Evade el equipo de Trump las conversaciones sobre las deportaciones masivas, según funcionarios de países latinoamericanos

NUEVA YORK- Según los analistas, es posible que el gobierno entrante quiera limitar la confrontación antes de firmar una serie de decretos en materia de inmigración que harían que los gobiernos de la región tuvieran que reaccionar.

Donald Trump ha prometido realizar la mayor operación de deportación de la historia de Estados Unidos, en cuanto asuma el cargo.

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Pero el gobierno mexicano y otros aliados regionales no han podido reunirse con el gobierno entrante de Trump, según funcionarios de América Latina, lo que les ha dejado sin conocimiento sobre los planes del presidente electo para deportar a millones de inmigrantes ilegales.

El próximo gobierno de Estados Unidos rechazó las peticiones de México de celebrar una reunión formal, insistiendo en que las conversaciones detalladas solo comenzarán después de que Trump preste juramento el próximo lunes, según un funcionario mexicano y dos personas familiarizadas con los intercambios que no estaban autorizadas para hablar públicamente.

Los gobiernos de Guatemala y Honduras recibieron mensajes similares, según funcionarios de esos países.

“Esta no es la manera en que suelen hacerse las cosas”, dijo Eric L. Olson, miembro del programa de América Latina y del Instituto de México del Wilson Center. “Normalmente ya hay contactos más informales y cierto nivel de discusión”.

Según los analistas, es posible que el gobierno entrante quiera limitar la confrontación antes de aumentar la presión firmando una serie de decretos en materia de inmigración, con lo que los gobiernos de la región se verían obligados a reaccionar. Eso reforzaría probablemente la posición de Washington en las próximas negociaciones.

“Por el momento, no podemos hablar de medidas concretas porque no hemos tenido ninguna conversación específica sobre políticas de inmigración con las autoridades entrantes”, dijo Santiago Palomo, portavoz del presidente de Guatemala, en una entrevista sobre cómo se prepara su país para responder a los planes de deportación masiva de Trump.

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El embajador de Guatemala en Estados Unidos estuvo en contacto con el equipo de transición de Trump, dijeron las autoridades, pero los miembros del gobierno entrante no habían comunicado planes específicos sobre un aumento de las deportaciones ni sobre cómo debía prepararse Guatemala.

Funcionarios del gobierno hondureño también dijeron que aún no habían tenido contactos significativos con el gobierno de Trump. A principios de este mes, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, amenazó con expulsar al ejército estadounidense de una base que construyó hace décadas en el país centroamericano si Trump realizaba deportaciones masivas.

Debido a la marcada orientación de Trump hacia América Latina, la falta de claridad sobre sus objetivos ha puesto nerviosos a los gobiernos regionales.

El gobierno entrante ha dicho que quiere restablecer la política “Quédate en México” aplicada durante el primer mandato de Trump, que obliga a algunos migrantes a esperar en México en lugar de estar en Estados Unidos mientras sus casos de asilo se están procesando. Trump también ha dicho que pretende declarar una emergencia nacional y utilizar al ejército estadounidense de alguna manera para ayudarlo en sus planes de deportaciones masivas de millones de inmigrantes indocumentados.

“El presidente Trump recurrirá a todos los poderes federales y se coordinará con las autoridades estatales para iniciar la mayor operación de deportación de delincuentes ilegales, narcotraficantes y traficantes de seres humanos de la historia de Estados Unidos”, escribió Karoline Leavitt, portavoz del equipo de transición de Trump, en un correo electrónico enviado a The New York Times. No respondió a preguntas sobre si el gobierno entrante ha rechazado las peticiones de reuniones de México y otros países.

La nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha dicho que su gobierno no aprueba el programa de deportación masiva. “Por supuesto, no estamos de acuerdo”, dijo en una conferencia de prensa el miércoles. “Pero, en caso de una decisión así, por parte del gobierno de Estados Unidos, nosotros estamos preparados”.

Pero siempre que se le ha preguntado cómo responderá el país, sus respuestas han sido evasivas, aunque recientemente señaló su disposición a aceptar algunos deportados no mexicanos.

“Vamos a solicitar a Estados Unidos que, en la medida de lo posible, los migrantes que no son de México puedan llevarlos a sus países de origen; y si no, nosotros podemos colaborar a través de distintos mecanismos”, declaró a la prensa a principios de este mes.

Algunos analistas dijeron que es posible que el equipo de Trump esté limitando sus reuniones con gobiernos latinoamericanos porque le preocupa violar la Ley Logan. Esa ley obliga a los gobiernos entrantes a limitar el alcance de sus negociaciones con gobiernos extranjeros hasta que tomen posesión, para no perjudicar a los presidentes estadounidenses en ejercicio.

Pero, en ocasiones anteriores, los gobiernos entrantes se han reunido con gobiernos extranjeros para discutir cautelosamente sus objetivos políticos, sin violar la ley.

En cualquier caso, la ley ha hecho poco para frenar el apetito de Trump por reunirse con sus futuros homólogos. Desde su elección en noviembre, Trump se ha reunido con los dirigentes de Italia, Canadá y Argentina en su hotel de Mar-a-Lago.

A pesar de la falta de contacto, Trump ha recalcado sus objetivos de política exterior mediante discursos y en las redes sociales, lo que ha hecho que el gobierno de México, y los de otros países y regiones, tengan una idea de las posibles políticas estadounidenses en ciernes.

“Trump ha señalado públicamente que la migración es una prioridad máxima, al igual que los aranceles”, dijo Olson.

Poco después de su victoria electoral, Trump amenazó con imponer aranceles del 25 por ciento a México si no hacía más para frenar la migración y el flujo de drogas.

“Pero no hay mecanismos claros para el gobierno de Trump sobre cómo entablar un diálogo y negociar. Eso se resolverá pronto” cuando asuma el cargo, añadió Olson.

Es probable que el gobierno estadounidense entrante intente que los países latinoamericanos accedan a aceptar a solicitantes de asilo de otros países que buscan refugio en Estados Unidos, lo que se conoce como “acuerdos con terceros países seguros”. El primer gobierno de Trump logró que Guatemala, Honduras y El Salvador firmaran esos pactos, aunque la política solo se aplicó en Guatemala.

Es posible que esta vez sea más difícil forjar esos acuerdos. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, declaró esta semana a The Associated Press: “Nosotros no somos un tercer país seguro, nadie nos ha propuesto”.

Su ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Ramírez Martínez, dijo en una entrevista que esperaba que su gobierno sufriera presiones. “Yo no dudo que eso va a venir”, dijo.

Funcionarios de El Salvador han dicho que trabajarán con el gobierno de Trump para proteger la situación de los salvadoreños en Estados Unidos. “Estamos trabajando para que la migración sea una opción y no una obligación”, dijo Cindy Portal, alta funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, en una entrevista televisada el miércoles.

A falta de claridad por parte del equipo de transición, algunos líderes latinoamericanos están diseñando una respuesta unida en previsión de cualquier orden ejecutiva relacionada con la inmigración o las deportaciones que se emita una vez que Trump asuma el cargo.

Representantes de varios gobiernos regionales se reunieron esta semana en Ciudad de México para debatir las “oportunidades y desafíos de la migración en la región y el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación y cooperación”, según un comunicado del gobierno guatemalteco sobre la reunión.

La agenda, aunque con un fuerte componente migratorio, no mencionaba a Trump.

Jody García colaboró con reportería desde Ciudad de Guatemala; Joan Suazo, desde Tegucigalpa (Honduras); y Gabriel Labrador, desde San Salvador (El Salvador). James Wagner, Paulina Villegas, Emiliano Rodríguez Mega y Simon Romero colaboraron desde Ciudad de México; Mary Triny Zea desde Ciudad de Panamá; Julie Turkewitz desde Bogotá, Colombia; Hogla Enecia Pérez desde Santo Domingo, República Dominicana; Ed Augustin desde La Habana, Cuba; y Lucía Cholakian Herrera desde Buenos Aires, Argentina. c. 2025 The New York Times Company.

Por Maria Abi-Habib y Annie Correal, The New York Times.