Rechaza FUUNDEC imposición de la nueva Comisionada Nacional de Búsqueda por falta de transparencia en proceso
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Diversas organizaciones de Derechos Humanos, incluyendo FUDEC-FUDEM, expresaron su descontento, argumentando que el proceso fue opaco y que la designada carece de experiencia en la búsqueda de personas desaparecidas
El pasado lunes 23 de octubre, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún fue designada como la nueva Titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) por la Secretaría de Educación. Este proceso generó críticas debido a la falta de transparencia, lo que provocó el descontento de diversos organismos de Derechos Humanos y colectivos de búsqueda, entre ellos FUUNDEC-FUNDEM, quienes rechazan la designación y muestran su desaprobación hacia la nueva titular de la CNB.
De acuerdo con un comunicado emitido por Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México, se oponen rotundamente a esta designación, calificando el proceso como “opaco” y simulado por parte de la Secretaría de Gobernación desde la renuncia de la antigua titular, Karla Quintana, a finales de agosto de este año.
FUUNDEC-FUNDEM argumenta que Teresa Guadalupe no cumple con los requisitos establecidos en la fracción V y VI del artículo 51 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares. “Su currículum dice claramente que no tiene conocimiento en el tema de la búsqueda de personas desaparecidas, por lo tanto, no debe estar al frente de dicha comisión”, mencionaron.
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Además, señalan que la nueva titular fue impuesta en un proceso simulado por el Gobierno Federal. Expresan su cansancio ante la imposición de compromisos políticos partidistas por encima de los derechos de las familias de personas desaparecidas. Critican la designación de funcionarios sin experiencia y estrategias que revictimizan a las personas afectadas, sin tomar en cuenta su voz, conocimiento y manejo de la información en estos asuntos.
En este contexto, exigen una verdadera voluntad política para la búsqueda de las casi 115 mil personas desaparecidas en el país. Solicitan que no se mezclen intereses políticos y que se respeten las instituciones creadas de acuerdo a la Ley de Desaparición Forzada al tomar estas decisiones.
El comunicado concluye destacando que este tipo de acciones desalienta y genera desconfianza en una institución cuyo proceso de selección se ve “empañado”. Por lo tanto, también exigen un nuevo proceso de selección, esta vez transparente y con la participación activa de las familias afectadas.