Luis Echeverría se fue impune; exigencia de justicia continúa: víctimas de la guerra sucia
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Lo definieron como “uno de los principales perpetradores del genocidio del 2 de octubre de 1968, del crimen de Estado del 10 de junio de 1971, de la política terrorista instaurada con la Brigada Blanca, ejecutora de la guerra sucia”,
Ciudad de México. La muerte del ex presidente Luis Echeverría Álvarez no borró el gesto de indignación de muchos rostros. No hizo que las víctimas de sus abusos bajaran el puño o dejaran de exigir justicia.
Su fallecimiento, a los 100 años de edad, no hizo que se apagara la exigencia de que sea juzgado y recordado como un “genocida”.
Ayer, varias horas después de que se diera a conocer la muerte de quien es mencionado como uno de los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad en el país, el Comité 68 convocó a una manifestación frente a la Puerta Mariana de Palacio Nacional para dejar clara su posición al respecto.
Luego de cambiar la sede de la protesta en un par de ocasiones, los organizadores llegaron frente a Palacio en medio de consignas como “2 de octubre no se olvida. Es de lucha combativa”, “Ni perdón ni olvido. Castigo a los asesinos” o “Echeverría, asesino, la impunidad no es tu destino”.
Ahí, frente a varios reporteros y camarógrafos, dieron lectura al comunicado del Comité 68 sobre la muerte del ex mandatario, a quien definieron como “uno de los principales perpetradores del genocidio del 2 de octubre de 1968, del crimen de Estado del 10 de junio de 1971, de la política terrorista instaurada con la Brigada Blanca, ejecutora de la guerra sucia”, bajo la cual fueron asesinadas o desaparecidas miles de personas.
Acompañados de integrantes de organizaciones estudiantiles, sindicales y populares, los manifestantes recalcaron: “Pese a la política represiva y la impunidad sostenida hasta el presente, logramos que se abriera un proceso penal contra Echeverría y otros responsables en la Suprema Corte de Justicia, que reconoció la comisión del delito de genocidio.
“Pasó más de dos años en prisión domiciliaria, murió como imputado por el delito de genocidio. Es decir, nunca fue exonerado. Se le dejó en libertad bajo las reservas de la ley y amparado desde 2009 por la inacción y argumentos leguleyos de la PGR, ahora Fiscalía General de la República”.
Con información de La Jornada
