Desvía Federación 3 mil mdp con firmas fantasma en sólo dos años

CDMX.- Las carcajadas de este hombre contagian a cualquiera. No puede creer que Francisco, su vecino, sea dueño de una empresa que ganó contratos millonarios con el Gobierno federal. “Solo hace chambitas de plomería, mire su casa”, dice mientras señala la vivienda que se mantiene en pie en una ranchería y calles sin nombre, en Villahermosa, Tabasco.

Francisco no está en casa, barre un salón de clases. Apenas rebasa los 40 años, confirma que es el dueño de una empresa millonaria, o al menos en el papel, porque en realidad sólo tiene el empleo que acaba de conseguir como conserje en una primaria.

Dice que nunca recibió los 500 millones de pesos (mdp), que “su empresa” ganó en contratos firmados en poco más de dos años. “Si hubiera tenido todo eso no estaría aquí”. Pero acepta que firmó unos papeles. “Unos contadores solicitaron mi apoyo, pero (la empresa) era de ellos, y lo de nosotros era prestación de servicio”.

La empresa que Francisco ayudó a crear es una de las 186 compañías que recibieron 7 mil 670 mdp del Gobierno federal, gracias a contratos que violan la Ley General de Adquisiciones, y que se reportaron en las Cuentas Públicas de 2013 y 2014.

Pero el fraude no quedó solo en esa violación a la ley. Más de 3 mil 433 mdp terminaron en empresas fantasma. El desvío de recursos lo hicieron 11 dependencias como Sedesol o Pemex, y contó con ocho cómplices: universidades públicas que cumplieron el papel de intermediarias y se quedaron con una comisión de mil mdp por jugar este rol.

En Pemex los convenios se firmaron desde 2011, cuando era director Juan José Suárez y Felipe Calderón era Presidente, y continuaron en la gestión de Emilio Lozoya.

El mismo procedimiento se emplea desde 2010. Los datos recabados con solicitudes de información indican que, desde ese año, cuando Felipe Calderón era Presidente y hasta la fecha, el Gobierno federal había firmado 2 mil 61 convenios que involucran 31 mil 668 mdp.

Eludir la ley

El esquema siempre es igual: Para eludir la Ley de Adquisiciones —que los obligaría a hacer licitaciones y poner a diferentes empresas a competir—, las dependencias firmaron convenios con universidades públicas. Le ley permite hacerlo pero solo si las universidades realizan al menos el 51% del servicio contratado.

Pero éste no fue el caso. Las universidades subcontrataron a terceros la totalidad de esos servicios en la mayoría de los convenios firmados: distribuir despensas entre los más pobres, supervisar la perforación de pozos de Pemex, organizar eventos o detectar a personas de 15 años o más que no supieran leer y escribir. En ningún caso hubo universidad que cumpliera con el requisito del 51%.

Las universidades subcontrataron a 186 empresas y cobraron por esta intermediación una comisión de entre el 10 y el 15% del total del convenio.

Esta triangulación viola la ley, pero además, de las empresas elegidas, 128 presentan lagunas legales que les habrían impedido obtener contratos públicos y la mayoría ni siquiera hizo el servicio contratado.

¿Quién seleccionó a las empresas? Nadie respondió. Sin embargo, personal de las universidades —que hablaron desde el anonimato— dicen que los funcionarios las “sugirieron”, mientras algunos funcionarios afirman que fueron las instituciones educativas.

Más allá de quién seleccionó, la comisión que cobró cada universidad implicó por sí mismo un sobreprecio de los servicios contratados, porque recibieron pagos por mil mdp por no hacer nada, más que validar la triangulación de recursos.

Desfile de empresas fantasma

De las 186 las empresas seleccionadas en estos convenios, 128 presentan irregularidades, de acuerdo con las propias autoridades consultadas y a la visita que Animal Político y MCCI hicieron a sus oficinas: el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por ejemplo, entre 2014 y 2015 declaró “fantasma” a 11 e investiga a nueve más por la misma razón; 28 no tienen dirección; 12 fueron desmanteladas apenas recibieron los contratos.

 Ocho no están en las direcciones que declararon; 44 no cuentan con registro ante la Secretaría de Economía, requisito indispensable para operar; seis se dedican a temas que no tienen relación con los servicios para los que recibieron contrato y 10 más no fueron localizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuando las buscó para revisar su legalidad. Es decir, ninguna de estas 128 debieron recibir contratos públicos, según lo que establece la ley.

Hay ocho firmas que, por ejemplo, nunca estuvieron en los domicilios registrados y en su lugar hay casas particulares ubicadas en la periferia de Nezahualcóyotl y Ecatepec en el Edomex o Tláhuac, en la capital del País; 12 más que, pese a recibir contratos millonarios, fueron desmanteladas; nueve operan en despachos contables que aparentan ser legales, pero no tienen empleados ni infraestructura para operar o realizar servicios. Las casas de los accionistas están en colonias populares.

Un ejemplo de la operación

Tener una casa propia es la meta de cualquier trabajador y nadie podría criticar que un organismo como el Fondo de Vivienda del Issste simplifique procesos burocráticos para obtener un crédito.
La Universidad Autónoma del Estado de México recibió 223 millones 87 mil pesos del Fovissste
 por cinco convenios para “rediseñar” o simplificar los procesos de atención a derechohabientes.
Pero la universidad no tenía capacidad para dar el servicio, así que contrató a Interamericana de Negocios y Comercio, S. A. de C. V., que en realidad se dedica —según su acta constitutiva— a la venta de zapatos. A esta empresa le dio 15 millones 389 mil pesos.
También contrató a otras tres empresas —Icalma Servicios y Consultoría, S. A. de C. V., Consolidación de Servicios y sistemas Administrativos, S. A. de C. V.— investigadas desde octubre pasado por el SAT por hacer operaciones irregulares; y a tres más que no están registradas ante la Secretaría de Economía.

El Issste dijo que los servicios sí se realizaron y que “el Fondo de Vivienda recibió en tiempo y forma todos los entregables derivados de la contratación”.

“Fue la propia Universidad quien declaró expresamente que estaba en condiciones y capacidad de realizar las acciones contratadas”. Y añadió: “no es competencia del contratante (Fovissste) ser auditor del proceso de la prestación de servicios del proveedor (UAEM)”.

Sin embargo, en la revisión de la Cuenta Pública 2013, la ASF encontró lo contrario y concluyó que no hay prueba de que la universidad o las empresas hayan dado los servicios contratados. La ASF explicó que los únicos comprobantes son documentos que “carecen de nombre y firma del personal que elaboró, verificó y aceptó los servicios”, por lo que se realizaron pagos injustificados para servicios que no se realizaron.

También analfabetas

El fraude también involucró apoyos destinados a 4 millones de analfabetas del País. El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) firmó un convenio en 2014 con la Universidad Autónoma del Estado de México por 97 mdp. La contrató para desarrollar una metodología que permitiera la “ubicación de personas de 15 años o más que no supieran leer y escribir”.

De nuevo, la Universidad se declaró incapaz de hacer la totalidad del servicio y subcontrató a 
Estrategia Solutions, S. A. de C. V., que ganó 9 mdp. Además de no estar registrada ante la Secretaría de Economía, en la visita a su domicilio fiscal en Sevilla 30, colonia Juárez, en la CDMX, trabajadores del edificio confirmaron que la empresa no opera ahí, pero cada determinado tiempo acude una persona a recoger correspondencia.

Del resto del dinero —87 mdp— no se sabe nada. Animal Político y MCCI solicitaron, vía transparencia pruebas de que el servicio se realizó, pero el INEA respondió que los únicos datos disponibles están respaldados en discos compactos con un “formato inactivo” de lectura, por lo que ya no es posible tener acceso a la información.

Los fraudes documentados por Animal Político y MCCI no siempre son iguales. Los casos más simples se resumen en dos pasos: una dependencia del Gobierno federal le da dinero a una universidad pública y ésta lo transfiere a una empresa fantasma.

Pero hay casos donde el esquema involucra hasta 12 empresas en un mismo contrato. Una o dos empresas realizan el servicio y el resto cobra por no hacer nada. Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad

La investigación
 

CDMX.- Una investigación de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)  concentró en 73 convenios incluidos en las Cuentas Públicas de 2013 y 2014 de 11 dependencias públicas y revió si las 186 empresas contratadas existían o estaban legalmente constituidas o si cumplían con los mínimos requerimientos para dar los servicios contratados.

En su momento la Auditoría Superior de la Federación reportó que esos contratos eran ilegales. La investigación de seis meses se abocó a dar con los domicilios de cada una de las empresas contratadas, cuestionar a socios de las mismas, revisar documentación que las acredita legalmente y confirmar si habían prestado los servicios contratados.

Seis meses 
bajo la lupa

Dependencias: 

Las escogidas por el Gobierno federal
Sedesol,  con Rosario Robles Berlanga. 
Banobras, tenía a Alfredo del Mazo Maza —gobernador elector del Estado de México— al frente.
La SEP en la época de Emilio Chuayffet 
Fovissste, con José Reyes Baeza Terrazas.
Secretaría de Agricultura, cuyo titular era Enrique Martínez y Martínez.
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, con Alfredo Llorente Martínez. 
Registro Agrario Nacional, con Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez. 
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes con Gerardo Ruiz Esparza como secretario. 
La Secretaría de Economía, con Ildefonso Guajardo.

Universidades: 

Utilizadas para realizar el fraude
Universidad Autónoma del Estado de México y su Fondo de Fomento y Desarrollo de la 
Investigación Científica y Tecnológica (Fondict). 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
Universidad Autónoma del Carmen (Campeche).

Las tabasqueñas Popular de la Chontalpa, Universidad Juárez Autónoma, Politécnica del Golfo de México, Instituto Superior de Comalcalco y Tecnológica de ese estado.

El equipo de investigación hizo 350 solicitudes de información a las dependencias y universidades sobre convenios y contratos que realizaron entre ellas y con las supuestas empresas. 

Las respuestas sobre los comprobantes de servicios fueron de dos tipos: que “no existe evidencia” del servicio contratado; o documentos que dicen “sí se dieron los servicios”, pero sin ningún elemento que lo pruebe.

El rastreo de cada una de las 186 empresas incluyó, además, la revisión en el Registro Público de Comercio, Compranet, el Registro Único de Proveedores del Gobierno, el Sistema Empresarial Mexicano, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el directorio de Proveedores y contratistas sancionados y en los Portales de Transparencia de las dependencias.

También la relación de empresas fantasmas del SAT, donde se enlista a empresas falsas, que no reportan ingresos o que no cuentan con empleados, pero que aun así fueron contratadas por las dependencias. Y finalmente, en todos los casos, la Secretaría de Economía proporcionó un informe, donde se consigna nombres de empresas que ni siquiera tienen registro legal. Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad