Rubén Moreira, diputado por Coahuila, demanda acciones urgentes para erradicar la escasez de medicinas en el sistema público

Ante la persistencia de la falta de medicamentos en hospitales y clínicas públicas, el diputado federal por Coahuila, Rubén Moreira Valdez, presentó un punto de acuerdo para exigir a las autoridades sanitarias federales la implementación de medidas que garanticen el suministro oportuno de fármacos e insumos médicos en todo el país.

La propuesta busca exhortar a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y al IMSS-Bienestar a fortalecer las estrategias de distribución, transparentar el porcentaje real de recetas surtidas y dar a conocer los resultados de los programas dirigidos a pacientes que requieren tratamientos oncológicos y de alta especialidad.

El legislador priista advirtió que, pese a los mecanismos anunciados por el Gobierno Federal para mejorar las compras y la logística de distribución, continúan registrándose reportes de desabasto en distintas entidades, situación que, afirmó, compromete el derecho de la población a recibir atención médica integral.

Moreira Valdez señaló que la insuficiencia de medicamentos obliga a miles de pacientes a adquirir por cuenta propia los tratamientos prescritos, generando una carga económica que afecta especialmente a las familias con menores ingresos.

En ese sentido, recordó que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que el gasto de bolsillo sigue representando una parte importante del desembolso que realizan los hogares mexicanos para acceder a servicios de salud, incluyendo consultas, estudios, tratamientos y medicinas que no son proporcionados por las instituciones públicas.

El exgobernador de Coahuila añadió que cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ubican a México entre los países con mayor proporción de gasto directo de las familias en materia sanitaria, estimado en alrededor del 40 por ciento, porcentaje que duplica el promedio registrado entre las naciones integrantes del organismo.

Finalmente, sostuvo que esta problemática no solo pone en riesgo la continuidad de los tratamientos médicos, sino que también incrementa la posibilidad de que los hogares enfrenten gastos catastróficos que limiten su capacidad para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda y educación, por lo que insistió en la necesidad de una respuesta institucional eficaz y permanente.