Alerta relatora de la ONU: destitución de jueces podría retrasar la justicia

CDMX.- Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), resaltó que el acceso a un poder judicial independiente e imparcial es un derecho humano esencial para proteger los derechos y controlar los abusos de poder.

“Con la votación de la Reforma Judicial acercándose en el Senado mexicano, me gustaría recordar que el acceso a un poder judicial independiente e imparcial es un derecho humano esencial”, expresó.

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Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado de la República avalaron la iniciativa y la enviaron al Pleno para su discusión entre todos los integrantes de la Cámara Alta.

Satterthwaite explicó que las elecciones judiciales a veces se presentan como una forma de mejorar la democracia, pero se corre el riesgo de priorizar la política.

La relatora especial señaló que la destitución repentina de muchos jueces podría retrasar la justicia y dañar el derecho a un juicio justo.

Un mes antes, Satterthwaite había expresado su postura sobre la propuesta de reforma al Poder Judicial, alertando que la iniciativa representa un riesgo para la independencia judicial.

“Reitero mis profundas preocupaciones sobre sus amplias implicaciones para la independencia judicial en todo México. Insto a las autoridades a reconsiderar detenidamente la propuesta, dando el peso adecuado a la garantía de derechos humanos de la independencia judicial”, manifestó a finales de agosto.

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Satterthwaite había señalado que se documentaron casos de intimidación de jueces y se presentaron reportes de interferencias en la independencia judicial a través de ataques verbales “que incluyen amenazas, por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo en contra de ciertos jueces”.

“Estas preocupaciones se intensificarían en el contexto de desconfianza que podría existir alrededor de los procesos de selección judicial que se llevan a cabo en medio de alegaciones sobre corrupción, tráfico de influencias y falta de mecanismos efectivos para la participación de la sociedad civil”, expresó cuando el dictamen fue avalado por la Cámara de Diputados.