Incauta Ecuador 204 toneladas de droga
Se acercan al promedio de los últimos tres años
QUITO.- Ecuador incautó desde enero y hasta septiembre un total de 204 toneladas de drogas, casi el promedio anual de estupefacientes decomisados en los últimos tres años.
La ministra del Interior, Mónica Palencia, precisó en una rueda de prensa que esa cifra significa “un 25% más que las 163.9 toneladas decomisadas en el mismo período de 2023” y lo atribuyó al trabajo combinado de unidades de la policía y del ejército.
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Añadió que “estamos haciendo un gran esfuerzo por salir adelante y este es un proceso”.
En todo 2023 se decomisaron 211 toneladas de estupefacientes —especialmente cocaína— mientras que en 2022 fueron 201 toneladas y el año anterior 210 toneladas.
Para el excoronel de inteligencia militar y asesor en temas de seguridad Mario Pazmiño, “el aumento de los decomisos es positivo” aunque a su vez demuestra que hay mayor producción de drogas en los departamentos colombianos de Nariño y Putumayo, “que abastecen las rutas de la droga del océano Pacífico y de la Amazonia”.
En declaraciones a The Associated Press dijo que desde Colombia llegaban a Ecuador unas “800 toneladas anuales para ser enviadas al exterior y que esa cifra ha aumentado, lo que tiene como consecuencias “más capturas de droga en Ecuador y más violencia por el control de las rutas y los sitios de acopio en nuestro país”.
Las autoridades han admitido que Ecuador dejó de ser un país de tránsito en la cadena del narcotráfico para ser considerado en la actualidad un centro logístico en el que se acopia, almacena y distribuye la droga que ingresa especialmente desde la frontera con Colombia y que es transportada desde puertos ecuatorianos a destinos internacionales.
El país está enclavado en medio de los dos mayores productores de cocaína del mundo, Colombia y Perú.
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Ecuador se encuentra bajo un decreto de conflicto armado interno desde inicios de enero que busca hacer frente a la desbordada violencia desatada por bandas criminales relacionadas con cárteles de Colombia y México.
El decreto, suscrito por el presidente Daniel Noboa, permite la acción coordinada de la policía y el ejército para el control de la seguridad interna, en las calles y en las cárceles.
