“Es importante aclarar que aún cuando no existe ninguna prueba de que el Ejército haya participado en la desaparición de los jóvenes, hemos actuado en contra de los militares que pudieron haber cometido los delitos de vinculación con la delincuencia organizada, o de omisión al no haber actuado para evitar los actos de violencia en contra de los jóvenes”, dice el escrito.
