Llama ONU-DH a desaparecer la prisión preventiva oficiosa

CDMX.- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) consideró que la prisión preventiva oficiosa debería ser eliminada por transgredir los derechos humanos.

El último día del 2024 la presidenta Claudia Sheinbaum envió para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto mediante los cuales se reforma el artículo 19 de la Constitución, en materia de prisión preventiva oficiosa.

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La modificación indica que al modificar el párrafo segundo del artículo 19, el Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva “cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos y de la comunidad”.

La medida podrá requerirse “cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso”.

A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter) la oficina señaló que: “ante la publicación en el #DOF de la reforma sobre Prisión Preventiva Oficiosa #PPO, reafirmamos que esta figura contraviene #DerechosHumanos. La #PPO, lejos de expandirse y endurecerse, debería eliminarse. Según mecanismos internacionales, es una #DetenciónArbitraria”.

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, declaró que “nunca pensamos que sea la respuesta en este tipo de circunstancias. Esto ha sido una preocupación no sólo en México (...). Necesitamos casi lo contrario, debemos alejarnos de las políticas de encarcelamiento”.

Fue en noviembre pasado cuando la ONU afirmó que esta iniciativa que aprobó el Congreso de la Unión es regresiva y perjudicial, además de que transgrede las recomendaciones internacionales.

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“La reforma aprobada es perjudicial y regresiva. Detener de forma automática a las personas viola los derechos humanos, además de que desincentiva las capacidades para investigar delitos e incumple sentencias y recomendaciones internacionales”, señaló el comisionado.

“Hacer que la detención sea automática y se mantenga durante todo el proceso anticipa indebidamente un castigo y constituye una detención arbitraria que expone a todas las personas, especialmente a las más pobres”, puntualizó.