Represión de Nicaragua en contra de la Iglesia católica, siembra el miedo entre los fieles, en el país y en el exilio

NICARAGUA- El temor a la actual represión por parte del presidente Daniel Ortega (contra la Iglesia católica en particular, pero sin perdonar a los evangélicos) se ha vuelto tan generalizado que está silenciando las críticas al gobierno autoritario e incluso las menciones a la represión desde el púlpito.

“Cada vez el silencio se hace más profundo”, dijo Martha Patricia Molina, una abogada nicaragüense que huyó a Estados Unidos. Su trabajo, que registra cientos de casos de persecución eclesiástica, le valió recientemente un Premio Internacional a la Libertad Religiosa del Departamento de Estado de Estados Unidos.

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“Muchos sacerdotes creen que si hacen denuncias habrá más represalias contra las comunidades. A nosotros como laicos nos gustaría que hablaran, pero las únicas alternativas son el cementerio, la prisión o el exilio”.

Contó 30 profanaciones de iglesias en el último año, de las cuales solo unas pocas fueron denunciadas a las autoridades. Recientemente, escuchó sobre un sacerdote que acudió a la policía después de un robo en su iglesia, solo para recibir insultos y decirle que era sospechoso.

“La vida en Nicaragua es un infierno, porque la vigilancia es brutal. No se puede decir nada que vaya en contra del gobierno”, dijo un sacerdote exiliado. Al igual que él, la mayoría de los exiliados entrevistados para este artículo hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato por temor a represalias contra sus familias o comunidades en Nicaragua.

“La gente ahora mantiene la cabeza gacha y se pregunta: ‘Si les hacen esto a los sacerdotes, ¿qué harán con nosotros?’”, añadió el clérigo. Se le prohibió regresar a Nicaragua, donde él, como muchos sacerdotes y monjas, provocó la ira del gobierno por brindar refugio y primeros auxilios a los heridos cuando el gobierno de Ortega reprimió violentamente protestas cívicas masivas en 2018.

Los disturbios entonces, que comenzaron contra los recortes propuestos a la seguridad social, se ampliaron para exigir elecciones anticipadas y acusar a Ortega de medidas autoritarias después de que cientos de manifestantes fueran asesinados por las fuerzas de seguridad y grupos civiles aliados.

Al igual que varios gobiernos latinoamericanos que tienen sus raíces en revoluciones socialistas, el de Nicaragua ha tenido una relación desigual con los líderes religiosos durante décadas. Pero esas protestas desencadenaron una escalada y un ataque sistemático a la iglesia, en lo que la Comisión sobre Libertad Religiosa Internacional del gobierno de Estados Unidos llama una “campaña de acoso y persecución severa”.

Ortega y su esposa, Rosario Murillo, quien también es vicepresidenta, culpan al clero “terrorista” de apoyar los disturbios civiles que, según afirman, equivalen a planear un golpe de estado en su contra. El clero y los observadores laicos dicen que el gobierno está tratando de sofocar a la Iglesia porque sigue siendo el raro crítico en Nicaragua que se atreve a oponerse a la violencia estatal y cuya voz es respetada por muchos ciudadanos.

El “exilio sin precedentes de voces críticas”, desde líderes religiosos hasta periodistas y artistas, en Nicaragua equivale a un “plan de censura total”, dijo Alicia Quiñones, quien dirige la organización de libertad de expresión PEN Internacional en las Américas.

Se ha vuelto casi imposible hacer reportajes independientes en Nicaragua, añadió, citando el encarcelamiento el año pasado de un periodista acusado de “información falsa” después de que cubriera una celebración de Pascua cuando las fiestas católicas públicas estaban prohibidas en gran medida.

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“La presión se está volviendo insoportable”, dijo un sacerdote que ahora se encuentra en los Estados Unidos. Al igual que otros, dice que los asistentes a misa han comenzado a notar que hay gente en los bancos que nunca antes habían visto y temen que estén allí para informar sobre cualquier indicio de oposición al gobierno, aunque solo sea una oración por la seguridad del clero encarcelado en condiciones peligrosas.

En un país donde más del 80% de la población es cristiana, alrededor del 50% católica y más del 30% evangélica, según la comisión de libertad religiosa de Estados Unidos, la represión es profunda tanto espiritual como materialmente.

En noviembre, Molina dijo que a muchos sacerdotes incluso se les impidió celebrar misas tradicionales en los cementerios por el Día de los Muertos, un feriado importante en toda América Latina.

El Congreso de Nicaragua, dominado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional de Ortega, ha cerrado más de 3,000 organizaciones no gubernamentales, incluida la organización benéfica de la Madre Teresa, creando una brecha importante en los servicios sociales, especialmente en las zonas rurales. Además de muchos bienes diocesanos, el gobierno confiscó la prestigiosa Universidad de Centroamérica, cuyos líderes jesuitas habían abierto las puertas a los estudiantes que protestaban de que huían de los ataques policiales y paramilitares.

A pesar del miedo creciente, muchos fieles siguen asistiendo a los servicios religiosos, donde siguen estando disponibles. Especialmente en las zonas rurales, las parroquias y capillas se quedan sin sacerdotes, aunque los seminarios todavía tienen estudiantes, por lo que algunos fieles esperan que eventualmente puedan reemplazar a los exiliados o obligados a huir.

Muchos de los principales líderes de la Iglesia católica, incluido el obispo Rolando Álvarez, que estuvo encarcelado durante más de un año, fueron liberados de prisión y enviados al extranjero para negociar con el Vaticano el mes pasado. Una docena de sacerdotes encarcelados también fueron enviados al Vaticano en octubre.

La Santa Sede ha ofrecido pocos comentarios públicos sobre la situación, aparte de llamar al diálogo. El portavoz del Vaticano no respondió cuando la AP le preguntó si el clérigo de más alto rango de Nicaragua, el cardenal Leopoldo Brenes, se encuentra en Roma, como informaron algunas fuentes nicaragüenses.

El obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, ha sido uno de los críticos más abiertos de la represión en Nicaragua desde el área de Miami, donde reside después de que el Papa le pidió que abandonara su país para evitar amenazas violentas. A finales de enero, escribió en X, antes conocido como Twitter, que estaba en el Vaticano para reunirse con el Papa Francisco, quien había “mostrado su interés y amor por Nicaragua”.

Muchos exiliados argumentan que, si bien negociar la liberación de sacerdotes y otros presos políticos marca un progreso, enviarlos al exilio no puede convertirse en una práctica aceptable.

“El exilio no se puede normalizar”, dijo Dolly Mora, quien se vio obligada a huir a Estados Unidos, donde está ayudando a hacer campaña contra la práctica junto con otros activistas nicaragüenses. “Es tan injusto como la prisión. La comunidad internacional no puede decir que está bien que sean expulsados”.

Sin protestas más fuertes por parte del Vaticano y de los gobiernos extranjeros, muchos exiliados temen que cualquier representante de la iglesia que quede en Nicaragua se sienta intimidado y se acomode al gobierno de Ortega, que ahora solo apoya a una minoría del clero.

Así que esperan que al seguir denunciando la represión y documentando a cada sacerdote golpeado y cada tabernáculo profanado, eventualmente conduzcan a la justicia.

“La dictadura lo que quiere es eliminar por completo la fe católica, porque no han logrado que la iglesia se arrodille ante ellos”, dijo Molina. “Y no lo conseguirán”.

Por Giovanna Dell’orto, The Associated Press.