Cita FGE a Bonilla por caso de Next Energy
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Antes de ingresar, el ex morenista confirmó que recibió una citatoria, pero dijo desconocer la razón
El ex Gobernador Jaime Bonilla, ahora del PT, acudió ayer a la Fiscalía de Baja California para comparar en una diligencia penal ante las acusaciones de uso ilícito de atribuciones y facultades en el caso de Next Energy, una planta fotovoltaica que no se realizó.
Antes de ingresar, el ex morenista confirmó que recibió una citatoria, pero dijo desconocer la razón.
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”De hecho, no sé cuáles son las acusaciones, tengo entendido que ese es el tema (Next Energy), sólo hay un delito de abuso de facultades. Quisiera saber cuáles son los abusos, nunca se me ha notificado nada, hasta ahora”, dijo.
En su conferencia matutina, la Gobernadora morenista Marina del Pilar Ávila aseguró que no se trataba de una “cacería de brujas” y precisó que no había sido citada porque tenía fuero, y hubo que seguir el proceso pues, en caso contrario, ella incurriría en un daño patrimonial.
”El señor tenía fuero, se le acabó, y muchos hubieran pensado que al primer minuto del 1 de septiembre hubieran estado tratando de movilizar a la Fiscalía y al Poder Judicial y demás, no es mi caso, no es una cacería de brujas, ni revancha política”, aseveró.
Por su parte, el Consejero Jurídico, Juan José Pon Méndez, indicó que el pasado 30 de agosto el ex Gobernador presentó ante la Fiscalía un escrito en el que señalaba un domicilio, y la dependencia tenía que cerciorarse de que la información fuera real, por eso el citatorio.
Detalló nueve personas ya han sido vinculadas a proceso por este caso; ocho de ellas, con apertura a juicio; cinco, son ex servidores públicos, y tres particulares, por los delitos de uso ilícito de atribuciones, y facultades cometidas por particulares, así como peculado.
Banca Afirme, por su lado, no ha dejado de insistir en cobrar 4 mil 500 millones de pesos que había prometido Bonilla para el proyecto, e incluso promovieron un amparo.
La planta fotovoltaica fue una promesa del ex morenista en el kilómetro 31 de la carretera Mexicali-San Felipe; pero no se consiguieron los permisos federales.
Aún así, continuó con la contratación e hizo un primer pago a Banca Afirme con participaciones federales del estado.
La administración actual busca que se devuelvan los 123 millones de pesos que ya se habían entregado.