Descalificó España a Peña Nieto para darle un visado discrecional
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CDMX.- El expresidente Enrique Peña Nieto lleva casi dos años instalado en España gracias a un visado dorado, un permiso muy exclusivo reservado a grandes inversionistas extranjeros. Pero antes de lograr definitivamente la autorización por la compra de un local comercial de más de medio millón de euros (10.5 millones de pesos mexicanos), el exmandatario del PRI intentó otra vía para conseguir su residencia en España.
El expresidente llegó a solicitar una autorización de residencia por supuestos excepcionales, no previstos en el Reglamento de Extranjería. España, sin embargo, no admitió su solicitud a trámite “por no cumplir los requisitos exigidos para ello”.
La información es de la Secretaría de Estado de Migraciones y responde a varias preguntas planteadas por el diputado de la formación nacionalista vasca de EH-Bildu Jon Iñarritu.
La solicitud fallida que Peña Nieto realizó se ampara en una disposición adicional del Reglamento de la ley de Extranjería que permite a la Administración otorgar autorizaciones de residencia cuando existan circunstancias excepcionales de naturaleza económica, laboral o social que lo aconsejen.
La Administración suele usar esta figura discrecional para beneficiar a perfiles de extranjeros muy vulnerables, afectados por casos de enfermedad o violencia. En el caso de Peña Nieto, la Administración consideró que no concurría ninguna circunstancia excepcional que justificase que el expresidente se saltase los canales habituales.
Tras la negativa, Peña Nieto, asesorado por un prestigioso despacho de abogados, decidió optar por la vía con la que los grandes inversionistas logran sus papeles en España.
Según revela la Secretaria de Migraciones en su respuesta al diputado, EPN adquirió un local comercial por 570 mil euros (11.4 millones de pesos). Con esta fórmula, el mexicano logró sus papeles en octubre de 2020.
Posteriormente, el expresidente lo puso en venta en julio. La oferta se publicó horas después de que se anunciara la primera investigación en su contra. El 7 de julio, la Unidad Inteligencia Financiera (UIF) anunció que la FGR seguía la pista del exmandatario del PRI por cobrar presuntamente más de 26 millones de pesos a través de un esquema de transferencias irregulares desde el extranjero.
