Caso María Elena Ferral: Un asesinato entre el poder político y criminal
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Una investigación de Alianza de Medios MX ofrece, por primera vez, la trama que grupos políticos poderosos en el norte de Veracruz diseñaron y en el que estarían involucrados más de una decena de personas para cometer el crimen de una de las más importantes periodistas de la región, porque sus revelaciones hacían peligrar intereses
El 21 de marzo de 2018 a las dos de la tarde, la periodista María Elena Ferral recibió una llamada de su colega Leobardo Vázquez Atzin, dueño del portal Enlace Informativo Regional. La voz al otro lado le dijo, casi sin respirar, que había recibido un mensaje por computadora que decía: “Te va a cargar la verga, marrano”.
Ferral le pidió unas horas a su amigo para juntar dos mil pesos y llevarlo desde el municipio de Gutiérrez Zamora hasta Xalapa, para denunciar las amenazas y solicitar medidas cautelares para él.
Pero no le dio tiempo. Seis horas después, a las ocho de la noche, Elena lo llamó para decirle que saldrían temprano al día siguiente; sin embargo, quien contestó fue su esposa. Ivonne atravesaba una crisis nerviosa: “Lo acaban de venir a matar”, gritó.
Segundos antes de esa llamada, Leobardo fue asesinado frente a su familia mientras sazonaba cebollas en el patio de su casa, donde por las noches vendía tacos.
“Me lo ganaron”, le dijo Ferral a otro compañero del gremio. A partir de ese momento emprendió una búsqueda con contactos de todo tipo, hasta que entregó a las autoridades nombres y apodos de los presuntos responsables. Sin miedo, señaló a cuatro hombres ligados al cártel de Los Zetas. Dos de ellos, (Abraham “N” y Wenceslao “N”), fueron detenidos e imputados por el crimen de Leobardo Vázquez entre 2018 2019. Otro fue asesinado y el cuarto permanece prófugo.
La periodista simplemente resolvió el caso. Si algo había acumulado en 30 años de carrera, eran las mejores fuentes en todo el norte de Veracruz. Ferral conocía los abismos del poder en un territorio que abarca cuatro mil 300 kilómetros cuadrados y 20 municipios que, por su ubicación, concentran una compleja red de poder político y económico en la región Totonaca y parte de la Huasteca. Así ella se convirtió en objetivo para ser asesinada.
REVELACIONES
El periodista Leobardo Vázquez no fue el único que buscó a María Elena cuando la muerte lo acechó. También lo hicieron políticos y líderes taxistas, quienes recurrieron a ella para contarle sobre las amenazas que habían recibido y los temores que enfrentaban ante la disputa por el poder. Todos los que la buscaron fueron asesinados.
Es por eso que sus columnas fueron documentando la violenta lucha por los intereses en juego en un territorio en el que por décadas caciques han concentrado y heredado cargos públicos a familiares.
Pero el poder político no fue lo único que Ferral exhibió. En esta zona de Veracruz, por la costa, atraviesa la carretera federal 180 que recorre seis estados del país y llega hasta la frontera con Estados Unidos. Conecta el tránsito de insumos esenciales para el comercio, pero también es una ruta indispensable para la migración, trata de personas, tráfico de drogas y combustible robado, de acuerdo con informes oficiales.
El 12 de marzo de 2020, una columna que podría parecer como tantas otras, no lo fue, decidió su vida. En su sitio web Quinto Poder de Veracruz, bajo el título “Polaca Totonaca”, Elena advirtió que la lucha por el poder, esta vez, sería “encarnizada”.
Alianza de Medios MX investigó las posibles causas que provocaron el asesinato de Ferral, y una de las más fuertes hipótesis es que los grupos de poder de la región consideraban necesaria su muerte.
En este entramado aparecen por lo menos 11 personas. A la fecha, seis personas fueron detenidas por el asesinato de Ferral, señalados como presuntos autores materiales. El resto —considerados autores intelectuales y cómplices—, están prófugos.
Sin embargo, las pesquisas y el cumplimento de las órdenes de captura se detuvieron. Una explicación podría encontrarse en que la responsable de investigar el crimen de Ferral, Marcela Aguilera (Fiscal de investigaciones ministeriales), tuvo una relación política estrecha con el presunto artífice de todo: Camerino Basilio Picazo Pérez.
Así, las predicciones de Ferral se cumplieron. Nueve políticos posiblemente ligados con el crimen, al frenarse las pesquisas, lograron competir en las pasadas elecciones del 6 de junio. Unos fueron derrotados en las urnas; pero otros, en cambio, se sumaron al proyecto de Morena a través de sus familiares y tomaron posesión como diputados locales y alcaldes.
EL INTERÉS OCULTO
El norte de Veracruz es una de las zonas más codiciadas en la entidad por sus riquezas, especialmente las del subsuelo.
En esa región Totonaca, Papantla despierta el mayor interés político y económico, por ser el municipio más grande del norte veracruzano, con 160 comunidades. Pero también es una muestra de que el poder se hereda. Dos integrantes de una misma familia, Los Romero, gobernaron Papantla los últimos seis años. El perredista Mariano Romero González, sucedió en 2018 a su tío, Marcos Romero Sánchez.
Marcos Romero es un personaje clave ligado al grupo político denominado Totonacapan, organización a la que Elena Ferral siguió la pista hasta su muerte, y acusó de cometer una serie de asesinatos en el municipio vecino de Gutiérrez Zamora (donde ella nació) para ampliar sus dominios en ese feudo veracruzano.
El líder del Grupo Totonacapan, expuso Ferral en sus columnas, es Basilio Picazo, exdiputado de Papantla, exalcalde de Coyutla y desde 2019 prófugo de la justicia, acusado de ser el autor intelectual del asesinato de la periodista.
EL GRUPO TOTONACAPAN
Elena Ferral se refería en sus columnas al Grupo Totonacapan como los dueños del poder en Papantla y sus alrededores durante las últimas dos décadas. Y no mentía. Dos hombres figuran como pilares de esta organización: Basilio Picazo y Rómulo Salazar Macías (fallecido en octubre de 2021).
Picazo fue 2 veces presidente de la Asociación Ganadera de Coyutla, la última hasta antes de que se fugara. También fue alcalde de ese municipio de 2001 a 2004; funcionario en el gobierno de Javier Duarte, y diputado por Papantla entre 2016 y 2018.
Los señalamientos de corrupción y abuso de poder contra Basilio se dieron desde los primeros meses de su administración como alcalde de Coyutla. En 2004, el entonces síndico Miguel Alonso Vázquez y la regidora Hortensia Escudero, acusaron a Picazo por desvíos de recursos ante el Congreso local y el Órgano de Fiscalización estatal.
El 24 de abril de 2005, Miguel Alonso Vázquez ratificó su denuncia por corrupción contra Picazo. Trece días después, el exsíndico fue asesinado. Días antes del atentado, el político buscó a Ferral para revelarle un dato: Había recibido amenazas de Picazo. “A mi mamá el síndico le declaró que Basilio con un arma le dijo que lo iba a matar. A los pocos días lo matan”, contó Fernanda Ferral, hija de la periodista.
Por el crimen del exsíndico Vázquez fueron detenidos en julio de 2005 dos autores materiales: Vicente Rodríguez Lazcano y Rodolfo Carballo Rivera. Uno de ellos declaró haber recibido 70 mil pesos de Picazo, según consta en la causa penal 116/2005.
Dos exprocuradores de justicia de Veracruz -el hoy notario Emeterio López Márquez y Salvador Mikel Rivera (fallecido en 2015)- no lograron capturar a Basilio. Pero, además, en febrero de 2009, Salvador Mikel solicitó a un juez de Papantla la revocación de la orden de aprehensión girada contra Picazo y dio por concluidas las pesquisas.
En cuanto a Rómulo Salazar, considerado otro de los líderes del Grupo Totonacapan, fue candidato a alcalde de Papantla por el PRI y diputado federal. Y también fue señalado por Ferral de un ataque en su contra en 2012. Aquella ocasión, hombres dispararon contra ella y su familia en una carretera de Papantla; la periodista impactó su carro contra un tráiler y sufrió lesiones. Sus agresores, dijo entonces, huyeron.
LA FISCAL AMIGA
En 2016, María Elena Ferral denunció penalmente a Basilio Picazo, entonces candidato a la diputación local por Papantla, a propuesta de la Confederación Nacional Campesina (CNC), entonces una agrupación muy poderosa en Veracruz. La periodista lo señaló de sostener frente a reporteros que a ella “le quedaban pocos días de vida” y eso empañaba su campaña.
Picazo coincidió y mantuvo amistad con la hoy fiscal Marcela Aguilera, quien fungió durante años como secretaria de la CNC de Veracruz, cargo ubicado sólo por debajo del entonces presidente, Juan Carlos Molina, asesinado en 2019. Aguilera fue también diputada por Cosamaloapan, entre 2014 y 2016, y al igual que Picazo, su candidatura fue propuesta por la CNC.
Cuatro años después, Aguilera fue designada fiscal de investigaciones ministeriales por la Fiscal general de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, quien ha reconocido públicamente su amistad con ella. Aguilera es la responsable directa de investigar y capturar a Picazo por el crimen contra Ferral. Alianza de Medios MX solicitó una entrevista con la funcionaria para que aclarara su cercanía con Picazo, pero no hubo respuesta.
LA DECISIÓN DE MATARLA
Ferral explicó en su columna “Polaca Totonaca” por qué meses antes de definirse las candidaturas de cara a 2021 en esa región fueron asesinadas tres personas, dos de ellas, potenciales aspirantes a la alcaldía de Gutiérrez Zamora. Las víctimas fueron: Alberto René Cancino Álvarez, Martín Villanueva Malpica y José Ramón Pérez Cano.
La periodista atribuyó estas muertes al Grupo Totonacapan. “Esto que se observa es apenas el comienzo de la lucha por el poder, de aquellos caciques que no se detienen ante nada, ni ante nadie”, escribió.
A diferencia del pasado, Ferral ya no sólo escribiría de las elecciones en cada una de sus columnas, sino que sería protagonista. Había aceptado ser candidata a gobernar este municipio donde nació en 1968.
Tres días después de la publicación, el 15 de marzo, Basilio Picazo compartió en su Facebook un post de María del Carmen Álvarez Santiago, quien escribió: “Ella es María Elena #Fecal, perdón, María Elena Ferral”.
Álvarez fue titular del Instituto Municipal de la Mujer en Coyutla, en el gobierno del sobrino de Basilio.
Catorce días después Elena fue interceptada y asesinada por dos hombres frente a una notaría de Papantla.
El 7 de mayo de 2020, Verónica Hernández, fiscal general de Veracruz, confirmó que fueron giradas órdenes de aprehensión contra 11 personas presuntamente involucradas con el crimen de Ferral. Uno de ellos, Basilio Picazo, como autor intelectual del crimen.
Ferral, dijo entonces, fue asesinada “por su labor periodística”. Seis hombres ya fueron detenidos, entre ellos un reportero, José “N”, quien fue señalado por facilitar información a un grupo criminal.
El asesinato de Elena Ferral quedó registrado en la grabación de un comercio de Papantla. Allí también fueron captados los rostros de dos testigos presenciales. Uno de ellos, Emmanuel Marut Sangreal, conversó por varios minutos con ella hasta que dos motociclistas la atacaron a quemarropa.
Emmanuel Marut aparentemente se careó con los dos asesinos; luego subió del lado del copiloto a un vehículo Jetta y se marchó del lugar, sin ayudar a la periodista o avisar a sus familiares, a quienes conocía.
Toda esta escena marcó el comienzo de una investigación que terminó por revelar nexos de 11 presuntos implicados con el Grupo Totonacapan, pero también la forma en que cada uno habría participado.
Uno de los sospechosos, quien aún no ha sido imputado por este asesinato, pero es investigado por la SSP, es Pedro Martínez Castillo, exdelegado de la Fuerza Civil en Papantla con el distintivo “Apolo”.
“Elena mencionaba que con Basilio tenía problemas y que la quisieron matar; y señalaba a Basilio y decía que eran asesinos, que eran malos. Por eso no le hice mucho caso cuando me fue a visitar”, declaró Martínez Castillo. Ante la pregunta del ministerio público. —¿Lo investigó? — contestó: “No, porque ella me decía que la había mandado a tumbar y ya no le moví”.
Una persona importante en la investigación, también prófugo, es Jaime Núñez Aróstegui, alias “El ingeniero”, quien, revelaron fuentes policiales, sería el dueño del arma que accionaron contra Ferral y es líder de un grupo de asaltantes y sicarios en esa región.
La lista de prófugos la completa Luis Ángel “N”, alias “La Wicha”. Luis Ángel también es integrante del grupo presuntamente liderado por Jaime Núñez.
A estos nombres se suma el de Efraín Rivera, exregidor séptimo en Papantla. Él es un líder taxista que pertenece al grupo político de Picazo, quien impulsó su carrera.
Luego de más de 35 años de ejercicio periodístico, a sus casi 52 años, María Elena Ferral no tenía casa propia y era común que el dinero escaseara. Soñaba con comprar una casa junto al río Tecolutla, pero eso sólo podría ocurrir después de que su hija Fernanda se graduara como abogada, y su pequeño hijo Luis como médico. Pero ahora está muerta.
