartada por acuerdo entre autoridades y los padres de Gabriela. El coordinador del Protocolo Alba en la entidad asegura que es 99.9 por ciento imposible encontrar los restos de Gabriela en ese sitio ante la cantidad de residuos y que el paso del tiempo se han acumulado.

Desde el feminicidio, los padres de Gabriela y su hijo toman terapia psicológica como parte de la reparación del daño. De acuerdo al funcionario ministerial, los avances en los tres son favorables, solo su madre ha requerido atención más especializada.

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La Comisión de los Derechos Humanos también recomendó a la Fiscalía General de Coahuila resarcir con un monto económico las omisiones de su personal al momento de la denuncia y que les instruyan a actuar de manera inmediata frente a la desaparición de una mujer. El monto comenzó a pagarse hace tres meses, en abonos.

“Nos dieron la oportunidad, porque les expusimos la situación de como poder liquidar esta cantidad”, informó Valdés Flores. “Ahorita ya se les ha dado tres mensualidades, se firmó un convenio por escrito con el área jurídica y se va a continuar hasta cumplir las 12 mensualidades”.

Los ocho puntos de la recomendación 05/2022 los tiene la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por cumplidos parcialmente, “porque todos, absolutamente todos, son puntos recomendatorios que nos obligan a realizar acciones que no son concluyentes, todos ameritan una periodicidad que se tiene que ir cumpliendo poco a poco”.

Justicia Restaurativa, una opción que repara a la comunidad.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) define a la justicia restaurativa como una “respuesta sistemática y evolucionada el delito” que se enfoca en causas del mismo, necesidades y responsabilidades individuales y colectivas, incluyendo en estos abordajes a la persona víctima, la comunidad y a la persona que está siendo investigada, imputada, acusada o fue sentenciada.

Ariadna Osorio, Maestra en Derecho Procesal Penal y miembro del Instituto Internacional de Justicia Restaurativa y Derecho (IIDEJURE) explicó que este principio legal, además de trabajar en una reparación directa con la persona que comete la conducta delictiva, también trabaja en responsabilizar activamente a quienes cometen este tipo de violencias.

Desde la imposición del sistema penal, esta obligación es vista por las personas en conflicto con la ley como una carga, algo que no se desea hacer, mientras que desde la justicia restaurativa lo que se trabaja es que la persona que comete estas violencias quiera reparar el daño.

“Es muy diferente hablar de debo reparar a quiero reparar. Versa en trabajar en la responsabilidad activa de la persona que comete la conducta y esto la lleva a hacer reparaciones que no solamente están enfocadas a realizarse para terminar un procedimiento”.

De acuerdo con la especialista, la reparación del daño por la vía económica es la más rápida, pero deja de lado las necesidades que tiene que ver con la persona víctima, con lo que vivió, con sus familiares.

“¿Qué pasa con la familia de la víctima?, no solamente se trata de una cuestión económica, sino de atender otras necesidades importantes, y ahí es donde entra la justicia restaurativa, porque además de trabajar en la responsabilidad activa de quien comete la violencia, para que quiera reparar el daño, también tenemos que trabajar con quienes viven esta violencia”, resaltó Ariadna Osorio.

En el caso de los feminicidios y la repetición de los mismos, la maestra en derecho procesal penal dijo que son las mujeres víctimas de violencia, las personas de alguna manera ofendidas también.

“A veces, estas necesidades van mucho más allá de recibir un pago económico que, me parece muy importante, pero además de eso hay otras cosas que a veces las personas necesitan, cómo saber qué fue lo que pasó. Al menos tener una explicación de ello, ¿por qué sucedió?, ¿Cuáles son las afectaciones que puede haber a futuro de las personas que recibieron esta violencia o de los familiares?. Se me viene a la mente todos esos niños, niñas que se quedan sin su madre cuando son víctimas de estos feminicidios. ¿Qué pasa con estas personas?, ¿quién les da seguimiento?”.

Ariadna Osorio resaltó que las personas víctimas directas e indirectas de violencias tienen derecho a encontrar espacios seguros, a tener atención psicológica y médica, pero sobre todo, tiene derecho a ser tomadas en cuenta por las autoridades judiciales que determinan los casos para garantizarle a la comunidad una reparación del daño completa.

“Si solamente la enfoco a la parte económica o solamente la enfoco en la persona que ya desafortunadamente falleció, pero no la enfoco en todas las personas que están alrededor, y todas las demás personas que seguimos teniendo miedo de salir a la calle, miedo de relacionarnos con una persona pensando en que podemos ser víctimas de este tipo de violencia, entonces pues hay un montón de comunidad afectada”.

La justicia restaurativa también trabaja en atender las necesidades de quien comete las violencias. Primero las identifica, luego trabaja en la responsabilidad para reparar el daño y para no repetir estas conductas. Esto es importante, trabajar en las personas en la no repetición de sus conductas.

“El mismo estado tiene responsabilidades que atender”, aseveró la especialista en derecho procesal penal. “Creo que los resultados no han sido los más esperados porque la violencia no ha disminuido, si no, por el contrario, se ha acrecentado y eso ya no es algo que le corresponda a quien comete la conducta de feminicidio, si no es responsabilidad del estado y de todas las autoridades que están alrededor de estos temas”.

Datos del Poder Judicial de Coahuila revelan que de 167 feminicidios ocurridos en la entidad, 83 han concluido con sentencia en contra de la persona imputada.