En los estados que no subsidian los medicamentos contra la obesidad, es como si esos fármacos no existieran

VIRGINIA OCCIDENTAL- Bailey sostiene que alrededor de una cuarta parte de las personas que atiende en su pequeña clínica del condado de Wyoming se beneficiarían de los medicamentos para perder peso, entre los que se incluyen Ozempic, Zepbound y Mounjaro. Estos fármacos han hecho que algunos de ellos pierdan entre el 15 por ciento y el 20 por ciento de su peso. Pero la mayoría de las personas de la zona en la que trabaja no tienen un seguro que cubra el costo, y prácticamente nadie puede costear precios de entre 1000 y 1400 dólares al mes.

“Ni siquiera mis pacientes más ricos pueden permitírselo”, dijo Bailey. A continuación, mencionó algo que dicen muchos médicos de Virginia Occidental, uno de los estados más pobres del país y que tiene la mayor prevalencia de obesidad con un 41 por ciento: “Hemos hecho una división entre los que tienen y los que no tienen”.

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Estas disparidades empeoraron en marzo, cuando la Agencia de Seguros para Empleados Públicos de Virginia Occidental, que paga la mayor parte del costo de los medicamentos recetados a más de 75,000 profesores, trabajadores municipales y otros empleados públicos y sus familias, canceló un programa piloto que cubría los fármacos para adelgazar.

Algunas aseguradoras privadas ayudan a pagar los medicamentos para tratar la obesidad, pero la mayoría de los programas de Medicaid solo lo hacen para controlar la diabetes, y Medicare sólo cubren Wegovy y Zepbound cuando se prescriben para tratar problemas cardíacos.

En el último año, los estados han intentado, en medio de una demanda creciente, determinar hasta dónde ampliar la cobertura de los empleados públicos. Este año, Connecticut va camino de gastar más de 35 millones de dólares a través de una iniciativa limitada de cobertura para la pérdida de peso. En enero, Carolina del Norte anunció que dejaría de pagar los medicamentos para adelgazar después de destinar 100 millones de dólares en 2023, el 10 por ciento de su gasto en medicamentos con receta.

Ese problema no es exclusivo de los programas públicos. Blue Cross Blue Shield de Míchigan, la mayor aseguradora del estado, pagó 350 millones de dólares por las nuevas clases de medicamentos para la obesidad y la diabetes en 2023, una quinta parte de su gasto en medicamentos recetados y, a principios de este mes, anunció que eliminaría la cobertura de los fármacos de la mayoría de los planes comerciales.

El programa de Virginia Occidental para empleados públicos se limitaba a poco más de 1,000 personas, pero en su punto álgido —pese a los descuentos de los fabricantes— costaba alrededor de 1.3 millones de dólares al mes, según Brian Cunningham, director de la agencia. Cunningham dijo que si se ampliara como estaba previsto para incluir a 10,000 personas, podría costar 150 millones de dólares al año, más del 40 por ciento de su gasto actual en medicamentos con receta, lo que provocaría fuertes subidas de las primas.

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“He pasado la noche en vela prácticamente desde que tomé la decisión”, dijo. “Pero tengo una responsabilidad fiduciaria, y esa es mi responsabilidad número 1”.

Para Bailey, sin embargo, y para otros médicos especialistas en obesidad del estado, la decisión fue desquiciante. Dijo que demostraba una falta de entendimiento de que la obesidad está clasificada médicamente como una “enfermedad compleja”, en la misma categoría que la depresión y la diabetes.

Laura Davisson, directora del programa de control de peso del Sistema de Salud de la Universidad de Virginia Occidental, descubrió que, en su clínica, los pacientes que tomaban medicamentos contra la obesidad perdían un 15 por ciento más de peso que los que únicamente hacían dieta y ejercicio. Los legisladores locales tienen jurisdicción sobre la cobertura de medicamentos en programas estatales como Medicaid y, en los últimos meses, Davisson ha presionado para que se mantenga el programa piloto de la agencia de seguros de los empleados públicos y aumente la cobertura de los fármacos para perder peso, pero no ha logrado grandes avances. Hasta ahora, el tema no ha tenido eco político: los principales funcionarios electos del Estado han permanecido en silencio.

“Prácticamente todos son iguales”, afirmó. “Dicen: ‘Me encantaría tratar la obesidad. Me encantaría ayudar a la gente. Pero es demasiado caro’. Pero el cáncer no se puede dejar de tratar porque es demasiado caro. ¿Por qué no se puede hacer lo mismo con la obesidad?”.

Christina Morgan, profesora de ciencias políticas de la Universidad de Virginia Occidental, empezó a tomar Zepbound en diciembre como parte del programa piloto estatal de fármacos contra la obesidad. En marzo había perdido 10 kilogramos. Su presión arterial se redujo, al igual que su nivel de azúcar en sangre. Cuando se enteró de la cancelación del programa, se desanimó.

“Seré sincera”, dijo. “No puedo pagarlo de mi bolsillo. Simplemente no es factible”.

Su médico le advirtió sobre la posibilidad de recuperar peso y sondeó sus opciones antes de que finalice la cobertura de sus medicamentos, en julio. Eran escasas. “Me dijo: ‘Mira, no quiero que seas diabética, pero si lo eres, podrías ser candidata a este medicamento’”, contó Morgan. “Es alucinante. Prefieren que te enfermes más a que tomes este medicamento”.

Cunningham dijo que también le preocupaban los posibles efectos secundarios a largo plazo que aún se desconocen de los fármacos, y señaló que Virginia Occidental tenía buenas razones para no confiar en las grandes empresas farmacéuticas. El estado estaba en el centro de la epidemia nacional de opiáceos, con la mayor tasa de sobredosis de opiáceos y de analgésicos recetados de Estados Unidos. Todo eso empezó a mediados de los noventa, cuando Purdue Pharma comercializó OxyContin en zonas con altos índices de discapacidad con el fin de atender una silenciosa “epidemia del dolor”.

“Los fabricantes de medicamentos han urdido un cuento, y han sido muy eficaces al momento de crear una coalición de organizaciones bienhechoras y sin fines de lucro, y de presionar a los médicos para que receten esto”, dijo Cunningham, refiriéndose a los medicamentos contra la obesidad.

Mollie Cecil, médica especialista en obesidad del condado de Lewis, en Virginia Occidental, reconoció ese escepticismo y dijo que sus pacientes a veces expresaban su propia desconfianza hacia las grandes empresas farmacéuticas. Pero sostuvo que fármacos como Ozempic y Wegovy eran categóricamente diferentes de los opiáceos de venta con receta como OxyContin, pues llevan casi dos décadas en el mercado, son muy eficaces y no crean adicción. Y añadió: “La obesidad no es una epidemia silenciosa. Es una epidemia muy real”.

También agregó: “Así que me preguntaría si alguien tiene un problema con los medicamentos contra la obesidad de una manera que no tienen con otros estados de enfermedad. ¿Por qué dudan de las mejores prácticas y directrices sobre obesidad debido a la implicación de la industria, pero no cuestionan otras áreas de la medicina con la misma implicación?”.

Según Cecil, especialmente en Virginia Occidental —donde los alimentos sanos pueden ser caros y difíciles de conseguir y los hábitos alimentarios se transmiten de generación en generación, lo que a menudo conlleva un mayor riesgo de obesidad, diabetes, enfermedad del hígado graso e infartos— hay una necesidad acuciante de estos medicamentos.

“Se trata de tratamientos muy eficaces que pueden cambiar la vida de la gente”, comentó. “Pero casi es como si no se hubieran creado”. c.2024 The New York Times Company.

Por Oliver Whang, The New York Times.