Investigan por fraude a empresario en Saltillo; pagaba con cheques sin fondos

Saltillo
/ 3 abril 2025

Hoy fue la audiencia de vinculación a proceso; los afectados señalaron haber sido subcontratados por el imputado, pero les pagó con cheques ‘de hule’

Juan Manuel Gerardo N., empresario de Monterrey y propietario de la empresa Energía y Megaobras de México, fue vinculado a proceso por el delito de fraude tras comparecer en la sala del Centro de Justicia Penal de Saltillo. La audiencia, presidida por el juez Guillermo Maldonado Benavides, se llevó a cabo la tarde del miércoles bajo la causa penal 2658/2024.

La denuncia contra el empresario fue interpuesta en marzo de 2021 en la Unidad de Investigación en Asuntos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado. Según la investigación, el imputado contrató a la compañía ELEMAC, dirigida por Julio César N., para la instalación de una subestación eléctrica en un club campestre. Para ello, emitió dos cheques que sumaban 621,180 pesos, pero ambos fueron rechazados por falta de fondos.

Durante la audiencia, el acusado negó que las firmas en los documentos le pertenecieran y culpó a un socio de nombre Gerardo. Sin embargo, la Fiscalía determinó que él era la única persona autorizada para la emisión de los documentos.

TE PUEDE INTERESAR: Accidente en Arteaga deja dos personas lesionadas y tres autos dañados... uno de ellos terminó volcado

La asesora jurídica de la parte afectada, Dina del Pilar Ortega, señaló que el empresario cuenta con antecedentes similares en Allende, Nuevo León, y Monclova, Coahuila, además de operar con domicilios falsos y empresas fantasma en Saltillo. También se presentó evidencia de que su empresa utiliza otra razón social, “IMAS”, con direcciones inexistentes. Se expusieron documentos y un convenio previo incumplido por el acusado, lo que reforzó las pruebas en su contra.

El juez determinó vincularlo a proceso, pero no le impuso medidas cautelares a pesar de que no cuenta con un domicilio fijo en Saltillo y podría evadir la justicia. Se concedió un plazo de dos meses para que el imputado llegue a un acuerdo con la parte afectada, advirtiéndole que, de no cumplirlo, se podría girar una orden de aprehensión en su contra.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM