Desalojan a más de 150 familias en el fraccionamiento Ana de Torreón tras invadir predio por más de 10 años
TORREÓN, COAH. – Más de 150 familias fueron desalojadas este jueves de las viviendas que habían construido hace más de una década en terrenos que originalmente funcionaban como basurero, en el fraccionamiento Ana, al norte de Torreón. La acción, ordenada por un juez penal, solicitó el apoyo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la Policía Estatal para hacer cumplir la restitución del predio, propiedad de un particular.
Desde primeras horas del día, la maquinaria pesada comenzó a derribar las viviendas, construidas principalmente de block, ladrillo, cartón y madera. Mientras tanto, los afectados intentaban trasladar sus pertenencias, cargando muebles y enseres en todo tipo de vehículos, mientras que otros optaron por prender fuego a las casas, especialmente aquellas hechas de materiales menos resistentes, como cartón y madera.
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La situación se tornó tensa, ya que un grupo de abogados y policías estatales trataban de calmar los ánimos de los vecinos que, visiblemente molestos, se acercaban a confrontar a las autoridades. Las mujeres, en su mayoría, exigieron aclaraciones sobre la legalidad del desalojo, dado que la orden judicial estaba a nombre de una persona llamada Macrina y no de los actuales residentes. “La orden de desalojo no es válida, está dirigida a otra persona”, argumentaron los vecinos entre gritos, mientras veían cómo sus hogares eran derrumbados.
El abogado que representaba al propietario del terreno respondió que la orden era general y que, en ella, se especificaban las delimitaciones y coordenadas del predio. Además, señaló que tanto un perito de la Fiscalía como uno privado habían confirmado las colindancias, y explicó que el desalojo correspondía a la restitución de una propiedad que le pertenecía a su cliente.
Ante la furia de los residentes y los incendios provocados por algunos de ellos, también se requirió la presencia de los elementos del Cuerpo de Bomberos para sofocar las llamas que se extendían entre los escombros.
Según confirmaron fuentes de la Fiscalía General del Estado, los terrenos eran propiedad de un particular que había solicitado el desalojo. En tanto, el juez penal que emitió la orden solicitó el apoyo de las autoridades municipales y estatales para cumplir con el procedimiento. Aunque las autoridades señalaron que la orden de desalojo estaba debidamente sustentada, los vecinos aseguraron no contar con un lugar a dónde ir y denunciaron que el proceso no había tomado en cuenta sus años de residencia en la zona.
